Castedo no piensa dimitir y advierte a los suyos: “Moriré matando”

Sonia Castedo no piensa dimitir. La alcaldesa de Alicante, que acumula una doble imputación judicial, una por la tramitación del PGOU y otra por la aprobación del Plan Rabassa, se enroca y no está dispuesta a dejar el cargo pese a las presiones internas del PP y de la oposición.

Castedo evita a la prensa, mantiene una discreta agenda y dedica la mayor parte del día a reunirse con sus abogados para preparar su defensa jurídica. En el equipo de Gobierno municipal ningún concejal se atreve a pronosticar qué pasará. La alcaldesa, en reiteradas ocasiones, ha confesado públicamente que no se irá. “Moriré matando”, afirmó ayer a varios de sus colaboradores para dejar claro que retendrá su acta de concejal.

Castedo se mantiene alejada de la vida orgánica del PP, y las relaciones con los dirigentes populares son cada vez más frías. “Los veré a todos pasar”, comenta con frecuencia a sus compañeros. Según varias fuentes consultadas el problema es que nadie mueve ficha. Ni Castedo busca una salida, ni la dirección del PP se la da. Mientras, el tiempo pasa, se acerca el momento de designar candidatos y la situación judicial de la alcaldesa se complica con una nueva imputación.

El último informe policial sobre la tramitación del Plan Rabassa demuestra, según Esquerra Unida (EU), que el macroproyecto urbanístico de Enrique Ortiz pretendía saciar “los intereses del bipartidismo” en Alicante, según dijo ayer el concejal Miguel Ángel Pavón. Ya que tanto políticos del PP (especialmente Castedo, el exalcalde Díaz Alperi y el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll), como del PSPV (el exportavoz municipal Blas Bernal o el exsenador Ángel Franco), aparecen en decenas de conversaciones comprometidas.

Esquerra Unida recordó que son “los únicos y los primeros” que mantuvieron una batalla judicial contra la corrupción en Alicante, y toda la investigación surge gracias a una denuncia presentada hace dos años.

Los representantes de la formación se mostraron especialmente molestos con el secretario local del PSPV, Gabriel Echávarri, que el miércoles llegó a pedir prisión provisional para Castedo por su doble imputación en Rabassa. “Es la fe de los conversos”, dijo el abogado de EU en la causa, José Luis Romero, que explicó que los tres supuestos para que un juez decrete prisión en el caso de Castedo “difícilmente” se dan. Romero recordó que la alarma social dejó de ser requisito para meter a alguien en la cárcel hace años, la destrucción de pruebas plantearla ahora es “aventurado” e impedir que vuelva a delinquir parece difícil. “No creo que se atreva a repetir los negocios con Ortiz”, dijo.

Ahora, el juez llama a declarar a Castedo y a Ortiz como imputados por los supuestos delitos prevaricación y tráfico de influencias.

El concejal Miguel Ángel Pavón concluyó que del contenido de los informes policiales es “evidente” que la tramitación del Plan Rabassa “impulsó los intereses particulares de Ortiz” que “marcaba los tiempos y las directrices a Castedo” y esconde un “supuesto pelotazo” con la instalación de Ikea.

EU en las Cortes Valencianas, entregará una copia del informe policial al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y a la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, para que conozcan su contenido y “actúen” apartando a Castedo y suspendiendo la tramitación del ATE (Actuación Territorial Estratégica) de Rabassa.