La violencia y el crimen organizado, los grandes obstáculos del desarrollo en Latinoamérica

Toques de queda, tropas en las calles, hombres armados en un estudio de televisión: las imágenes provenientes de Ecuador hace dos semanas fueron un crudo recordatorio de la presencia rampante de la violencia y el crimen organizado en América Latina y el Caribe (ALC). No se ha debatido lo suficiente la relación de esta violencia con el desarrollo.

América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo y la violencia viene en aumento. El número de homicidios por persona es cinco veces mayor que en América del Norte y diez veces más alto que en Asia. La región alberga el 9% de la población y en ella ocurre un tercio de los homicidios del mundo.

La violencia desempeña un papel importante en la decisión de migrar. Médicos Sin Fronteras señala que, si bien los incentivos económicos son un factor de empuje, la violencia es un factor decisivo para la migración a Estados Unidos desde Centroamérica. La violencia también amplifica la desigualdad preexistente. Las víctimas están sobrerrepresentadas entre los más desfavorecidos: los pobres, los jóvenes, las minorías étnicas y los grupos LGBT+.

La violencia social y doméstica es muy extendida y afecta especialmente a las mujeres. La violencia política, incluidas protestas violentas, brutalidad policial, ejecuciones extrajudiciales, y violencia contra defensores de derechos humanos, activistas ambientales, políticos y periodistas también es frecuente. Sin embargo, desde principios de la década de 2000, el crimen organizado es la principal fuente de violencia en la región.

La situación es tan desalentadora como el crecimiento mediocre de la región, su baja productividad y sus niveles altísimos de desigualdad. Sin embargo, usualmente no nos detenemos en hacer las conexiones: hay evidencia de que las sociedades más desiguales suelen ser más violentas; y las sociedades desgarradas por la violencia no pueden alcanzar tasas de crecimiento más altas para generar empleos, poner fin a la pobreza y reducir la desigualdad.

La violencia afecta el crecimiento económico por varios canales. Cuando amenaza los derechos de propiedad, afecta las decisiones de inversión. Un estudio muestra que, en Colombia, cuando el acuerdo de paz parecía inminente, aumentó la creación de empresas. Y se detuvo cuando el acuerdo fue rechazado en un plebiscito nacional.

Frente al crimen y la violencia, los Gobiernos gastan más en seguridad y menos en desarrollo; la violencia destruye el capital humano afectando el mercado laboral y daña a las sociedades al reducir la productividad.

En 2012, un informe del Banco Mundial estimó el costo de la violencia en 8% del PIB en seis países de la región, y que una reducción del 10% en la violencia conduciría a un aumento de un punto porcentual en el crecimiento económico anual en los dos países más violentos.

La violencia debilita la capacidad del Estado, haciéndolo más vulnerable y menos capaz de tomar medidas para defenderse. En casos extremos, puede socavar su soberanía e independencia.

La violencia es el epicentro de los problemas más apremiantes de ALC y, por lo tanto, debe estar al centro de las conversaciones sobre crecimiento económico, productividad, pobreza y reducción de la desigualdad.

No hay una política única que erradique mágicamente la violencia, pero hay prioridades identificadas y áreas en las que necesitamos más conocimiento para mejorar el diseño de políticas. En 2016, un reporte del Banco Mundial revisó exhaustivamente políticas y programas que pueden prevenir la violencia juvenil y han sido eficaces para reducir la afiliación a pandillas. Este informe, y el mencionado antes, enfatizan la prevención como una prioridad y la importancia de la evidencia para el diseño de políticas. Las economías vibrantes que ofrecen empleos ayudarán a sacar a los jóvenes de la delincuencia, por lo que el crecimiento económico en sí contaría como prevención del delito. Pero existe el desafío de encender los motores del crecimiento económico en medio de la violencia y el crimen.

La región necesita mejores sistemas policiales y judiciales protegidos de la captura por parte de organizaciones criminales, programas para atender la salud mental de las víctimas y reparar el tejido social, una producción sistemática de datos para comprender los patrones de violencia del crimen organizado e identificar rutas de política prometedoras. También necesita iniciar una conversación sobre las opciones para contener la violencia del crimen organizado que frena a la región e impide que todas las personas tengan vidas que puedan elegir y valorar. Los problemas de carácter supranacional requieren soluciones coordinadas que vayan más allá de las fronteras nacionales.

Esta columna hace un llamado a Gobiernos, academia, sector privado, sociedad civil y la comunidad internacional a reconocer la necesidad urgente de actuar y unir fuerzas para enfrentar juntos al monstruo que acecha América Latina y el Caribe.

Siga toda la información de El PAÍS América en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.