UGT apuesta por Carmen Castilla para salir de la crisis que sufre en Andalucía
Madrid y los críticos aceptan resignados la candidatura de la federación mayoritaria
Salvo sorpresas de última hora, UGT Andalucía elegirá a Carmen Castilla, secretaria de Políticas Sociales e Igualdad, como su nueva secretaria general en el comité extraordinario que celebra este jueves. Las federaciones y uniones provinciales han llegado a un consenso en torno a esta sindicalista y exconcejal del PSOE, después de que la federación más numerosa del sector público (FSP) la propusiera como candidata para liderar una nueva etapa que cierre su crisis más grave, motivada por las facturas falsas. Eso sí, su trabajo para depurar responsabilidades por las irregularidades detectadas que ya han supuesto la devolución de fondos a la Junta, será arduo y acarreará decisiones muy espinosas dentro del mayor sindicato andaluz.
En un principio, el sector crítico y la dirección confederal de Madrid se oponían a que un miembro de la cúpula actual liderara la nueva etapa, ya que optaban por una “limpieza total” y la “ruptura con el pasado” a través de una gestora y un congreso extraordinario, pero finalmente esta tarde aceptaron resignados el apoyo mayoritario en torno a Castilla. Una tras otra las federaciones y las uniones provinciales dijeron sí, y los flecos se concentraron en cerrar el acuerdo para los tres nuevos cargos que cubrieran las secretarías vacantes.
Naufraga la presión de la dirección confederal
La dirección confederal del sindicato ha intentado hasta el último momento influir desde Madrid para lograr una gestora que llevara a la federación andaluza a celebrar un congreso extraordinario. El equipo de Cándido Méndez pretendía iniciar una etapa desde cero y borrar toda sombra de sospecha sobre la nueva cúpula de cara a la opinión pública. Sin embargo, las federaciones críticas se plegaron finalmente al poder de cohesión logrado por la federación del sector público (FSP) y han aceptado resignados la candidatura de Carmen Castilla. La consigna ha sido “aceptar el mal menor” para sacar el sindicato adelante.
La autonomía de la federación andaluza era clara y los estatutos prohibían la injerencia de Madrid para renovar la cúpula. La única coyuntura que habría justificado la imposición de una gestora desde la dirección estatal hubiera sido la situación de quiebra en las cuentas del sindicato, una posibilidad que aun no se puede descartar, dada la difícil situación financiera que atraviesa y las reclamaciones pendientes por parte de la Junta. El Ejecutivo mantiene abiertos 17 expedientes de reintegro que suman 7,5 millones en ayudas para la formación.
La resolución de todos los frentes abiertos será para Castilla una tarea tan compleja de abarcar como extensa. Bajo la lupa de la juez Mercedes Alaya, que investiga la gestión del sindicato, esta exconcejal socialista en Écija (Sevilla) y exdirectora de Enfermería del Hospital Macarena liderará la revisión de las facturas y la total falta de transparencia que padece UGT.
Los huecos surgieron tras la salida negociada de la comisión ejecutiva de los dos secretarios presentes en la dirección que lideró Manuel Pastrana en la etapa que albergó las irregularidades con las facturas falsas: José Carlos Mestre, secretario institucional, y Josefa Castillejo, secretaria de Empleo y Formación. El tercer hueco lo generaba Castilla al ascender desde su secretaría.
“El diálogo ha funcionado y la gente ha respondido. Se lo hemos explicado a Cándido [Méndez, secretario general estatal] y nos ha dado la enhorabuena”, ha resumido Antonio Tirado, líder de la FSP, que ante el resto de federaciones ha argumentado que, optar por una gestora para acudir a un congreso extraordinario tras varios meses, supondría un alto coste en la lucha sindical. Además, Tirado ha insistido en que el respaldo exigido en el comité (del 66%) es aún mayor que el del congreso (50%), por lo que retrasar su elección carecería de sentido para los críticos que preferían una ruptura total con caras nuevas.
En la reunión de este jueves con todas las federaciones y uniones provinciales, solo las federaciones de Transportes y Hostelería se han resistido a apoyar a Castilla y han optado por la gestora, aunque este jueves darán libertad de voto a sus delegados. Así, el respaldo a Castilla rondará el 85% de los 120 delegados (112 más los ocho miembros de la ejecutiva) reunidos en su sede central.
“El escollo ha sido convencer a los que no estaban convencidos de que el comité es una solución igual de democrática que el congreso”, argumenta Tirado, a pesar de que al congreso extraordinario acuden 300 delegados en vez de los 120 presentes este jueves. Castilla ha optado por guardar silencio. Mientras, un secretario resumía: “Nuestra situación es suficientemente compleja como para que el nuevo equipo carezca de todos los apoyos contra los que recortan derechos”.
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