El recorte en Novagalicia amenaza con dejar sin banco a unos 75 municipios

La Comisión Europea ha impuesto que las antiguas cajas de ahorros vuelvan a su negocio tradicional, lejos de grandes aventuras financieras y pegadas a los territorios donde nacieron. Pero al mismo tiempo, Bruselas exige una dismunición drástica del tamaño de esas entidades. Con esos criterios, Novagalicia Banco (NCG) está abocada a centrarse en Galicia, aunque, paradójicamente, tendrá que reducir su presencia en todo el territorio de la comunidad autónoma. Una de las medidas que contempla NCG es retirarse de buena parte de los 75 municipios gallegos en los que es la única entidad con sucursal bancaria. Al no disponer de competencia en esos lugares, la dirección del banco entiende que esa decisión apenas pondría en peligro su número de clientes.

 En los próximos cuatro años, NCG está obligada a cerrar 286 oficinas, con lo que pasaría de las 870 actuales a 484. La mayoría de las sucursales (454) estaría en el territorio original de la caja, que, además de Galicia, incluye León y Asturias. Aun así, entre las tres comunidades cerrarán 113 sucursales hasta 2017. El criterio principal de la caja para decidir qué oficinas clausura será el de su rentabilidad y el volumen de depósitos que captan. En las ciudades se prescindirá de sucursales que estén muy próximas entre sí. Y otro de los criterios que primará será el de “minimizar el abandono de municipios con competidores frente a aquellos sin competidores”. Es decir, que en los pueblos donde solo está presente NCG, las oficinas tenderán a cerrarse ya que sus directivos calculan que corren menos riesgos de perder ahorradores. En ese caso, según la entidad, se encuentran unos 75 municipios.

Un portavoz de NCG explica que se buscarán soluciones para no dejar completamente sin atención financiera a estas localidades. Algunas ya se han ensayado en los últimos meses, como la prestación de servicios discontinuos durante determinadas horas en locales habilatados a tal efecto. La entidad asegura que, en cualquier caso, garantizará que queden oficinas abiertas en localidades próximas. Las exigencias de Bruselas y la propia situación del banco, que hasta septiembre ya había acumulado pérdidas por 1.874 millones de euros, no dejan otra salida, alegan fuentes próximas a la dirección de NCG.

Los argumentos no convencen ni de lejos a los sindicatos. “En Galicia tenemos el 29% de la red y el 40% de la cuota de mercado”, explica Clodomiro Montero, de la CIG. “Esas cifras no las igaula nadie y demuestran nuestra eficacia. La propia empresa sabe que se cerrarán oficinas que son rentables”. Montero considera “gravísimo” que la entidad “vaya a contribuir más a la marginación de las zonas rurales dejándolas sin servicios financieros”. “Y no nos vale el argumento de que no se perderá clientela. Si a alguien no se le deja más remedio que ir a otro pueblo, donde tendrá mayor oferta de sucursales bancarias ¿realmente creen que ese cliente seguirá fiel a la entidad que le acaba de dejar sin servicio en su propio pueblo?”, argumenta el portavoz de la CIG.

Las centrales sindicales tuvieron acceso ayer al plan pactado con el Gobierno español y Bruselas que prevé el despido de 2.508 trabajadores hasta 2017. Los sindicatos solo pudieron consultar una copia en inglés que, según explicaron, se limita a explayarse en datos para justificar la necesidad del drástico recorte de plantilla y oficinas. La dirección ya ha transmitido a los trabajadores que no hay posible marcha atrás en el plan, que para este año prevé 930 despidos. La entidad no entrará a negociar las condiciones en que se irán esos empleados hasta la próxima semana, cuando presente el que será su cuarto ERE en dos años. Los sindicatos han pedido una entrevista con el FROB, el fondo de rescate del Estado, dueño ahora de NCG, ya que, ante esta situación, se plantean como mal menor reclamar la subasta inmediata de la entidad.