El plan de Ikea en Alicante se aprobará tras las elecciones

El proyecto de instalación de Ikea en Alicante no se aprobará antes de las elecciones de mayo. La consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, descartó ayer que puedan cumplirse los plazos de esta Actuación Territorial Estratégica (ATE) que impulsa el empresario Enrique Ortiz, imputado en Brugal y procesado en Gürtel, y que está judicializada en distintas causas.

El mayor proyecto urbanístico de Alicante, y el más polémico, no lo completará el actual gobierno, que decidió convertirlo en ATE por sus supuestas beneficios sociales el pasado verano a petición de la sociedad Alicante Avanza, en la que Ortiz y Bankia superan el 80% de la propiedad.

Según Bonig, el promotor tendrá la última palabra sobre una iniciativa que contempla construir junto la tienda Ikea uno de los mayores macrocentros de Europa, la parte que más contestación levanta en la ciudad. Si existiese informes desfavorables, la Consejería lo estudiaría y de estar razonado se aprobaría. Solo así caería el ATE, si el promotor no quiere hacer caso a las alegaciones ciudadanas está en su derecho, según lo comentado por Bonig.

La federación provincial Facpyme cree que clonaría la oferta ya existente y causaría una suerte de terremoto mortal en el comercio comarcal. Bonig se escudó en los informes de la Dirección de Comercio, que no contradicen el sexto gran centro comercial de la ciudad y que supera a todos los demás en espacio. Ayer al preguntársele si había sido responsable admitir como ATE, figura que agiliza las tramitaciones urbanísticas normales, un proyecto tan polémico, la consejera se puso de lado al decir que la administración solo puede tramitar y decir si está bien o no.

Polémicas judiciales

Bonig se esforzó ayer en demostrar que la ATE de Alicante Avanza no se aprobará si no se ajusta a la legalidad. El proyecto es casi calcado del plan Rabassa, el primer intento de urbanización del barrio y por el que están imputados la exalcaldesa Sonia Castedo y el propio Ortiz. La policía incluso cree que la ATE es una extensión del plan, hoy pendiente de una resolución del Supremo tras anularlo en varias ocasiones el TSJ valenciano. Este tribunal, además recibió tres peticiones de suspensión cautelar de la ATE, una de ellas resuelta con un “no procede” que ha servido a Bonig para lanzar la tramitación.

Propietarios del suelo donde se situará la multinacional alegan que el plan avalado por la Generalitat concede la potestad de su suelo a Ortiz porque el constructor aporta más de 800.000 metros cuadrados de suelo, casi la mitad del proyecto. Ese suelo, calificado de rural, será permutado por la parcela urbana donde se situarán las infraestructuras comerciales, un suelo mucho más caro que el aportado por el constructor.