La reconstrucción de un crimen brutal: así fueron las últimas horas de los cuatro niños asesinados en Ecuador

Los hechos escalofriantes, que esta semana han sido narrados con precisión investigativa de la que han sido testigos las familias, ocurrieron el 8 de diciembre de 2024. A las 20.30 horas, una patrulla compuesta por 16 militares de la Fuerza Aérea ecuatoriana se detuvo en la Avenida 25 de Julio con el objetivo de capturar a un grupo de diez adolescentes y niños que salían de una cancha de fútbol. Eran afroecuatorianos y provenían del barrio Las Malvinas, uno de los sectores más vulnerables de Guayaquil. La mayoría de los jóvenes corrió y logró dispersarse. Cuatro no tuvieron la misma suerte. Se llamaban Ismael, Josué, Nehemías y Steven. Nunca más se les volvió a ver con vida.

La escena donde comenzó este drama fue acordonada con cinta amarilla para recrear los hechos, hace unos días, con las autoridades judiciales tomando nota. Los 16 soldados, uniformados, con las manos esposadas y el rostro cubierto por pasamontañas, recrearon el momento. A un costado, las familias de los menores observaban cómo los peritos en criminalística repetían las acciones, intentando hacerlas lo más precisas posible: cómo los agarraron, cómo los subieron a la parte trasera de la camioneta, y los golpes que recibieron.

Durante el proceso, uno de los militares acusados recordó algo nuevo, según explica Abraham Aguirre, abogado de las familias. Un detalle que hasta entonces nadie había mencionado en casi tres meses de investigaciones. “Uno de ellos dijo que debajo del puente, donde comenzó la detención, hay una escalera que lleva a un paso peatonal. Y recordó que, en ese lugar, había un arma de juguete que, presumiblemente, uno de los niños usó”, relata el abogado defensor. Aguirre no se muestra sorprendido por este dato imposible de comprobar, pues la principal hipótesis que tanto los soldados como el Gobierno han sostenido para justificar la captura de los menores ha sido construir la narrativa de que eran delincuentes, algo que la Fiscalía ha desmentido al no encontrar evidencia alguna. “Lo único que logran los militares con esta declaración es evidenciar que el procedimiento fue incorrecto y que los niños fueron sometidos a vejámenes”, concluye Aguirre.

La reconstrucción de los hechos se prolongó durante doce horas. Al amanecer, los acusados, el equipo de forenses, un contingente de militares y policías encargados del resguardo, y los familiares de los niños se trasladaron hasta Taura, un sector rural que está a una hora de Guayaquil, donde el crimen organizado ha ganado terreno en los últimos años. Este pequeño poblado, habitado por cangrejeros y pescadores, se encuentra a un paso de una base militar. Allí, los militares escondieron al niño de 11 años y a los tres adolescentes. Según sus primeras versiones, su intención era entregarlos a los policías de una comisaría cercana, donde regularmente ellos entregan a los detenidos producto de sus operativos.

“Esto es inaudito. No podían trasladarlos de una ciudad a otra, ¿y para qué? ¿Dejarlos en manos de quién? ¿De policías? ¿Por qué?”, se cuestiona Aguirre, quien subraya que ni los militares ni los policías tienen la autoridad para determinar quién es inocente o culpable. Además, al tratarse de menores de edad, recalca, solo los jueces de adolescencia tienen la facultad para abordar estos casos.

Sin embargo, al llegar, la comisaría supuestamente estaba cerrada, dijeron en sus versiones. Pero la reconstrucción de los hechos reveló otra verdad: los militares ni siquiera se acercaron a ella. Los llevaron directamente hacia la que se cree que se convirtió en la escena del crimen: un camino angosto de tierra, a 30 minutos de la zona poblada, rodeado de maleza, sin luz y desolado.

Según los testimonios de los implicados ante los forenses, fue en este lugar oscuro donde dejaron a los niños, completamente desnudos y abandonados. “Los militares dijeron que en el camino se encontraron con un árbol caído por el impacto de un rayo, que bloqueaba la vía. Aseguraron que los niños se “conmovieron” y bajaron a ayudar a moverlo. Para este momento, ellos ya estaban desnudos y golpeados”, relata el abogado de las familias. Durante la pericia, no se halló rastro de dicho árbol, ni siquiera las raíces. En ese lugar sombrío y apartado, los niños fueron dejados a su suerte.

Esta fue la primera vez que los padres conocieron el lugar donde, según los militares, se produjo el último contacto con sus hijos. Todos pudieron imaginar el miedo palpable que vivieron aquellos niños, desnudos y golpeados, en la madrugada del 8 de diciembre. “Nosotros, que estuvimos allí, resguardados, vimos que se trataba de un camino peligroso, sin iluminación. Solo imaginar a los tres adolescentes y al niño en ese lugar es entender que estaban expuestos a lo peor, como ocurrió”, señala el abogado. Cerca de las 8.00 de la mañana terminó la diligencia, que para la defensa de las familias, ha dejado ver algunas inconsistencias en los testimonios de los militares.

A finales de marzo concluirá la etapa de investigación, y será entonces cuando se determine si el fiscal acusará a los militares de un delito de lesa humanidad que en Ecuador puede ser sancionado con hasta 26 años de prisión. Mientras tanto, los procesados insisten en ser liberados durante el proceso judicial y han conseguido una nueva audiencia para solicitarle a un juez que los deje en libertad. Paralelamente, se mantiene abierta otra investigación para esclarecer quién fue el responsable del asesinato cruel de los niños. Eran solo eso, unos niños.