Carles Puigdemont llegó al poder no hace ni 18 meses con un discurso de investidura que, además de reafirmar el plan independentista, recogía como gran prioridad la necesidad de que Cataluña fuera “un país más transparente, ejemplo de buenas prácticas públicas y democráticas, más participativo y moderno”. El compromiso del presidente con el proceso independentista queda fuera de cualquier duda un año y medio después, tanto que Puigdemont ha supeditado a este objetivo superior cualquier otro compromiso adquirido con los ciudadanos, comenzando por el de las buenas prácticas. El rodillo parlamentario visto ayer en el Parlament para quitarse de encima el caso Vidal y borrar así cualquier nubarrón sobre el procés, retrotrae a los años más grises del pujolismo, cuando las comisiones de investigación brillaban por su ausencia, simplemente porque a la mayoría gobernante no le daba la gana verse fiscalizada.
Cerrar sin debate ni comparecencias ni conclusiones una comisión de investigación como la que afecta al exjuez Vidal lanza el mensaje de que todo vale si es para salvar la carrera hacia la independencia. Si no dan marcha atrás será responsabilidad de los partidos independentistas —también de la CUP— explicar qué tipo de nuevo país quieren construir si lo primero que tiran por la borda para aligerar la nave es la transparencia.