Las colombianas que lograron la prohibición del matrimonio infantil

El matrimonio infantil en Colombia se suele pensar como parte del pasado. También como una problemática que, si aún existe, se limita a resguardos indígenas y zonas rurales. Pero, en realidad, persiste a lo largo y ancho del país: en las grandes ciudades, en pequeños poblados, en congregaciones evangélicas, en comunidades de migrantes. Colombia ocupa el puesto número 20 entre las naciones que tienen el mayor número de niñas casadas antes de cumplir los 15 años, según la ONU. Esto deriva en consecuencias como que las víctimas dejen de estudiar, sufran la violencia de parejas mucho mayores o atraviesen embarazos cuando sus cuerpos no están listos. Aun así, los proyectos de ley para abolirlo y las demandas de inconstitucionalidad fracasaron durante años. Todo comenzó a cambiar en estos meses: el Congreso prohibió esta práctica en noviembre y la Corte Constitucional la declaró inconstitucional en febrero.

Las congresistas Alexandra Vásquez y Jennifer Pedraza presentaron el proyecto de ley. La sociedad civil, en tanto, se unió para aportar con cifras y testimonios y para acercar a diferentes sectores del espectro político. “Coincidieron el movimiento feminista, de lucha por derechos sexuales y reproductivos, con el de los niños y las niñas. Usualmente los vemos enfrentados, pero este proyecto demostró que puede haber más coincidencias que diferencias”, dice Pedraza. Entre las lideresas que se destacaron se encuentran Marta Royo (Profamilia) y Ángela Anzola (Plan Internacional). Mientras tanto, Lorena Parada y otros cuatro estudiantes de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) aseguraron la prohibición ante la justicia.

Alexandra Vásquez y Jennifer Pedraza

El matrimonio infantil parecía una problemática lejana para Alexandra Vásquez y Jenniffer Pedraza, una química y una economista que llegaron al Congreso en 2022 como parte de la mayor representación femenina de la historia (alrededor del 30%). “¿Cómo así que en Colombia aún se permite esa práctica?”, pensó Pedraza, representante por Bogotá, cuando se enteró del tema. Sin embargo, ambas se comprometieron con la prohibición como una de las prioridades de una amplia agenda feminista y presentaron el proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Con el tiempo, reflexionaron hasta qué punto la sociedad y ellas mismas habían normalizado las prácticas violentas que dan lugar a estos matrimonios. “A los 13 años yo ya tenía invitaciones de hombres mucho más adultos. Me molestaban en la calle, no me dejaron crecer”, dice Vásquez.

Las congresistas elaboraron un texto que se anticipara a los reparos más habituales. “No iban a aceptar un enfoque punitivo, así que nos centramos en lo preventivo, en la pedagogía”, cuenta Pedraza, que contabiliza ocho proyectos previos que se hundieron en el Legislativo. Ambas reconocen que las penas pueden ser contraproducentes: muchas veces son los familiares quienes arreglan los matrimonios y las víctimas no quisieran meterlos tras las rejas. Las dos enfatizan que el corazón de la ley es una política pública para concientizar sobre los perjuicios de estos matrimonios, como la deserción escolar y las afectaciones de salud.

Hubo varios obstáculos. Pedraza cuenta que durante los debates algunos líderes de pueblos indígenas consideraron que el proyecto atentaba contra sus costumbres y retiraron el apoyo que antes habían expresado sus compañeras mujeres. Ambas congresistas siguieron adelante: enfatizan que los derechos de los niños tienen prioridad y que el texto señala que la construcción de la política pública de prevención será en conjunto con las comunidades. Asimismo, Pedraza comenta que para sumar votos conservadores tuvieron que retirar las menciones al matrimonio infantil como una problemática de género y que ahora apuesta por recuperarlas en la reglamentación.

Varios testimonios les reafirmaron la importancia de sacar adelante la iniciativa. Citan a la senadora y lideresa wayú Martha Peralta, que relató cómo su madre tenía solo 15 años cuando la tuvo, mientras que su padre tenía 63. Vásquez, además, menciona que la senadora Sandra Ramírez contó que se había unido a la guerrilla en su adolescencia para evitar un matrimonio forzado. Las dos autoras se sienten orgullosas de haber logrado un apoyo unánime, en medio de un contexto de polarización y fragmentación política. Ahora, el desafío es la financiación y el control al Gobierno para que cumpla los compromisos. “Lo fácil ya pasó. Ahora empieza la pelea para que existan los recursos y el impacto llegue a todo el país”, dice Vásquez.

