Puig propone que los diputados pierdan sus privilegios ante la justicia

Los casos de corrupción investigados por la justicia ha colocado a más de una docena de excargos públicos valencianos al borde del banquillo. En las Cortes llegó a haber hasta nueve parlamentarios imputados —ahora son cuatro, todos por el caso Gürtel—. Con vistas a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política, tras el descrédito provocado por la corrupción, el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, aprovechó la conmemoración del 25 d’Abril para proponer 25 medidas para revitalizar unas Cortes “heridas y arrinconadas”, dijo. El dirigente socialista planteó que se elimine el aforamiento de los diputados e incluso que un parlamentario procesado pueda ser suspendido de responsabilidades y sueldo. “El aforamiento se concibe en su origen para garantizar el derecho a la libertad de expresión de los políticos, no para blindarlo con privilegios si le pillan a uno ebrio al volante de un coche o con otros hechos delictivos”, describió Puig.

El dirigente socialista reconoció que no son los mejores tiempos para la política. “Hoy 25 d’Abril [día que recuerda la pérdida de los derechos del pueblo valenciano] presentamos 25 medidas con dos objetivos concretos: reforzar el control del Consell y conseguir unas Cortes más transparentes. En este sentido, Puig plantea la obligación de que todos los cargos electos a nivel autonómico, estatal y local —alcaldes de ciudades con más de 50.000 habitantes— publiquen su declaración anual de renta y patrimonio.

El PSPV plantea 25 medidas de reforma para regenerar la política valenciana

Puig pide que se prohíba el pago de sobresueldos a los diputados, que el Grupo Popular admitió haber distribuido de la asignación parlamentaria en metálico o mediante talón o que los miembros del Consell o los diputados cobren dos sueldos públicos. También que los parlamentarios renuncien a obsequios y donaciones, salvo los de valor simbólico o protocolario o que un tercio de la Cámara sea suficiente para proponer la creación de comisiones de estudio o investigación.

Que los ciudadanos depositen de nuevo su confianza en las instituciones exige, además, que estos renuncien a otros privilegios. “Tenemos que ampliar y adaptar el calendario parlamentario de sesiones al del resto de trabajadores”, subrayó a la vista del gran número de días inhábiles en las Cortes.

La Generalitat ha sido condenada hasta en seis ocasiones por negar datos a los grupos de la oposición. Los socialistas proponen como antídoto que se publiciten los documentos y contratos públicos. “Las cláusulas de confidencialidad que incorporen no se utilizarán para impedir que se conozca su contenido”, apostilló Puig.

Los socialistas apuestan por una Oficina de Control del Presupuesto, que sea presidida por la oposición, y la creación del llamado escaño ciudadano. Serviría para que ciudadanos particulares o sectores afectados por cambios legislativos puedan ser escuchados en la Cámara con agilidad.

“Las Cortes tienen que ser más útiles, no recortar sus miembros”, dice

Puig concluyó su batería de medidas rebajando el número de firmas a 30.000 para presentar una proposición de ley al Parlamento autonómico, en la que sus promotores puedan además participar directamente en su debate. También solicitan los socialistas que no proliferen casos como el del presidente de las Cortes, Juan Cotino, que compatibiliza su cargo como segunda autoridad de la Comunidad Valenciana con su negocio privado.

Las Cortes deben ser de nuevo el “corazón” de la política valenciana, “después de que el PP las haya sepultado bajo la sombra de la corrupción”, aseveró Puig, que se manifestó contrario al recorte de parlamentarios que propone el PP. El presidente Alberto Fabra impulsó un proyecto de reforma del Estatut que prevé una disminución del número de parlamentarios autonómicos de 99 a 79. “Nosotros queremos que los diputados sean más útiles, no recortar su número. Que las Cortes trabajen más es una cuestión de voluntad política, nada más”, enfatizó Puig. Los socialistas defenderán sus propuestas, algunas ya conocidas, en la Cámara.

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, preguntado al respecto, no se pronunció sobre el grueso de las medidas. Sólo precisó respecto al amplio número de días inhábiles que el Grupo Popular “pone deberes” a sus diputados cuando no hay periodo de sesiones. Y recordó que cuando no hay convocadas comisiones o plenos en la Cámara, los populares coordinan las tareas que tienen que realizar los diputados, cada uno en sus comarcas, y añadió que todos saben que el trabajo de los diputados va más allá del hemiciclo y de las salas de comisiones.