Cómo evitar otra masacre en Cuba

La orden ejecutiva de Donald Trump del 29 de enero, por la cual se amenaza con aranceles a proveedores de combustible a Cuba, y su mayor o menor acatamiento por parte de Rusia o México, parece colocar a la isla entre el colapso y alguna extraña negociación. Las dos opciones serían de pesadilla, aunque hasta en las pesadillas hay grados: apagón generalizado, hambruna, epidemias, violencia, estallido social, éxodo masivo, intervención militar; o entendimiento con el Gobierno de Donald Trump y Marco Rubio en condiciones desfavorables.

La forma en que el Gobierno cubano ha reaccionado a la secuencia de eventos que van del ataque a Caracas a la orden ejecutiva de Trump es la de siempre: atrincheramiento, gritos de patria o muerte, movilizaciones oficiales y ejercicios militares. Pero tampoco han faltado los llamados a la solidaridad mundial, si bien lo decisivo esta vez sería la reacción específica de dos países, México y Rusia, y discretos mensajes de disposición al diálogo con Estados Unidos en condiciones de igualdad.

Hasta ahora no ha habido declaraciones contundentes ni del Kremlin, Vladimir Putin, el Gobierno mexicano o su presidenta Claudia Sheinbaum, de que se continuará el suministro de petróleo a Cuba al ritmo de 2025. La presidenta mexicana ha sugerido, en días recientes, que la disminución de las ventas de Pemex a la isla podría mantenerse, aunque continuarían los envíos por ayuda humanitaria. En dado caso, con un único ingreso de crudo esporádico de Rusia y México no se contiene el desastre.

Pensando con frialdad, solo habría tres formas de evitar el peor desenlace, que sería el colapso del país. Una primera, que desea buena parte de la izquierda partidaria del Gobierno cubano en el mundo, sería que China, Rusia e Irán pasen de una fase declarativa a otra de posicionamiento político y militar a favor de la isla. Se reproduciría, entonces, salvando las distancias, un escenario parecido al de la Crisis de los Misiles de 1962.

Otra ruta para evitar una masacre en la isla, como consecuencia de la paralización del país, podría ser que el Gobierno cubano se decidiese a retomar el camino de las reformas, que cerró exactamente hace diez años, cuando se vio desestabilizado por la normalización diplomática de Barack Obama. En aquel momento, la apertura y el entendimiento con Estados Unidos eran conducidos por Raúl Castro, quien no estaría en condiciones de hacerlo ahora.

A quien correspondería encabezar las reformas es a Miguel Díaz-Canel, cuya presidencia fue resultado, justamente, del giro inmovilista, promovido personalmente por Fidel Castro antes, durante y después de la visita de Obama a La Habana en marzo de 2016. Esto complica dicha salida, pero tampoco la hace imposible, sobre todo, si la recuperación de la lógica reformista se produce desde el criterio de que no se puede proponer como solución aquella misma apertura limitada, sino una más profunda, que incluya cambios políticos, deliberadamente postergados durante el proceso constituyente de 2019.

La tercera vía para evitar un desplome del sistema, acompañado de ingobernabilidad, violencia social, represión y eventual intervención militar de Estados Unidos, es una negociación directa con Donald Trump y Marco Rubio. Para que esa negociación tenga lugar tendría que producirse una fractura en la élite, por ahora imperceptible, o que el propio Díaz-Canel u otro funcionario o funcionaria en su nombre, con el aval de Raúl Castro y los principales dirigentes del Partido Comunista, el Estado y el Ejército, entraran en diálogo directo con Washington.

Se ha repetido, con razón, durante este mes, que Cuba no tiene recursos naturales ambicionados por Trump, como el petróleo venezolano. Más allá de que el país cuenta con tierra raras y reservas de níquel, cobalto, cromo, cobre y otros minerales en las zonas orientales de Moa, Nicaro, Punta Gorda y Cupey —que en los últimos años han atraído interés de compañías chinas, canadienses e, incluso, estadounidenses—, la isla es, en sí misma, un recurso natural valioso, con una infraestructura turística que ha crecido en los últimos años, aunque de muy bajo rendimiento, por ahora.

En cualquier negociación, una prioridad de la actual dirigencia insular será siempre preservar la mayor cantidad de privilegios e inmunidad. Conociendo el extraordinario valor que esa dirigencia concede a la imagen de Cuba en el mundo, como símbolo de resistencia al imperialismo, seguramente esa burocracia también querrá preservar su repertorio simbólico, aunque ceda en temas tan sensibles como una amnistía de presos políticos, una nueva ley de asociaciones y, por supuesto, una apertura de la economía cubana al capital privado nacional e internacional.

La pregunta es si Donald Trump y, sobre todo, Marco Rubio, que en esa administración no solo es el secretario de Estado sino el único con una clara agenda de cambio de régimen y transición democrática en Cuba, estarían dispuestos a conceder a la nomenclatura insular las mismas garantías que han ofrecido a la élite madurista en Caracas. Si, por ejemplo, a cambio de asumir el abastecimiento energético de la isla y abrir líneas de crédito e inversiones para la extracción de minerales raros y el relanzamiento del turismo, serían capaces de permitir que Raúl Castro muera en su cama y se le rindan honores como líder histórico de la Revolución Cubana.

Todo esto suena a fantasía o, incluso, a pesadilla a unos y otros. Pero lo que podría suceder, de no verificarse alguna de esas tres salidas preventivas, sería otra pesadilla, más desoladora y terrible para la ciudadanía harta y empobrecida de la isla. Ya vimos, en el verano de 2021, cómo reacciona el Estado cubano a un estallido social. Tan solo imaginemos qué pasaría si se repiten, a mayor escala, esas protestas y se desata la represión, frente a un gobierno como el de Trump, envalentonado por su operación venezolana.