Marta Royo

La activista de derechos humanos Marta Royo se acuerda de su propia familia cuando piensa en el matrimonio infantil. Cuenta la historia de Geraldine, que fue pareja de su hijo y que falleció hace unos meses. “Sus padres pertenecían a un grupo evangélico en Bogotá. La casaron a los 14 años con un chico de 22 del mismo grupo y ella tuvo su primer hijo a los 15”, relata. Ese esposo no se hizo cargo de los niños en un principio. Después, se los llevó a Brasil. “Tú no tienes trabajo formal”, le dijo a Geraldine, según rememora Royo. Ahora, la hija de ambos tiene 15 años y ya está comprometida con el hijo de un pastor. “Veo una historia que se repite y me parte del alma. Allá arriba Geraldine se debe estar muriendo de nuevo”, dice.

Royo es la directora de Profamilia, una organización privada de salud que defiende los derechos sexuales y reproductivos de las colombianas, como el acceso a anticonceptivos y al aborto. Explica que el año pasado fueron una de las 18 oenegés que apoyaron el proyecto de ley en el Congreso porque combatir el matrimonio infantil va de la mano con sus objetivos de prevenir embarazos no deseados y defender la autonomía de las niñas a decidir sus propios proyectos de vida. “El propósito con el que las casan no es una bonita relación. Es que se hagan cargo del hogar y tengan hijos”, enfatiza. Le sorprende que algunos sectores anti aborto apoyaran la ley. “Qué bueno sumar, pero es incoherente decir que no hay que casar a las niñas y luego que ‘lo siento’ si quedan embarazadas, que ahí ya es obra de Dios”, remarca.

El aporte principal de Profamilia, explica Royo, fue la información recolectada a partir de las actividades que realizan en todo el país. “¿Cómo dices que no vas a apoyar el proyecto de ley cuando ves las cifras de maternidades forzadas?”, apunta, en referencia a 3.837 niñas de entre 10 y 14 años que se convirtieron en madres en 2023 y a 78.617 de entre 15 y 19 años, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). También cree que ayudaron los testimonios de participantes de Valiente, un proyecto de Educación Sexual Integral que llevaron a cabo con más de 13.000 niños en cuatro departamentos colombianos. “Todos tenemos el derecho a estudiar, a jugar y a seguir siendo niños. El matrimonio nos aparta de nuestra niñez”, se lee en un testimonio de una adolescente de 13 años.

La directora enfatiza que la oenegé apunta a despolitizar la discusión y que eso la ha ayudado a acercar posiciones. “[Los congresistas] saben que no estamos empujando la agenda política de nadie, sino la defensa de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos”, explica. La representante Pedraza, en tanto, señala que Royo fue clave en convencer a senadores progresistas que se oponían al proyecto por considerarlo restrictivo de las libertades de los adolescentes. “Profamilia es una organización con autoridad para quienes siempre han luchado por las libertades individuales. Gracias a Marta [Royo] vieron que el proyecto no era algo de la sociedad conservadora o punitivista”, acota la congresista.

Ángela Anzola

Los últimos cinco años como presidenta de Plan Internacional en Colombia han hecho que Ángela Anzola conozca de cerca cómo se encuentran las niñas a lo largo y ancho del país. “El tema de género siempre había sido importante para mí, pero como secretaria de la Mujer de Bogotá [2018-2020] y en otros puestos públicos siempre había hablado con mujeres ya grandes, adultas. Se te olvida que fueron niñas y que muchas de las cosas terribles, como la violencia del conflicto armado, les empezaron a suceder en la infancia”, relata. Ahora, ve con claridad que las niñas son el grupo más marginado, tanto por su edad como por su género. “Es sistémico, en todos los estratos y regiones. Ves cómo les imponen labores de cuidado, escuchas casos desgarradores de violencia sexual”, apunta.

