Los okupas discretos

“La primera vez que dormí en la calle fue el verano pasado, después de haber perdido mi casa. Aun recuerdo la grima que me dio tumbarme en el suelo de los jardines del Paseo del Prado. Me dan mucho asco las cucarachas. Tenía una mochila, un saco de dormir, una esterilla y el uniforme de trabajo. Me aparté de mis amigos por vergüenza. Dejé a mi hijo con su abuelo. Pero no estaba sola. Los indignados me acogieron como a una más. Así me convertí, de la noche a la mañana, en una okupa”. Así relata su historia Cuki, una madrileña desahuciada de 60 años que okupa junto a tres familias una vivienda de la capital, sin calle ni número. Se niega a dar más datos. Tampoco quiere revelar su verdadera identidad. Sabe que está cometiendo un delito de usurpación de bien inmueble, tipificado en el artículo 245 del Código Penal, pero, ella lo justifica con una sentencia: “No me ha quedado otra solución; tengo que seguir luchando”.

 En la Comunidad de Madrid hay cientos de familias en la misma situación, según la oficina de Vivienda del 15-M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Desahuciados, madres solteras, parados o jóvenes con trabajos precarios que se han visto obligados a okupar viviendas vacías porque no pueden hacer frente a los gastos de un alquiler y menos, de una hipoteca. La mayoría de ellos no quiere salir en los medios de comunicación.

“A este nuevo tipo de okupación la denominamos okupación discreta o silenciosa”, explica Ramón, un indignado de la oficina de Vivienda. Los indignados diferencian tres tipos de okupaciones: las mediáticas, como es el caso del Hotel Madrid (antiguo hostal abandonado del centro de la ciudad que fue tomado el pasado mes de octubre por el colectivo del 15-M y la PAH), centros sociales de okupación (CSO), como el centro social vecinal La Salamanquesa, y las ocupaciones discretas, que no se reivindican públicamente.

“Es verdad que esta práctica ha existido desde siempre, pero en el último año el perfil del okupa está cambiando vertiginosamente. Ya no son solamente jóvenes o sectores marginales de la sociedad, sino padres de familia que se han quedado en la calle y se meten en el piso de al lado”, comenta Juan, un diseñador gráfico de 27 años que trabaja voluntariamente en la oficina de okupación del CSO de Casablanca, en el barrio de Antón Martín. “El concepto del okupa siempre ha tenido una connotación negativa pero con la crisis esa visión está cambiando y la sociedad acabará por asumirla”, asegura Julio Alguacil, sociólogo experto en temas de urbanismo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

Conchi Gil, fue desalojada por impago de una vivienda del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) el pasado mes de octubre, y actualmente malvive con sus dos hijos, de 19 y 17 años, en un almacén de una galería subterránea abandonada en Leganés. “Hay días en los que Adrián falta a clase porque no puede ducharse (no tienen cuarto de baño) y le da vergüenza que sus compañeros lo vean sin asear”, relata Gil.

Chema Ruiz, portavoz de la PAH, lo tiene claro: “Mientras siga aumentando el número de desahucios, las okupaciones discretas se irán expandiendo por la ciudad”, sentencia. Y es que las cifras hablan por sí solas. En los tres primeros trimestres de 2011, el Consejo General del Poder Judicial registró 7.145 desahucios en la Comunidad de Madrid. Si se compara con los 3.878 lanzamientos ejecutados en 2008, el número de personas que se han quedado sin hogar se ha multiplicado en la región.

Es contradictorio el elevado número de desahucios con la ingente cantidad de viviendas vacías. Según publicó este periódico el pasado mes de enero, el Instituto Nacional de Estadística (INE) podría contabilizar en el censo de edificios y viviendas de 2011, aún sin finalizar, entre cinco y seis millones de viviendas vacías en España, frente a los tres millones de 2001.

“Hijo mío, ya estamos dentro”, le dijo E. H., de 25 años, a Abraham, su hijo de 7 años, después de haber logrado abrir la puerta sin romper la cerradura. Suspiró; intentó dar la luz pero no funcionaba. No pasaba nada. Tenía una linterna, una mochila con ropa y un par de bocadillos. Esa primera noche del pasado mes de enero ambos durmieron en un sillón de la casa. “Sabía que estaba vacío porque soy vecina del barrio y hace cuatro años el propietario murió sin haber dejado descendencia”, relataba E. H. el pasado 4 de febrero mientras desayunaba con el pequeño y su pareja en el piso, situado en Pinar de Chamartín. “Estuvimos buscando un apartamento pero no podíamos pagar el alquiler y, encima, nos pedían aval”, lamenta esta joven, sin trabajo y sin prestación por desempleo que sale adelante con el dinero que cobra su pareja, también en el paro. Aunque E. H. es consciente de que cualquier día la policía puede entrar con una orden judicial, al menos le alivia saber que cuenta con el respaldo de los vecinos. “El presidente de la comunidad me ha pedido el número de cuenta para que pague la luz, y esta semana hemos asistido a una junta vecinal en la que nos comprometimos a cumplir las normas de convivencia”.

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) asegura no haber recibido ninguna queja de este nuevo tipo de okupación discreta. De hecho, apoyan esta práctica siempre que se trate de familias que ocupen pisos vacíos que pertenezcan a entidades bancarias. Julio Alguacil, experto en urbanismo, también considera la okupación como una acción “absolutamente legítima recogida en el artículo 47 de la Constitución Española (reconocimiento del derecho a una vivienda digna)”. Este sociólogo afirma que se está desarrollando una sociedad desestructurada donde el malestar y la violencia urbana va in crescendo por culpa de la crisis económica. “Para colmo, los servicios sociales están saturados y el Instituto de Vivienda Pública de Madrid (IVIMA) tampoco carece de recursos suficientes”.

“No tenemos una varita mágica”, responde a las críticas Carlos Martínez Serrano, coordinador del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento. En la ciudad hay 35 centros en los que se da una atención social primaria básica de carácter temporal. Martínez Serrano asegura que el Área de Familia ha firmado un convenio con la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) para disponer 200 viviendas sociales para personas que hayan perdido su empleo en los tres próximos años, según ha informado a este periódico. El IVIMA, con un parque actual de 23.000 viviendas protegidas, recuerda, por su parte, que unas 5.000 familias con graves problemas económicos se han beneficiado de la reducción del alquiler a una media de 50 euros al mes. Para Alguacil no es suficiente. “O bien se hacen políticas de vivienda social o las autoridades tendrán que invertir en cuerpos de seguridad para echar a los okupas”.

El hijo de Cuki, de 20 años, vive con su abuelo en otra parte de la ciudad. No sabe que su madre es una okupa. “Le he inculcado una serie de valores y normas. Imagínate si se entera que las incumplo”, explicaba el jueves pasado esta limpiadora del hogar que perdió su casa en alquiler por negarse a renovar un aval bancario que, en su opinión, era “excesivo”. Para María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo en funciones, “la ocupación no es la solución”.

La defensora reconoce a través de una entrevista online que el problema existe pero que la sociedad debe evitar que los afectados resuelvan la situación por su cuenta. Para ello es fundamental que estas personas reciban todo tipo de ayudas públicas. Al preguntarle qué está fallando, si la actitud de los bancos o de las instituciones, Cava de Llano responde rotundamente: “Todo el sistema ha fallado”.