El escándalo de la TDT

El Tribunal Supremo, en sentencia de hace unos días que se dio a conocer el jueves, anula al fin el reparto de (parte de) las licencias para emitir TDT local que hizo la Generalitat valenciana hace seis años. La sentencia es muy importante porque permite hacer luz sobre un proceso escandaloso de principio a fin y, aunque no genera necesariamente mucha confianza en que el estropicio pueda arreglarse a estas alturas (con licencias concedidas hace años, competidores quebrados, una situación económica horrible y un previsible encastillamiento del Consell que hace intuir que el cumplimiento de la sentencia será más formal que material), obliga a repasar rápidamente lo que ha pasado aquí.

Tras el reparto de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas para la implantación de la TDT, correspondía a estas adjudicar las licencias de televisión local y autonómica. Más o menos a la vez, les Corts Valencianes aprobaron una ley para la TDT valenciana con una serie de principios y reglas que todos podemos compartir: limitar el número máximo de adjudicaciones a una misma empresa de comunicación, puntuar para primar la producción de proximidad y obligar a garantizar unos contenidos propios (y con un porcentaje en valenciano) con la idea de que estas televisiones fueran, de verdad, locales y autonómicas, dieran información de proximidad, dinamizaran el sector audiovisual valenciano, etc.

Sin embargo, en paralelo, las adjudicaciones, realizadas a partir de las valoraciones de una consultora privada (en lo que es una irregularidad procedimental clave para anular el proceso pero que, en el fondo, viene hasta bien pues de esta manera la más que cuestionable adjudicación no tiene su origen en una valoración abiertamente irregular realizada por alguien de la casa), provocaron cosas como que en 13 de las 14 demarcaciones fuera agraciada una tele de una misma empresa o que grupos nacionales como Intereconomía, Libertad Digital o El Mundo acumularan concesiones. El Consell, así, liquidó de un plumazo lo que pretendía su propia ley. Las consecuencias, en forma de los canales que todos podemos ver, han acabado de certificar con el tiempo, por si había alguna duda, de qué iba esta película.

Sorprendentemente, las primeras sentencias tras las lógicas impugnaciones, llevando al extremo la deferencia desgraciadamente habitual en España respecto de las decisiones de las Administraciones Públicas, no vieron problema alguno. Ni formal ni de fondo. Que los beneficiarios fueran a veces la misma empresa aunque camuflados con diversos ropajes jurídicos no se estimó relevante. Que las reglas sobre adjudicar a quienes garantizaran producción local fueran tan obscenamente ignoradas, tampoco. Y la cosa pasó, obligando a los recurrentes a emplear más tiempo y dinero todavía (los que perseveraron, que fueron ya muy pocos) y provocando que, a estas alturas, la cosa tenga ya difícil arreglo. Porque, además, visto el nulo control que la Generalitat está ejerciendo sobre estas televisiones, que violan diariamente (con alguna honrosa excepción) todas sus obligaciones de emisión, no parece que tampoco desde el Consell, en este como en muchos otros temas, tenga la más mínima intención de rectificar y empezar a funcionar de manera más o menos homologable con lo que se espera en un Estado de Derecho.

@Andres_Boix blog en http://blogs.elpais.com/no-se-trata-de-hacer-leer/