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“Han ido a por nosotros”

La directora de Tele Elx explica el calvario que ha sufrido la cadena desde que recurrió la adjudicación de TDT

Conchi Álvarez.
Conchi Álvarez.

Tele Elx ha sufrido un auténtico calvario administrativo y judicial desde que en 2006 comenzó a recurrir la adjudicación de TDT realizada por el Consell. Llegó a tener 40 trabajadores pero las dificultades legales por las que ha atravesado han obligado a reducir la plantilla de Tele Elx, que ahora apenas tiene una docena de empleados con los que produce entre seis y siete horas diarias de programación local propia, parte en valenciano.

Su directora, Conchi Álvarez, asegura: “Desde que recurrimos, han ido a por nosotros, aunque no podría decir que sea por razones políticas”.

“Quien siempre ha estado prestando el servicio público que estipula la legislación ha sido nuestra cadena”, explica la responsable de Tele Elx, “y, sin embargo, han tenido una absoluta tolerancia con aquellos que han incumplido sistemáticamente la ley”.

Álvarez se refiere a las tres adjudicaciones de TDT que se realizaron en la demarcación de Elx a empresas privadas. “Una está cerrada, otra emite desde Madrid [Libertad Digital] y la tercera [un canal cuyo nombre es Aprende inglés] también emite desde fuera de la Comunidad Valenciana, en cadena y en inglés”.

El Consell fijó su atención en la emisión ilegal de Tele Elx en 2010 cuando, tras fallar el TSJ a favor de la Administración valenciana en 2008, la estación televisiva ilicitana acudió al Supremo. “Lo más fuerte es que el 3 de agosto de 2010, en plenas vacaciones y a punto de comenzar las fiestas de Elx, nos enviaron el expediente sancionador con una orden de cierre y 500.000 euros de multa, con un plazo para alegar de solo 15 días”. El 24 de marzo de este año, la Secretaría Autonómica de Comunicación confirmó la sanción.

Tras la sentencia del Supremo, Conchi Álvarez, con cierto tono de satisfacción, afirma: “Ahora ya todos estamos en la misma situación”. La directora de Tele Elx entiende que la emisora que dirige es igual de ilegal que cualquier otra de las que emite con la concesión administrativa del Consell.

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