Una orden de prostitución para recaudar y limpiar las calles, según las feministas

La Plataforma Feminista pide la retirada de la ordenanza de prostitución de Valencia Los grupos municipales de EU y Compromís también han solicitado su retirada

La ordenanza de prostitución de Valencia pactada por el PP y el PSPV es contradictoria y  discrecional, pues su aplicación dependerá de la voluntad de la Policía Local de aplicarla, denuncia la Plataforma Feminista de Valencia, que exige la retirada del texto.

El Ayuntamiento aprobó provisionalmente el pasado mes de marzo -todavía debe ratificarla el pleno- la ordenanza, que recoge sanciones de hasta 2.000 euros para clientes y proxenetas que soliciten o induzcan a ejercer servicios sexuales en la vía pública. No se multará a las prostitutas. 

La norma prohíbe por un lado el ofrecimiento, solicitud y aceptación de servicios sexuales retribuidos, y después indica que no se sanciona a las personas que ejercen la prostitución. "¿Quiénes ofrecen los servicios sexuales? Evidentemente quienes ejercen la prostitución porque los proxenetas ya se encuentran sancionados penalmente", argumenta la plataforma para justificar su rechazo al texto.

Este colectivo critica que estas medidas sancionadoras no se encaminan a erradicar la prostitución porque suponen un mayor perjuicio para quienes la realizan. Según la plataforma, la ordenanza no protege a las menores, dado que sanciona la práctica sexual retribuida, "en caso contrario, no", sostienen.

Las feministas insisten en que la ordenanza solo persigue recaudar por la vía de las sanciones económicas y la "limpieza de calles y barrios de la prostitución", observan.

Además de la Plataforma Feminista se han pronunciado contra el texto de la ordenanza el colectivo Lambda, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y la Cimera Social del País Valencià.

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Antes que las organizaciones sociales han solicitado la retirada del texto los grupos políticos de EU y Compromís. La regidora Consol Castillo solicitó hace unos días la retirada de la propuesta al entender que no solucionará el problema de convivencia en las calles de Valencia. "Usa un lenguaje antiguo, profundamente reaccionario y, sobre todo, por entender que el Ayuntamiento de Valencia no tiene competencia para sancionar la prostitución", explica Castillo.

Sobre la firma

Cristina Vázquez

Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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