Anzola considera que la prohibición del matrimonio infantil y la política pública de prevención son importantes porque ponen la lupa en esta violencia. “Mandan un mensaje de que a la niñez hay que respetarla y que, en particular, a las niñas no las podemos seguir tratando como ciudadanas de segunda o tercera”, remarca. Sin embargo, al igual que la congresista Pedraza, lamenta que se quitaran las definiciones de la problemática como un tema de género. Enfatiza que el número de niñas sometidas a estos matrimonios es tres veces mayor al de los niños. “Por la cultura patriarcal, muchas familias creen que a las niñas les conviene estar con un hombre adulto que se va a encargar de ellas, sin pensar que terminan a su servicio”, afirma. También señala que el nivel de violencia es mayor contra ellas: “Es malo que un varón se case a temprana edad, pero no le van a exigir que se quede en la casa, no le van a pegar, no le van a decir que engendre hijos”.

La presidenta de Plan en Colombia no tenía grandes expectativas al comienzo del trámite legislativo. “Ya habíamos apoyado en otras ocasiones y luego no salía. Lo vimos como una oportunidad más”, dice. Para ella, hubo aspectos clave que hicieron que esta vez fuera la vencida. Menciona que la independiente Pedraza y la gobiernista Vásquez “se la jugaron toda” en la Cámara de Representantes, que la senadora Clara López aportó su amplia experiencia en la cámara alta y que en Colombia todavía existe “cierta madurez política”. “Tengo desacuerdos con Paloma Valencia [una senadora de derechas], pero hay que reconocer que fue muy noble. Aunque presentó el proyecto hace unos años y la izquierda se lo tumbó, decidió apoyar este porque las niñas están por encima de las disputas”, ejemplifica. Cree, además, que sirvió que los congresistas vieran en aquellos días el rechazo social que produjo la canción +57 por sexualizar a una adolescente.

Lorena Parada y Marco Camacho

A la par del proyecto de ley en el Congreso, se abrió un segundo frente ante la Corte Constitucional. Detrás, estuvieron cinco estudiantes de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), en Medellín. Lorena Parada, Marco Camacho, Ángela Lucero, Carlos Galindo y Andrea Arango presentaron a mediados de 2024 una demanda de inconstitucionalidad contra tres artículos del código civil y dos leyes que permitían esta practica. La Corte les dio la razón en una sentencia conocida el pasado 6 de febrero, unos días antes de la sanción presidencial de la ley. Asimismo, ordenó al Gobierno que diseñe las políticas públicas necesarias para prevenir estos enlaces.

La demanda tiene su origen en un congreso de Derecho Constitucional que los estudiantes organizaron en la UPB a mediados de 2023. Camacho le sugirió a Parada que hiciera una ponencia sobre el matrimonio infantil, un asunto que ya varios abogados habían intentado abordar sin éxito ante la Corte Constitucional. “Yo lo veía como el tema más importante en términos de Derecho de Familia. Podía tener un efecto importante a nivel social y cultural”, dice Camacho. Ella, en tanto, se entusiasmó con un tema que al principio le sorprendió tanto como a las congresistas Vásquez y Pedraza. “No podía creer que siguiera existiendo en Colombia”, relata Parada. Unos meses después, Camacho sugirió que convirtieran la investigación del congreso en una nueva demanda ante la Corte Constitucional.

Los estudiantes cambiaron la estrategia con respecto a intentos anteriores. Sabían que el alto tribunal no tomaría en cuenta argumentos sobre los impactos en la deserción escolar o en la violencia sexual. “Son consecuencias, pero la Corte no las considera pertinentes ni certeras para probar la inconstitucionalidad del matrimonio en sí”, explica Parada. Entendieron que la clave era ser más directos y pragmáticos: señalaron que el matrimonio infantil está prohibido por el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y que el artículo 93 de la Constitución reconoce la jerarquía constitucional de este tratado, ratificado por Colombia en 1982.

La Corte les solicitó unas especificaciones que Camacho describe como llamativamente amables. Después, admitió la demanda. Según cuentan Parada y Camacho, ya en noviembre los magistrados parecían ser muy conscientes de la importancia del tema y tenían casi lista la sentencia. “La magistrada ponente me dijo en un evento que muchas gracias porque hace tiempo querían resolver este fenómeno social, pero que no les había llegado hasta ahora una demanda en forma. Me dijo que les habíamos concedido una oportunidad”, relata Camacho.