El Tribunal Superior imputa a un exalcalde de Las Rozas y siete ediles

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado 10 días a la fiscalía para que solicite juicio oral contra el exalcalde de Las Rozas Bonifacio de Santiago (PP) y siete de sus concejales (dos continúan en el equipo de gobierno). Los imputados formaban parte de la Junta Municipal que decidió no ejecutar durante años una sentencia que les obligaba a anular la concesión de 120.000 metros cuadrados de suelo público a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que actuaron con desprecio a toda la actuación judicial, “pasando por encima de la ley, con la finalidad de seguir beneficiando a la RFEF”. El fiscal presentó una querella el pasado marzo contra los miembros de la junta por prevaricación, delito al que se suma el de desobediencia en el caso del exregidor, en la actualidad diputado regional y presidente de la Comisión de Presidencia y Justicia de la Asamblea de Madrid.

El complejo proceso judicial de la Ciudad del Fútbol, donde hoy se levanta el macrocomplejo deportivo sede de los entrenamientos de La Roja, se remonta a 1998, cuando el Ayuntamiento cedió la parcela a la RFEF. El equipo de gobierno (PP) obvió que se trataba de terrenos de dominio público, por lo que no se podía traspasar su propiedad. Los ediles socialistas y de IU, en la oposición, interpusieron un recurso contencioso administrativo, que ganaron en 2004. Tras una sucesión de recursos, la sentencia devino firme tres años después, con las instalaciones deportivas ya construidas.

La sala solicitó al Ayuntamiento su ejecución y que la Federación de Fútbol se abstuviera de realizar cualquier contrato, cesión o transmisión del suelo que había recibido. Lejos de cumplir el mandato, la Junta Municipal persistió en su actitud y concedió autorización en 2008. El auto del Tribunal indica que los imputados actúan “a priori, con conciencia y con total indiferencia sobre las consecuencias de sus actos” en la adopción de los acuerdos, “tanto en el momento en el que otorgan el permiso como cuando lo prorrogan”. Los ediles imputados son Francisco Javier Espadas, Antonio Garde, Isabel Grañeda, Gema Matamoros, Juan Ramón Ruiz, José Luis Álvarez y Pedro Núñez Morgades.

En 2009, el TSJM dio un paso más al responsabilizar personalmente al exalcalde de la ejecución de la sentencia en un plazo de 60 días. Comienzan también las advertencias de que se dará traslado al fiscal por una posible desobediencia. Avisos que no hacen mella en De Santiago. El Ayuntamiento otorga un nuevo aplazamiento “haciendo caso omiso”, constata el auto.

De Santiago ha alegado la prescripción del delito al haber transcurrido el plazo de tres años. El TSJM argumenta, sin embargo, que en los casos de delito continuado el vencimiento se computa desde el día que se cometió la última infracción. En este caso, desde que el alcalde cesó en su condición, el 10 de junio de 2011.

Fuentes municipales consideran el auto judicial “un trámite más dentro del procedimiento” y anuncian que va a ser recurrido por los concejales que están en la actual Corporación. Aclaran, al mismo tiempo, que la situación actual de la Ciudad del Fútbol está legalizada “tras cumplir el Ayuntamiento punto por punto la sentencia del TSJM”.

La Federación ostenta desde julio la titularidad de la Ciudad del Fútbol. Para poner fin a la situación, el equipo de gobierno llevó a cabo una modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana, que permitirá edificar 685 viviendas y cambiar la calificación del suelo que ocupa la RFEF. Por último, convocó un concurso para una concesión administrativa, a la que solo se presentó la Federación Española de Fútbol. “Como no podía ser de otra manera, porque estaba hecho a su medida”, declara el portavoz del grupo socialista Miguel Ángel Ferrero.

El PSOE ha interpuesto un nuevo recurso contencioso administrativo, en el que denuncia el lucro obtenido por la RFEF durante 10 años en los que ha ocupado los terrenos sin pagar nada al municipio. Ferrero matiza que “no es solo la actividad deportiva: las instalaciones cuentan con restaurante, hotel, un espacio en el que tiene su sede otra empresa …”. Según sus cálculos, que se basan en las valoraciones realizadas por los técnicos municipales, la cantidad alcanzaría el millón de euros anuales. “Por no hablar de los 100.000 euros que ha costado a todos los roceños la defensa de todo este asunto, que además se ha perdido”, concluye.