Los ciudadanos podrán intervenir en comisión y no en el pleno de las Cortes
PP y PSPV pactan varias enmiendas pero la oposición pide más participación
Populares y socialistas acercaron este lunes posiciones en la reforma del Reglamento de las Cortes Valencianas con el acuerdo sobre nueve de 11 enmiendas transaccionales planteadas por el PP. Sin embargo, persisten grandes diferencias entre el grupo mayoritario y la oposición a la hora de fomentar la participación ciudadana. Una de las más importantes es la posibilidad de que representantes de colectivos y ciudadanos puedan intervenir ante el pleno de la Cámara, como ocurre en otros Parlamentos, a lo que los populares se niegan.
“Hacer ordinario en las Cortes lo que ya es cotidiano en cuanto a demanda social”, propugnó el diputado socialista Miguel Ángel Guillén al defender la posibilidad de que los promotores de iniciativas legislativas populares (ILP) puedan defenderlas ante el plenario de la Cámara. Rafael Maluenda, del PP, se opuso, y empleó como argumento “la doctrina” marcada por el primer presidente de las Cortes Valencianas, el socialista Antonio García Miralles, que era contrario a que en ese ámbito pudiera intervenir nadie que no fueran los miembros del Consell y los diputados.
Maluenda evoca a García Miralles para negar intervenciones ante el pleno
El PP aceptó las propuestas del PSPV-PSOE de conceder más competencias a la Mesa de las Cortes para garantizar la transparencia y el derecho a acceder a la información pública; permitir que comparezcan en la nueva Comisión de Participación Ciudadana representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias si se debaten iniciativas legislativas que afecten a las entidades locales, y prever que la actual Comisión de Peticiones, no solo pueda acoger comparecencias de ciudadanos, sino adoptar resoluciones y formular recomendaciones derivadas de ellas a “todo tipo de instituciones”. Según el popular Maluenda, con ello “por primera vez se da contenido a la Comisión de Peticiones, que no ha funcionado bien desde la primera legislatura”.
Los socialistas, que consideran que “no es el momento oportuno de plantear este tipo de reforma al final de la legislatura” y califican la iniciativa de “intento extemporáneo del PP de salvar sus vergüenzas políticas”, según dijo Guillén, no son partidarios de canalizar la intervención de portavoces de asociaciones y personas a título individual a través de una Comisión de Participación Ciudadana específica, sino de que esas intervenciones puedan producirse en cualquier comisión parlamentaria y también de que la participación alcance al proceso legislativo, en el que puedan llegar a hacerse propuestas y enmiendas desde la ciudadanía.
Ferri defiende “enmiendas ciudadanas” hasta en los presupuestos
Toda la oposición coincide en esas intenciones de mayor alcance, aunque Esquerra Unida criticó lo que su portavoz, Ignacio Blanco, llamó “el consenso bipartidista”. La coalición de izquierdas plantea una reorganización de las comisiones parlamentarias y rechaza los “filtros” para aprobar comparecencias de ciudadanos, es decir, los requisitos para que sea aprobada una comparecencia, que pasan por el apoyo del grupo mayoritario en el proyecto del PP y se reducen a un tercio de los votos de los grupos, en las enmiendas de los socialistas. Por eso propugna que cada grupo pueda escoger las comparecencias ciudadanas que considere oportunas, como ocurre con las proposiciones no de ley, para garantizar así que se escuchen todas las voces.
“Sumen como ha hecho el partido socialista”, retó María Fernanda Vidal, del PP, a Blanco, al rechazar sus propuestas. La diputada se felicitó de que sea una novedad la iniciativa de su partido de que los alcaldes puedan comparecer en las Cortes. “Somos pioneros”, aseguró.
Compromís defendió los planteamientos más ambiciosos en materia de participación ciudadana al proponer que “sea transversal a todas las materias”, que se traduzca en la posibilidad de presentar “enmiendas ciudadanas” a los textos legislativos en tramitación “directamente, a través de asociaciones o de ayuntamientos”, que haya una monitorización de la actividad parlamentaria en la que sea posible el intercambio de opiniones por vía electrónica, y que la capacidad de intervenir de los ciudadanos alcance también a cuestiones ahora vetadas como la organización territorial, institucional y tributaria, o la elaboración de los presupuestos de la Generalitat. “Queremos unas Cortes Valencianas de puertas abiertas y paredes de cristal”, concluyó el diputado Fran Ferri.
“Cuando hay un modelo tan distinto es difícil llegar a acuerdos”, le replicó el popular Alfredo Castelló.
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