Popayán suma 20 años evitando los concursos de méritos para elegir sus funcionarios
La autoridad que vigila el acceso al empleo público abre un proceso sancionatorio contra el alcalde Juan Carlos Muñoz. El de la capital del Cauca es un caso entre muchos
El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, enfrenta un proceso sancionatorio en la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) por negarse a avanzar en la convocatoria de un concurso de méritos para proveer cargos de carrera administrativa. La actuación se produce tras más de dos años de alistamiento en la capital del departamento del Cauca, y en medio de un pulso entre el gobierno local y la entidad que regula el acceso al empleo público en Colombia.
El objetivo de la CNSC es cubrir 407 plazas que hoy están ocupadas de forma provisional en la ciudad de más de 300.000 habitantes, que no realiza concursos de méritos desde hace 21 años. Aunque la Alcaldía apropió en febrero 1.500 millones de pesos de los cerca de 2.000 millones necesarios para realizar el proceso, los recursos no han sido transferidos a la Comisión, lo que mantiene paralizada la iniciativa.
Muñoz ha defendido su postura en público. “Girar estos dineros es sacar a la calle, sin ninguna planificación, a 400 personas”, dijo ante el Concejo municipal, al advertir sobre el impacto social que tendría el reemplazo de los funcionarios actuales, nombrados en provisionalidad. La Alcaldía cuenta con 553 cargos, de los cuales 516 son de carrera administrativa. A estos se suman 2.135 contratistas vinculados mediante prestación de servicios, según el sindicato UNES-ASEP.
La CNSC sostiene, en cambio, que el municipio ha incumplido obligaciones básicas. Con el objetivo de que el concurso tuviera lugar en el segundo trimestre de este año, en marzo de 2024 la entidad nacional abrió la etapa de planeación y solicitó a la Alcaldía documentos claves, como los manuales de funciones actualizado. El mes pasado concluyó que la información no ha sido entregada “de manera completa y consistente”.
Para la Comisión, la conducta del alcalde podría vulnerar principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución y en normas como la Ley 909 de 2004, que regula el empleo público. El proceso sancionatorio podría derivar en una multa a Muñoz de hasta 25 salarios mínimos (43,7 millones de pesos, unos 12.000 dólares). Además, la entidad remitió el caso a la Procuraduría General de la Nación para que evalúe posibles faltas disciplinarias.
La CNSC no es la única instancia que ha recurrido a los organismos de control por este caso. Un grupo de 24 trabajadores sindicalizados de la Alcaldía, todos provisionales, pidió a las contralorías General de la República y municipal que revisen un eventual detrimento patrimonial si a la Alcaldía se giran los recursos. Alegan que no se han cumplido los requisitos previos para convocar el concurso y recuerdan un antecedente: en 2018 se transfirieron 136,5 millones de pesos para un proceso similar, que nunca se ejecutó.
Un problema estructural
El caso de Popayán no es aislado. Según la Procuraduría, el 65% de las vacantes de carrera en las entidades territoriales están ocupadas de manera provisional, 16 puntos porcentuales por encima del nivel nacional. “Esta saturación de nombramientos provisionales, sumada a un volumen significativo de cargos sin proveer (18.777 nacionales y 10.827 territoriales), genera un riesgo administrativo alto, pues afecta la eficiencia en la prestación de servicios ciudadanos”, se lee en un análisis del Ministerio Público.
A ello se suma la expansión de la contratación por prestación de servicios. A marzo de 2026, el Estado acumulaba más de un millón de contratos de este tipo, por un valor cercano a 33 billones de pesos al año, el equivalente a dos veces el déficit fiscal de la Nación que ha prendido todas las alarmas en el país. Ese fenómeno ha generado 6.127 litigios, en los que personas argumentan que realmente desarrollan contratos de trabajo disfrazados de prestación de servicios, que de ganar ante la justicia implicarían mayores gastos para el Estado.
La incertidumbre de los provisionales
Los empleados provisionales ocupan cargos de carrera administrativa sin haber pasado por un concurso, pero no son de libre nombramiento y remoción. Sencillamente llegaron a su cargo ante una vacante de un empleo definido en la planta oficial, para el que no había un concurso con lista de elegibles y gracias a cumplir con los requisitos del empleo. Su contrato no es de prestación de servicios, por lo cual no es un trabajador independiente, sino que tiene todos los derechos laborales del cargo, hace parte de la planta de personal y su retiro requiere un acto administrativo motivado.
Las 407 personas que laboran en estas condiciones en la Alcaldía de Popayán podrán presentarse al eventual concurso, pero en este cualquier ciudadano del país puede participar. Si el número de quienes superan las pruebas, como es usual, supera el de puestos disponibles, estos se otorgarán en virtud de la posición ocupada al final de todo el proceso de selección.
Más allá del pulso institucional, el caso pone sobre la mesa una tensión de fondo: la distancia entre el principio de meritocracia y su aplicación efectiva en las regiones, donde los concursos públicos siguen siendo la excepción más que la regla.
