Un militar salvadoreño huido a Estados Unidos, acusado por el asesinato de cuatro periodistas holandeses durante la guerra civil

El coronel salvadoreño Mario Adalberto Reyes Mena es prófugo de la justicia salvadoreña desde hace dos años y basta con buscar en internet para saber dónde encontrarlo. En Centerville, Virginia, una localidad ubicada en la costa este de los Estados Unidos. Sin embargo, el militar en condición de retiro, acusado por el asesinato de cuatro periodistas holandeses durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992), ha logrado evadir a la autoridad hasta el día de hoy. Este jueves, un conjunto de organizaciones defensoras de derechos humanos interpuso una denuncia civil en su contra ante el Tribunal del Distrito Este de ese estado.

Reyes Mena es reclamado desde el 12 de octubre 2022 por un juzgado salvadoreño y buscado por la Interpol al menos desde abril de 2023 luego de ser señalado como el principal responsable de la masacre de los periodistas Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemse y Hans ter Laag, de la cadena IKON, asesinados por militares el 17 de marzo de 1982. Según la acusación, los hechos ocurrieron mientras los periodistas documentaban violaciones a derechos humanos por parte de la Fuerza Armada salvadoreña durante el conflicto armado. El caso lleva más de 40 años en impunidad.

La reciente acusación, de la cual EL PAÍS tiene una copia, ha sido presentada por a título personal por Gert Kuiper, hermano de Jan, uno de los periodistas masacrados. Según la demanda, además los periodistas, en la emboscada fueron asesinados cuatro guerrilleros que servían de guías, entre ellos un niño de 12 años.

La denuncia interpuesta en Virginia es una demanda civil que busca un resarcimiento económico a favor de Kuiper; sin embargo, según los abogados que la presentaron esta busca además legitimar el caso ante Estados Unidos para que sea deportado y enfrente la justicia en El Salvador por las cuatro víctimas.

Según la Claret Vargas, abogada principal del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que respalda la demanda en Estados Unidos, aunque Reyes Mena tiene una difusión roja de la Interpol, no es posible su captura, pues las leyes de ese país lo protegen. “Estados Unidos no considera que una notificación roja constituya por sí sola una base suficiente para la detención de una persona, ya que no cumple los requisitos para ello establecidos en la Cuarta Enmienda de la Constitución”, puede leerse en el sitio web del Departamento de Justicia de Washington.

En 1982, al momento de los hechos, Reyes Mena era comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, donde se planificó la emboscada y de donde salió el el batallón que cometió la masacre. Junto a él, otros cuatro militares también son acusados. Estos son el general José Guillermo García, exministro de la Defensa, el coronel Francisco Antonio Morán, exdirector de la Policía de Hacienda, el sargento Mario Canizales Espinoza (quien dirigió la patrulla que realizó la emboscada) y el general Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor de El Salvador. De estos, los primeros dos guardan prisión desde 2022 en un hospital en la capital salvadoreña alegando problemas de salud y los últimos dos ya fallecieron.

Con esta demanda, suman tres investigaciones en contra de Reyes mena ya que también es investigado en Holanda. Según la acusación presentada este jueves, el militar en condición de retiro vive en Virginia, donde fue ubicado desde hace seis años gracias a un reportaje realizado por el programa de televisión holandesa Zembla. El reportaje, además de confrontar al acusado con los documentos que respaldan su acusación, reveló que asesores estadounidenses estuvieron involucrados en el caso. El papel de Estados Unidos en la guerra civil salvadoreña fue clave y consistió no solamente en financiamiento sino en entrenamiento militar y asesorías.

Tras el fin de la guerra en enero de 1992, el caso del asesinato de los periodistas holandeses fue documentado por la Comisión de la Verdad de la ONU en el informe De la locura a la esperanza, publicado en 1993. El reporte documentó al menos 160 masacres más cometidas durante la guerra civil salvadoreña, la mayoría a manos del Ejército. En el documento se señala a Reyes mena como uno de los principales responsables de la muerte de los periodistas.

Tras la publicación del informe de la ONU, el Parlamento salvadoreño aprobó una ley de amnistía general que protegió e impidió investigaciones en contra de los perpetradores. Sin embargo, esa ley fue abolida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2016. A partir de ese año, la Fiscalía salvadoreña abrió varias causas penales por delitos de lesa humanidad. En 2018, los familiares de los cuatro periodistas interpusieron una demanda anta las autoridades salvadoreñas y en 2022 un juzgado ordenó la captura los acusados.

Impunidad para las víctimas de la guerra en El Salvador

Desde que la justicia salvadoreña derogó la Ley de Amnistía General, en 2016, la Fiscalía ha abierto varias investigaciones por masacres emblemáticas cometidas durante la guerra civil, e incluso creó una unidad especializada para ello. Entre las masacres que han sido llevadas a los tribunales está la más grande cometida en América al día de hoy, la masacre de El Mozote, ocurrida el 11 de diciembre de 1981, en la que militares mataron a casi mil personas, la mayoría mujeres y niños. Sin embargo, ninguno caso ha llegado a una condena.

En el caso de El Mozote, uno de los mayores impedimentos para llegar a la justicia ha sido que todos los Gobiernos, incluyendo dos del FMLN, la exguerrilla, se han negado a abrir los archivos militares en los que puede haber información relevante.

Con la llegada del presidente Nayib Bukele al poder, en 2019, el mandatario ofreció a las víctimas abrir los archivos militares en su totalidad. “Estamos por que se conozca la verdad en todo su espectro: de la A a la Z. Es más, si el juez nos pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer hasta la Z”, dijo el popular mandatario cinco meses después tomar posesión. Sin embargo, un año después de sus palabras, al igual que sus predecesores, negó el acceso al juez al recinto del Estado Mayor, alegando un complot y sin presentar ninguna prueba. Y al año siguiente, en 2021, destituyó al juez que había llevado por años la causa, encargándolo a una nueva jueza que ha paralizado el proceso.

El único caso que ha prosperado hasta llegar a juicio fue abierto el 11 de enero de 2023 en contra de cuatro exguerrilleros acusados de matar a una mujer en el contexto de la guerra. El caso, sin embargo, ha generado mucha polémica en El Salvador ya que los cuatro acusados eran líderes comunales que luchaban en contra de la minería metálica. Sobre este caso, las víctimas enfretarán un juicio este mismo jueves.