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La juez destapa nueve tramas de tratos de favor entre empresarios y políticos

El hilo del que tiró la juez son los manejos detectados en el Ayuntamiento de Lugo

Ángel Currás junto al anterior alcalde, Gerardo Conde Roa
Ángel Currás junto al anterior alcalde, Gerardo Conde Roa

La investigación de la Operación Pokémon, que estalló en septiembre de 2012, ha destapado distintas tramas presuntamente corruptas, conectadas algunas de ellas entre sí por varios imputados. La juez Pilar de Lara propone dividir la causa, en la que están imputados los alcaldes de Lugo, Santiago y O Carballiño, en nueve piezas, dos de ellas dedicadas respectivamente a casos de Cataluña y Asturias.

El hilo del que tiró la magistrada son los manejos detectados en el Ayuntamiento de Lugo para adjudicar el servicio de grúa a la empresa Cechalva y en los que 17 implicados cometieron presuntamente delitos de blanqueo, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.

Desenmarañando el ovillo, la instructora destapó actividades presuntamente delictivas en Lugo, Santiago, Ourense y Boqueixón para favorecer al grupo Vendex —adjudicatario de la ORA— a cambio de regalos y favores. En esta pieza están acusadas 46 personas, entre ellas Francisco Fernández Liñares, exconcejal socialista de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. La juez dedica una pieza completa solo a los movimientos supuestamente delictivos de Fernández Liñares en el tiempo que estuvo al frente de este último organismo donde, con otras 20 personas, está acusado de adjudicar contratos irregularmente.

La cuarta trama, con 14 imputados, gira entorno a Aquagest, la empresa de aguas a la que la juez acusa de obtener contratos e información privilegiada de los ayuntamientos a cambio de regalos, dinero y viajes con los que agasajaba a políticos y funcionarios. La quinta pieza se centra en la presunta corrupción en el Ayuntamiento de Santiago (11 imputados), la sexta lo hace en el Consell Comarcal de La Selva (Girona) y la séptima, en supuestos contratos irregulares en el ayuntamiento asturiano de Cangas de Narcea. Finalmente, De Lara abunda en la presunta financiación ilegal del PSOE en Santiago (cuatro imputados) y en el supuesto trato de favor del Ayuntamiento de O Carballiño a la empresa Forestación Curro (tres acusados).

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