Los candidatos limitan sus actos de campaña en Ecuador por temor a la violencia

La campaña electoral en Ecuador arrancó oficialmente en medio de un clima de creciente inseguridad, reavivando los temores por la violencia que ensombreció las elecciones pasadas. El ataque armado contra el hijo de uno de los candidatos presidenciales, el atentado a un aspirante a la Asamblea, el asesinato de un alcalde y el secuestro de una legisladora ponen de nuevo en evidencia los riesgos de un entorno electoral marcado por el crimen organizado.

El recuerdo del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023 en plena campaña electoral, sigue vivo. Villavicencio, uno de los candidatos presidenciales, fue acribillado tras un mitin político en un acto que conmocionó al país. Este trágico suceso dejó una huella profunda en la sociedad ecuatoriana, que ahora observa con creciente preocupación el panorama electoral.

El primer atentado de relevancia tuvo como víctima a Diego Jairala, hijo del excongresista y exprefecto de la provincia de Guayas Jimmy Jairala. La madrugada del 20 de octubre, Diego y su grupo de amigos salían de un concierto en el norte de Guayaquil cuando fueron interceptados por varios hombres armados. Once disparos fueron realizados contra el vehículo en el que viajaban. El custodio de la familia, Cipriano Quiñónez, recibió tres disparos -uno en el estómago y dos en los brazos- y debió ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones.

“Los vidrios del carro son oscuros, no vieron quién estaba manejando”, explica Jairala, que exigió que se esclarezca el motivo del ataque, en medio de la preocupación por la apresurada declaración de las autoridades, que no catalogaron el hecho como un atentado, sino como un robo. “No fue ni un intento de robo ni de secuestro, porque no se robaron nada, ni intentaron secuestrar a nadie”, subraya indignado Jairala. A su juicio, las autoridades se apresuraron a difundir una versión incompleta, sin siquiera haber tomado declaración al custodio y sin haber concluido la investigación.

Un mes después, el candidato a la Asamblea por el Partido Socialista, Joselito Arguello, y su padre fueron víctimas de un ataque armado cuando salían de un conversatorio con comuneros en una zona rural de la provincia de Santa Elena. En respuesta, el candidato presidencial por el mismo partido, Daniel Granja, mostró su desánimo, señalando que “hacer política en estas circunstancias es sencillamente imposible” y se planteó abandonar la contienda política.

Pero la violencia no cesa, con la campaña en marcha, dos recientes episodios tiñen de sangre la carrera electoral: el asesinato del alcalde de Arenillas, Eber Ponce, en la provincia de El Oro, y el secuestro de la asambleísta del partido oficialista Yadira Bayas. Este clima de inseguridad ha obligado a los candidatos a reconfigurar sus estrategias, refugiándose en las redes sociales y limitando al máximo su presencia en las calles.

Las elecciones de febrero pondrán a prueba al Gobierno y las capacidades de la Policía para prever a tiempo cualquier atentado contra los candidatos presidenciales y legislativos. Tras el ataque al hijo de Jimmy Jairala, las autoridades activaron de inmediato un dispositivo de seguridad para todos los postulantes. De hecho, justo antes del atentado, la Policía había evaluado el riesgo de la familia Jairala y, como medida preventiva, asignó al candidato un anillo de seguridad compuesto por nueve agentes y dos vehículos, aunque sin blindaje. “No sé cuál es la información de Inteligencia que tiene la Policía, pero nos recomendaron movilizarnos en vehículos con blindaje de nivel cinco, uno de los más altos”, explica el aspirante a la presidencia.

En un acuerdo entre el Consejo Nacional Electoral y la Policía, 142 agentes han recibido formación en protección de personas en riesgo y estarán encargados de la custodia de los binomios presidenciales. “El Gobierno tiene una responsabilidad enorme, porque al que le perjudica políticamente que le pase algo a un candidato es al Gobierno”, dice Jairala.

El anillo de seguridad acompaña a los candidatos en todas sus actividades, y también les han recomendado usar chalecos antibalas, una imagen que se hizo visible por primera vez en las elecciones de 2023 tras el asesinato de Villavicencio. “Hay que adaptarse a esta nueva forma de campaña impuesta por la violencia”, dice el candidato, un político de la vieja guardia, quien recuerda tiempos en los que los candidatos pasaban más en las calles que en las redes sociales. Hace tres elecciones, asegura, las caminatas en territorio representaban el 90% de la estrategia para conquistar al electorado, a quien podían tocar la puerta, dar la mano e, incluso, sentarse a comer en alguna casa. El resto del tiempo se destinaba a redes sociales y medios de comunicación. Aun los barrios considerados ‘peligrosos’ nunca habían sido zonas impenetrables.

Pero eso cambió en las últimas elecciones seccionales, cuando en algunos barrios controlados por pandillas se exigía un “peaje” a los candidatos para “cuidarlos”. “A mí me sucedió hace dos años, cuando me postulé a la Alcaldía de Guayaquil. Con mi equipo quisimos entrar a Socio Vivienda, y solo pudimos hacerlo si nos acompañaban tres motos con miembros de la banda que opera allí”, recuerda Jairala, quien también considera que las redes sociales jugarán un papel fundamental en la campaña, donde aquellos candidatos con más recursos para pautar en las plataformas digitales tendrán ventaja, en un entorno donde no existe un control del Consejo Electoral.