Los mataron y los descuartizaron. Eran unos niños

Ismael, Josué, Nehemías y Steven jamás tendrán la licencia de conducir, no se casarán ni votarán. No regresarán a la cancha de fútbol donde solían jugar ni podrán comprar la casa que soñaban regalarle a su madre. La noche del 8 de diciembre, un escuadrón compuesto por 16 militares los capturó, los subió a la caja de una camioneta, los golpeó en la cara y los llevó a una zona rural donde hay una base militar. Todo quedó registrado en las cámaras de videovigilancia, en lo que sería la última noche en que los niños fueron vistos con vida.

La tarde de Navidad, llegó la noticia que ningún padre quiere recibir: deben ir a la morgue a intentar reconocer los restos calcinados de sus hijos. Los investigadores, guiados por informantes, llegaron a una zona pantanosa de Taura, de difícil acceso, y allí desenterraron los huesos sepultados en el fango. Ante esos fragmentos de cuerpos, era imposible creer que pertenecieran a los niños, aquellos chicos de huesos fuertes, musculatura definida, piel gruesa, sonrisa amplia y ojos vibrantes.

“Yo los cuidé, hice todo para que estuvieran bien”, repetía una y otra vez Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué, durante el velorio, frente al féretro envuelto en plástico. Aquel caluroso 1 de enero en Guayaquil, se colgó las medallas que Ismael había ganado en los campeonatos de fútbol. Era tan buen jugador que, a sus 15 años, ya formaba parte de una liga profesional. La familia sacrificó mucho para comprarle los zapatos adecuados y que Ismael pudiera cumplir su sueño de estar en un equipo de fútbol. Su cuarto, dice Luis, permanece intacto. Por las noches, en sus desvelos, entra y se queda allí, esperando verlos dormidos en sus camas, como antes. “Me quedo pensando en la forma en que les quitaron la vida, mutilándolos, quemándolos. Estoy fuerte solo por la fuerza de Dios”, afirma el padre.

No hay un solo momento en que Luis no piense en la vida que compartió con ellos. Los recuerda cuando ve el espacio vacío en su moto, que antes ocupaban Ismael y Josué, cuando los recogía del colegio y los llevaba a los entrenamientos. Ahora viaja solo.

Nehemías Arboleda cumplió 15 años tres días después de que la patrulla lo capturara. Vivía en una pequeña casa de caña y madera. Nehemías amaba cantar y ya había aparecido en videoclips de artistas locales. Steven, el más pequeño, de solo 11 años, participaba en grupos comunitarios donde se reunía con otros niños para jugar.

El barrio Las Malvinas sigue viviendo bajo la sombra del crimen que segó la vida de estos cuatro jóvenes. “Los niños tienen miedo de los militares, los ven pasar y salen corriendo a las casas”, cuenta Luis. La presencia de los soldados siembra temor, especialmente entre las familias de los cuatro chicos, quienes se enfrentan a una institución que muestra su poder con el respaldado de un Gobierno que no protegió a los niños, que intentó incriminarlos por delitos que no cometieron, y que culpó a las familias por permitir que sus hijos estuvieran fuera de casa esa noche. “Ni siquiera el presidente nos ha dado el pésame”, sentencia Luis.

En la cancha de fútbol donde Ismael había ascendido de categoría, sus amigos de entrenamiento y del barrio se unieron para aplaudir al unísono: “¡Somos futbolistas, no delincuentes!”. Vestidos de blanco, organizaron un partido amistoso en honor a los chicos. En un momento, Luis Arroyo, el padre de Ismael y Josué, sumido en la negación de la realidad, olvidó por un instante el destino de sus hijos y sonrió.

Para el Día de Reyes, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, publicó un video en el que, rodeado de personal militar, intentaba cumplir con la sentencia de una jueza que, a través de un habeas corpus, había reconocido la desaparición forzada de los jóvenes. “Estoy aquí para decirles a las familias de Ismael, Josué, Saúl y Steven que jamás se podrá entender lo que están sintiendo. Lo lamento, mis más sentidas disculpas”, dijo Loffredo, aunque su tono presagiaba que el “pero” llegaría enseguida. “Como ministro de Defensa Nacional, dejo en claro que esta noble institución no participó, ni directa ni indirectamente, en ningún acto de desaparición forzada”, añadió, calificando la decisión judicial como injusta y cargada de tintes políticos. Para cerrar, dejó claro su veredicto: “Señora jueza, he cumplido con lo dispuesto, pero llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación. No permitiré que esta sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas”.

Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, institución a cargo de la defensa legal de las familias, denuncia que “esta es una conducta habitual del Gobierno para atacar a los jueces que no se alinean con sus intereses”. Las amenazas del ministro no solo afectaron a los jueces, sino también a los grupos de derechos humanos, a quienes acusó de ser instrumentos de persecución política.

“Es una conducta ya general del Gobierno para atacar a los jueces que no respondan como ellos quieren”, dice Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, que lleva la defensa legal de las cuatro familias de las Malvinas. Las amenazas del ministro también se extendieron a los grupos de derechos humanos, que los acusó de usar una narrativa que sirve de instrumento de persecución política.

No se sabe con exactitud cuándo fueron asesinados. Si ese mismo 8 de diciembre, cuando Ismael logró llamar a su padre a pedir que los salvara o si estuvieron secuestrados antes de que sus cuerpos fueran dejados en el pantano. No se conoce en qué momento del cruel acto de tener al frente a los niños los asesinaron, tampoco cuál fue el instante en el que los responsables de la masacre infantil, decidieron quemarlos… o si los quemaron vivos.

El próximo 30 de enero se ha fijado la audiencia de la reconstrucción de los hechos, donde todos los implicados se verán las caras por segunda vez. Los hechos: los secuestraron y los asesinaron. Otro hecho: eran unos niños.