Las inhabilitaciones políticas del chavismo o cómo neutralizar rivales incómodos

Las inhabilitaciones políticas, como la que hoy afronta la ganadora de las primarias de la oposición venezolana, María Corina Machado, han sido una de las herramientas más eficaces que ha empleado el aparato chavista cuando ha necesitado sacar de la carrera a aquellos adversarios que pueden poner en peligro su continuidad en el poder. En el trazo grueso, el chavismo conserva algunos modales flexibles: no ha renunciado a las citas electorales, procura imitar el lenguaje liberal-democrático a conveniencia y, aunque controla con sus tentáculos todos los poderes públicos, aún permite la existencia legal de los partidos opositores, incluso aquellos con los cuales hay una manifiesta enemistad, como Voluntad Popular.

A cambio, para neutralizar el progresivo asedio popular de las corrientes antichavistas sin perder el equilibrio, Miraflores ha decidido, cuando ha sido necesario, sacar de la carrera a todo aquel que tenga un arrastre de suficiente calado como para desafiar su presencia en el poder. Puede ser con una demanda legal, o un planteamiento político grave, como la “traición a la patria”. Y además, o inclusive, con una medida como la inhabilitación política, mucho más depurada. Un dardo venenoso silente, similar a una carta de despido, de bajo costo y enorme efectividad.

La inhabilitación no es un recurso nuevo, y ni siquiera ha sido necesario que la elección sea presidencial para que se concrete. En 2008, Leopoldo López fue inhabilitado para competir como candidato a la Alcaldía Mayor de Caracas —medida todavía vigente— bajo acusaciones de irregularidades administrativas, en unos comicios que muy probablemente habría ganado.

La oposición tropezó entonces con la enorme prevención que tenía el propio Hugo Chávez a ceder el poder político de Caracas, si bien aceptaba teóricamente la derrota en el resto de los Estados del país. El candidato sustituto de López, Antonio Ledezma, terminó ganando esa elección, y Miraflores abortó igualmente el efecto de aquella victoria, tomando violentamente la Gobernación del Distrito Capital y redactando en el Parlamento que entonces dominaba una nueva ley que vaciaba de contenido las atribuciones de la Alcaldía de Mayor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo a favor de López y sus derechos políticos vulnerados.

En plena crisis política de 2017, la Contraloría General de la República —rama del poder público encargada de velar por la pulcritud en los procesos administrativos del país— inhabilitó políticamente, por 15 años, a Henrique Capriles Radonski, dos veces candidato presidencial opositor, uno de los dirigentes políticos más populares de la década anterior.

El contralor de entonces, Manuel Galindo, le acusó de pactar convenios internacionales como gobernador sin autorización, de no presentar cuentas ante el Consejo Legislativo y de inconsistencias en la presentación de sus presupuestos. Las gestiones de Capriles como gobernador del Estado de Miranda fueron reconocidas varias veces por observatorios independientes como Transparencia Venezuela en los años 2011, 2012 y 2013.

La inhabilitación de Capriles le simplificó las cosas a Nicolás Maduro para ganar la reelección en 2018, meta que logró con la posterior organización de unos comicios muy cuestionados por su escasa transparencia en mayo de ese año, cuyo desenlace escaló la gravedad de la crisis venezolana y le valió a Maduro el desconocimiento de buena parte de la comunidad internacional.

En 2019, ya con Elvis Amoroso –—fundador del PSUV, muy cercano a la primera dama Cilia Flores, y actual presidente del Consejo Nacional Electoral— como contralor general, se anunciaron las inhabilitaciones, también durante 15 años, de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional que iba a ser nombrado presidente interino y estaba en el tope de su popularidad, junto a otros 27 dirigentes políticos de la oposición venezolana, entre los cuales destacan Julio Borges, Freddy Guevara, Renzo Prieto, Armando Armas, Antonio Ledezma, Juan Pablo Guanipa y José Manuel Olivares.

También fueron inhabilitados Luisa Ortega Díaz, fiscal general desde los tiempos de Hugo Chávez, y su esposo, el diputado Germán Ferrer, después de que ambos rompieran públicamente con Nicolás Maduro y cuestionaran sus procedimientos en el uso del poder en pleno ejercicio de sus cargos en la crisis política de 2017. Amoroso los acusó a todos de corrupción y de no presentar jamás ante su despacho una declaración jurada de patrimonio.

En 2021, la oposición derroto a al chavismo en las elecciones regionales celebradas en Barinas, el Estado natal de Hugo Chávez. El Consejo Nacional Electoral informó de la inhabilitación del candidato ganador, Freddy Superlano, y de su esposa, que aspiraba a sustituirlo. Los comicios tuvieron que repetirse y la oposición, con Sergio Garrido, los volvió a ganar.

María Corina Machado, fundadora del partido Vente Venezuela, tampoco ha evitado la inhabilitación. En junio de este año, cuando su candidatura para las primarias de la oposición tomó fuerza y se posicionó como líder en todas las encuestas, el chavismo trató de sacarla del juego político. La medida contra Machado fue solicitaba públicamente por políticos como José Brito o Alejandro Ratti, que obrando en favor de los intereses del oficialismo, pidieron a las autoridades un recurso de interpretación sobre el riesgo de la paz pública y la estabilidad que podría significar que una candidatura como la de Machado tomara vuelo en Venezuela.

Finalmente, con excusas parecidas —en este caso se trató de “inconsistencias en la declaración jurada de su patrimonio”— , Elvis Amoroso, todavía contralor, recetó la misma medida durante 15 años. Machado ha declarado que no reconoce el valor legal de su inhabilitación, que ni siquiera se le ha comunicado formalmente, y anunció que continuará con su proyecto hasta 2024.

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