La justicia obliga a dimitir al regidor de Crecente

La saga de los García-Luengo de Crecente ha deparado un nuevo episodio con la renuncia de Julio César García-Luengo Pérez, regidor desde 2007 por el PP y sucesor de su padre, Julio César García-Luengo Montero, que le antecedió durante casi tres décadas. El vástago se ha visto forzado a dejar el bastón de mando de este pueblo del sureste pontevedrés para cumplir una condena de un año de inhabilitación, impuesta porque se negó a tirar la nave de una empresa vinculada a familiares suyos.

El caso se remonta a los años noventa, cuando el padre dio la licencia para un secadero a Maderas Montero, una empresa ligada a un primo del antiguo alcalde; esto es, tío segundo del actual. Pero otros vecinos protestaron y denunciaron al Ayuntamiento por las incomodidades producidas. Los denunciantes fueron el ya fallecido tío del actual regidor —hermano del previo— y su esposa, según explica el portavoz del PSOE, Javier Vidal.

Cuando el retoño pasó a ocupar la alcaldía —lograda, como lo hacía su padre, por inmisericorde mayoría absoluta— se encontró con el expediente, que desembocó en una orden de derribo que rehusó acatar. Aunque la nave finalmente fue legalizada, la Audiencia de Pontevedra acabó condenándolo por desobediencia. García-Luengo hijo defiende que la empresa daba trabajo a 18 personas y que cumplir la ley era más injusto materialmente que saltársela. Conocida la resolución solicitó el indulto, recabando para ello el apoyo del pueblo. Su éxito fue desbordante. Consiguió 3.700 firmas, cuando en Crecente apenas hay 2.300 censados.

Presunto fraude

No es el primer lío con la justicia del alcalde, que ya tuvo que pasar por el juzgado para responder a una acusación de fraude censal de la que salió absuelto. En el terreno político su situación ha sido siempre sólida, salvo un pequeño sobresalto en la pasada legislatura, cuando destituyó a su padre, que era teniente de alcalde. El veterano se había reservado en 2007 el puesto tras ceder el primer lugar en la lista electoral al hijo y hacer menos procelosa la transición. El mayor se enfadó con el desplante y amagó hasta última hora con disputarle la plaza al pequeño en las elecciones de 2011. Finalmente se avinieron.

Como la pena de inhabilitación es de un año, García-Luengo puede presentarse en la próxima cita electoral, una circunstancia que no ha descartado.