La precipitación es el talón de Aquiles

La precipitación se ha convertido en el talón de Aquiles del proceso de liquidación de Ràdio Televisió Valenciana y amenaza con provocar un aluvión de demandas judiciales. Algunas de ellas cruzadas.

Desde el Consell, el propio portavoz José Ciscar no descartó que la Generalitat pueda pedir responsabilidades ante la justicia por la actuación de la dimitida directora general de RTVV Rosa Vidal, supuestamente, por rescatar indebidamente a los 186 técnicos que en opinión del Gobierno valenciano han motivado la nulidad del expediente de regulación de empleo.

Pero con seguridad serán los grupos de la oposición y los propios trabajadores quienes más van a pleitear para impedir el cierre de RTVV.

La ofensiva la inició ayer mismo Compromís, que presentó un contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia —redactado por Mònica Oltra— contra el decreto ley del Consell aprobado en una reunión extraordinaria para nombrar a Ernesto Moreno nuevo director general. El recurso, que pide “medidas cautelarísimas”, niega la existencia de una situación de urgencia que pusiese en peligro las emisiones de RTVV, acusa al Consell de burlar la ley para sortear la mayoría cualificada de 3/5 de las Cortes para cubrir las vacantes de los cinco dimitidos del PP en el consejo de administración del ente y advierte que la Generalitat vulneró la ley de Igualdad al nombrar a cinco hombres, sin respetar la participación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones.

El mismo grupo parlamentario presentó un escrito de amparo al presidente de las Cortes, Juan Cotino, mientras el diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, anunciaba contactos para intentar presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el mismo decreto ley.

El acuerdo del Consell, aprobado en la misma reunión que el decreto ley, por el que se transmiten las acciones de la antigua RTVV —tenedora de las acciones de la nueva sociedad anónima RTVV y ahora gestionada por tres liquidadores— al Consell también puede ser objeto de disputa judicial.

Y, para rematar, quedan pendientes las demandas de los trabajadores. El millar de empleados despedidos tendrá que solicitar en los juzgados de lo social, a partir del próximo miércoles, el reingreso en RTVV. Y a partir de ahí habrá que dilucidar el entramado de denuncias cruzadas.

Un laberinto al que se pueden sumar, en los próximos meses, productoras y proveedores si no existe acuerdo mutuo para liquidar los contratos existentes con RTVV.