La devaluación del voto catalán

Las urnas cansan, pero más cansa el voto inútil. Cansa acudir nueve veces a las urnas en seis años, como hemos hecho los catalanes, a la velocidad promedio de una convocatoria y media por año, pero más cansa cuando el ciudadano tiene la sensación de que sirve para muy poco o para nada.

Es discutible, ciertamente, el rendimiento de las convocatorias electorales. Para unos, nada más inútil que las dos astutas disoluciones parlamentarias anticipadas con las que Artur Mas buscó una mayoría independentista en el parlamento catalán, o la convocatoria a las urnas del 9N en el proceso participativo sobre la independencia declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Para otros, en cambio, el entero camino que ha conducido hasta aquí, incluidas las convocatorias electorales, el 9N y la coalición de Junts pel Sí constituye un éxito sin retroceso que deberá culminar el próximo año de nuevo con otra convocatoria a las urnas en unas elecciones anticipadas y de carácter digamos que definitivo.

Si respecto al ámbito autonómico el cansancio está dividido, no lo está en los otros dos, el municipal y el general. Las dos elecciones municipales apenas han contribuido a la sensación de fatiga e incluso ha sucedido lo contrario, en consonancia con la vitalidad y proximidad de la democracia local. Ahí es donde se han producido los mayores cambios: en 2011 la Convergència ahora extinta alcanzó por primera y última vez la alcaldía de Barcelona y en 2015 llegó Colau a la plaza de Sant Jaume, la izquierda de nuevo, aunque otra izquierda.

La tres elecciones generales celebradas desde 2010, en cambio, son las que más han contribuido al cansancio, gracias a la repetición y a la amenaza de una tercera convocatoria. Si el independentismo repite elecciones para conseguir su cambio soberanista, el conservadurismo rajoyista lo hace para evitar cualquier cambio.

Si hay un cansancio español de las urnas, hay también un cansancio específicamente catalán referido a las elecciones generales. Para los independentistas, es parte del cansancio de España y de su infatigable optimismo respecto a la posibilidad de largarse, tal como expresan de forma elocuente los diputados de Esquerra. Pero para el común de los catalanes, incluyendo a votantes independentistas, este cansancio de las urnas españolas se debe a una novedad que sigue produciendo extrañeza: votas en Cataluña y nada pasa en Madrid, como venía sucediendo a lo largo de toda la historia de nuestra democracia.

El tipo de voto con efecto más visible era el que solía obtener Convergència i Unió, que sirvió para sostener gobiernos de Felipe González y José María Aznar y asegurar políticas económicas y europeas con todos, incluso con José Luis Rodríguez Zapatero. Pero no era el único. Todas las mayorías del PSOE, sobre todo las dos absolutas de 1980 y 1986, no se explican sin el voto catalán socialista. Incluso el voto al PP aportó su cuota parte a las dos mayorías absolutas de Aznar y Rajoy. El hecho es que el voto catalán está ahora devaluado o, si se quiere, ha regresado a su valor de cambio normal después de una larga época de pujanza.

La cuestión central en esta devaluación es el suicidio de CiU, primero por el divorcio entre Convergència y Unió, luego por la desaparición de este último de la vida parlamentaria, y finalmente por la transformación de los convergentes en un doble de Esquerra Republicana aunque un puntito más burgués y conservador. El nuevo Partit Democràtic de Catalunya es independentista y republicano, e incluso ligeramente rupturista, pero sobre todo ha decidido que de Madrid solo le puede interesar la consulta sobre la independencia, so pena de verse señalado e incluso desbordado por Esquerra.

La idea de influir, modernizar e incluso gobernar en España, inscrita en el pórtico centenario del catalanismo moderado, ha quedado superada. Y, como contrapartida, la exigencia de un referéndum sobre Cataluña como exigencia previa a cualquier negociación se ha convertido en un estigma que inhabilita a los partidos independentistas para entrar en el juego de los pactos parlamentarios. No es tan solo por tabú antiseparatista, sino por el mantenimiento de los plazos perentorios para culminar el proceso, los 18 meses que vencen en 2017, considerado en Madrid como un chantaje que inhabilita al independentismo.

Ciertamente, todo es producto de la fragmentación parlamentaria española, que es a la vez catalana. El viejo catalanismo posibilista ya no existe, pero el independentismo que le ha sustituido no tiene mayoría suficiente para gobernar en Barcelona y culminar su hoja de ruta, y no sabe cómo hacer valer sus votos en la carrera de San Jerónimo: ni para hacer gobiernos en Madrid, como estábamos acostumbrados en la época de CiU, ni tan siquiera para echar a Jorge Fernández Díaz del ministerio del Interior.