Ángel Franco pide la baja del PSPV para evitar ser expulsado

El histórico dirigente socialista, Ángel Franco, se va antes de que le echen. En un comunicado de prensa, el secretario local del PSPV, Gabriel Echávarri, ha trasladado esta mañana a la dirección del PSPV-PSOE que el militante de la agrupación socialista de Alicante, Ángel Franco, ha pedido voluntariamente la suspensión temporal de militancia, hasta que se clarifiquen las informaciones aparecidas en prensa.

El PSPV-PSOE tenía previsto abrir un expediente a Ángel Franco, al que la Policía le atribuye un "papel clave" como intermediario para que se aprobara el Plan Rabassa de Alicante a favor del contratista Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal.

Fuentes del PSPV matizan que el expediente, que podría derivar en suspensión de militancia o expulsión, se le abre por "deslealtad al partido" y no por corrupción, ya que el que fuera secretario local, concejal y senador no está, todavía, imputado por el juez, ni tan siquiera está llamado a declarar como testigo en la pieza que investiga posibles irregularidades en la tramitación del Plan Rabassa.

El contenido del informe de la Policía constata que Franco fue el "intermediario" para lograr que el contratista Ortiz tuviera una entrevista con los responsables de la Confederación del Júcar para resolver el problema de los recursos hídricos necesario para aprobar el macro proyecto urbanístico.

El informe policial considera que Franco es "un intermediario para poder contactar con los cargos relevantes de la Administración central o de adscripción socialista", en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente.

Sin embargo, tras una mañana de negociaciones y de reuniones, Franco ha decidido pedir la baja del PSPV. El actual secretario local, Echávarri ha recordado que el “elemento esencial de la trama del caso Rabasa no es ningún militante socialista, es la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. El caso Rabasa es el caso PP”. El secretario general de los socialistas alicantinos ha recalcado que "ningún cargo socialista, ni actual ni pasado, está imputado en este caso”.

“Mi compromiso y el de mi partido en la lucha por la transparencia es total y real frente a un Partido Popular inmóvil, que permite que la alcaldesa sume imputaciones por cinco delitos graves de corrupción y que, además, siga adjudicando contratos y obras al también imputado Enrique Ortiz. Nuestra ética, decencia y dignidad no es comparable a la del Partido Popular”, ha reiterado.

En términos similares se ha pronunciado el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, que ha declarado: "En el caso Brugal no hay ningún militante socialista imputado a estas alturas, pero es cierto que, para nosotros, como he reiterado en muchas ocasiones, no son los juzgados los que tienen que tomar decisiones respecto a las responsabilidades políticas".

Puig ha confirmado que Ángel Franco ha quedado suspendido temporalmente de militancia porque, aunque no está imputado, sí que está envuelto en una situación que "hay que clarificar". El lider de los socialistas valencianos ha añadido que, más que nunca, hace falta "claridad, transparencia y contundencia al abordar la enorme lacra de la corrupción". Pero ha puntualizado que "el caso Brugal es el caso Castedo y el caso PP, como los son Gürtel, Nóos, Emarsa y toda la serie de asuntos que constituyen una losa para la recuperación económica, social y moral de la sociedad valenciana".

"Los socialistas no somos lo mismo", ha añadido Puig, "y en un caso en el que incluso no hay ningún imputado, hemos adoptado las decisiones que corresponden, esperando que al final la persona y su nombre queden lo mejor posible". Sobre la complicidad del exportavoz socialista en Alicante, Blas Bernal, con el empresario Enrique Ortiz, el líder del PSPV-PSOE ha recordado que ya no es militante del partido, pero ha añadido que "la relación entre los políticos y los empresarios ha de ser diferente. Eso no quiere decir que no se atiendan llamadas y no se tenga relación política, que hay que tenerla. Hay que escuchar a todo el mundo y tener un diálogo permanente, pero eso tiene unos límites y unas fronteras que no se pueden cruzar. Hay que ir a una ejemplaridad más estricta".

Con todo, Puig no ha dejado de arremeter contra el PP y el presidente del Consell. "En estos momentos, quienes están interpelados son una alcaldesa de Alicante doblemente imputada y el señor Fabra, que espera siempre que los jueces hagan su trabajo porque no tiene ningún tipo de convicción ética respecto a la lucha contra la corrupción".