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Un asentamiento en San Blas lleno de basura crece junto a las viviendas

Los habitantes de las chabolas viven rodeados de chatarra y papeles que venden para sobrevivir

El vertedero ilegal de la calle de Miguel Yuste, el pasado viernes.
El vertedero ilegal de la calle de Miguel Yuste, el pasado viernes.Luis Sevillano

Suelo disponible, reza un enorme cartel en la entrada de un solar de la calle de Miguel de Yuste. Sin embargo, aquí vive una docena de rumanos, algunos desde abril de 2016. En Madrid, 1.346 personas habitan en alguno de los 135 asentamientos ilegales que contabilizó el Ayuntamiento en marzo del año pasado. En este del distrito de San Blas, sus inquilinos sobreviven gracias a la venta de papel y chatarra. La recogen en carros del supermercado durante el día. Luego la seleccionan para venderla. El modelo se reproduce en otros lugares de la ciudad. El Consistorio señala que, si no lo denuncian los propietarios, no puede actuar.

Los vecinos se quejan de que, por la noche, encienden hogueras en las que queman cables para obtener cobre. Lionil Radulescu, uno de sus habitantes, lo niega en un castellano poco comprensible: “Encendemos fuego para cocinar”. Siempre lo hacen al caer la tarde, cuando ha desaparecido la luz solar. Una columna de humo emerge por encima del terreno alambrado y llega hasta los edificios colindantes. Unas chapas impiden ver su interior, pero el desagradable olor toma la barriada.

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El solar de la chatarra

En este espacio yermo de 1.789 metros cuadrados se erigen diez chabolas. El solar pertenece al Sareb (la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), según consta en el Registro de la Propiedad. En la primera mitad del terreno se amontonan sacas de papel, bañeras, hierros y todo tipo de electrodomésticos. Los carritos del supermercado cargados con chatarra se apilan en la entrada. “No robamos nada, todo lo encontramos en la basura”, afirma Geoní, de 18 años.

El corpulento joven fue de los primeros en llegar a este lugar. Lo hizo en abril del año pasado junto a sus padres, aunque explica que se ha ausentado en varios periodos para visitar su ciudad natal, Teleorman, a 90 kilómetros de Bucarest, la capital de Rumania. Al principio, en el solar demolido en 2007, levantaron seis chabolas. El asentamiento ha ido creciendo paulatinamente y, en algunas fases, los inquilinos han superaron la veintena. Ahora son menos porque con el dinero que ganan visitan las casas que tienen en su país. Cuando regresen, volverán a vivir en las mismas condiciones de insalubridad, sin electricidad ni agua.

Seleccionar la chatarra

La basura invade los primeros metros del terreno. Varias mujeres con pañuelos en la cabeza se afanan en su tarea. Seleccionan con cuidado todo lo que recogen en este hogar que han improvisado a apenas siete kilómetros de la Puerta del Sol. Papeles y cartones por un lado; chatarra por otro y utensilios variados por el de más allá. Es el paso previo a vender la mercancía. Pura supervivencia.

Hasta no hace mucho, en esa labor de liquidar su particular género les ayudaba Cosmin, un rumano que llegó a España hace nueve años. Utilizaba su pequeño camión, un Nissan modelo Ebro de color blanco. Pero Cosmin ha regresado a su país. “Ahora viene otro hombre”, relata Lionil. El papel lo llevan a una planta de reciclaje de Vicálvaro, asegura. Menos concreto es al explicar el lugar dónde terminan el resto de materiales. “A la chatarrería de ahí arriba”, resopla sin especificar. Por cada carga de camión reciben entre 50 y 100 euros. “Es poco dinero por trabajar todo el día”, se queja Lionil mientras toma un smartphone de su bolsillo con sus ennegrecidas manos.

Materiales amontonados por los inquilinos del solar de San Blas en abril de 2016.
Materiales amontonados por los inquilinos del solar de San Blas en abril de 2016.Kike Para

“El dinero es para comer y regresar a nuestro país a ayudar a nuestras familias. Allí no hay posibilidades”, recalca Silvia, una mujer joven de origen rumano que llegó con su marido, Alex, cuando se construyó el poblado. Son de etnia gitana y aseguran tener tres hijas. “Están con mi madre en Rumania”, dice Silvia.

Preocupación vecinal

Los vecinos muestran su preocupación por los electrodomésticos que amontonan sobre el solar. Un informe de Greenpeace sobre la basura electrónica asegura: “Los aparatos eléctricos y electrónicos poseen sustancias orgánicas halogenadas llamadas PVC y BFRs que son altamente tóxicas y forman parte de las carcasas plásticas, cables, monitores y placas de circuitos impresos”. El Consistorio señala que no puede actuar en el terreno, que es de propiedad privada, si no lo denuncian antes los propietarios y el juzgado les da la razón. La Sareb no se ha pronunciado, aunque los inquilinos reconocen haber recibido visitas del banco.

Varias personas cargan sacas en el camión de Cosmin, en abril de 2016.
Varias personas cargan sacas en el camión de Cosmin, en abril de 2016.Kike Para

Los residentes también temen que su salud se vea afectada por las hogueras que encienden para quemar cables y obtener cobre, extremo que este periódico no ha podido certificar. “Contienen elementos muy tóxicos, como el cloro, que, al quemarse, desprenden dioxinas y benzopireno, sustancias que aún en porciones bajísimas son cancerígenas”, explica Paco Segura, de Ecologistas en Acción.

En la segunda mitad del solar se levantan las chabolas, construidas con materiales que han encontrado en la basura. Una figura delgada sale de las infraviviendas. Es Mugur, un joven de 19 años que llegó hace solo dos semanas. Lleva un brazo vendado por un corte que le curaron en el Hospital Ramón y Cajal. La mano sigue hinchada y, aunque aún le duele, se muestra sonriente. “No es el lugar soñado, pero vengo a ganarme la vida”, traduce su hermano Lionil mientras descarga un nuevo carro lleno de chatarra.

Un pleno para terminar con el chabolismo

El problema del chabolismo en Madrid no es nuevo. Ya existía en la etapa en la que el PP gobernó la capital (desde 1991 hasta 2015). Los populares, sin embargo, atribuyeron su supuesto auge al gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) y pidieron un pleno extraordinario monográfico que se celebró el 5 de mayo.

“Conocemos los nombres (de los inquilinos), sus enfermedades, sus parentescos, hasta si tienen perro o no”, aseguró aquel día la concejal de Derechos Sociales, Marta Higueras. La edil, sin embargo, subrayó que no era fácil conocer los datos reales de las personas que vivían en asentamientos ilegales, ya que la cifra varía cada semana.

En marzo de 2011, el Consistorio hizo balance del plan de erradicación del chabolismo que lanzó Alberto Ruiz-Gallardón (PP) cuando llegó a la alcaldía en 2003. En los ocho años de vigencia de ese programa, se desmantelaron 1.970 infraviviendas, se realojaron a 4.029 personas y desaparecieron 11 poblados. Pero esas acciones no acabaron con el problema. Queda pendiente aún la solución para la Cañada Real Galiana, donde habitan 7.283 personas. Las Administraciones ya han anunciado un pacto para mejorar sus condiciones de vida.

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