La izquierda colombiana critica la absolución a Álvaro Uribe: “Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia”

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente de derechas de todos los cargos por los que había sido condenado en primera instancia, ha generado ampolla política. El primero en reaccionar, antes de que se acabara la audiencia, fue el presidente Gustavo Petro. “Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, escribió en su cuenta de X.

El mandatario, además, ha llamado a sus seguidores a “la Plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”, un llamado que parece revivir el debate de una Asamblea Nacional Constituyente que el mandatario ha propuesto de forma intermitente y para finalidades distintas a lo largo de sus más de tres años de Gobierno. Petro también asume que el Gobierno de Estados Unidos celebrará la decisión. “Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo”.

El expediente judicial contra Uribe tiene sus orígenes en la política. En 2012, Uribe denunció al hoy precandidato presidencial de izquierdas Iván Cepeda de usar testigos manipulados en su contra. Lo hizo como respuesta a un debate de control político en el Legislativo, que lideró en su contra el senador. Cepeda señalaba al expresidente de haber incentivado el paramilitarismo en Antioquia años atrás. La Corte Suprema de Justicia, que conoció el caso por el fuero de los legisladores, archivó seis años más tarde el caso contra Cepeda y abrió uno contra el expresidente.

Justamente, tras el final de la audiencia en la que participaba como víctima, el precandidato presidencial dio una declaración virtual en la que anunció que presentará un recurso de casación para que el expediente llegue a la Corte Suprema de Justicia, la última instancia jurídica. “Respetamos la decisión de la justicia, pero no la compartimos. Advertimos una ausencia de valoración probatoria”. Según el congresista, los magistrados Manuel Merchán y Alexandra Ossa tergiversaron unas pruebas y excluyeron otras. “Fue ignorada la responsabilidad del señor Diego Cadena que, después de la decisión de primera instancia contra Uribe, fue objeto de una condena por los mismos delitos”.

Cepeda y su defensa, liderada por los abogados Miguel Ángel del Río y Reinaldo Villalba, celebraron el salvamento de voto de la tercera magistrada, María Leonor Oviedo Pinto, quien expuso su desacuerdo con la decisión de sus colegas en una declaración detallada, al final de la audiencia de este martes. “En su salvamento de voto hay una rigurosa valoración probatoria y argumentos que echan por tierra de una forma doctrinal las afirmaciones de la ponencia mayoritaria”. El senador ha anunciado que, además de recurrir a la casación, estudiarán la posibilidad de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Estamos decididos a continuar el camino de búsqueda de justicia. Sentimos violados nuestros derechos como víctimas y vamos a seguir desarrollando, como corresponde, nuestra acción en derecho”.

Carolina Corcho, la precandidata presidencial que se enfrentará a Cepeda en las urnas en la consulta interna de la izquierda, reaccionó ante la decisión con una propuesta de reforma judicial. “No estamos de acuerdo con este fallo, pero respetamos y acatamos los fallos de la justicia. Las víctimas tendrán que apelar ante la Corte Suprema de Justicia; no obstante, debemos decirle al país que el expresidente debe muchas explicaciones porque tiene aperturas de investigaciones por delitos imprescriptibles”. El mensaje de Corcho engarza con la idea de Petro de llamar a una constituyente, con propuestas como cambiar la forma en la que se eligen al fiscal general de la Nación y a los magistrados de las altas cortes.

Otras voces notorias de la izquierda petrista secundaron esas quejas. Desde el Congreso de la República, la senadora María José Pizarro aseguró que “continúa la lucha contra la impunidad”. “Uribe está condenado ante la historia. Durante 13 años se adelantó un proceso en el que él ha contado con todas las garantías. Esta es la historia de la lucha contra aquellos políticos que se aliaron con el paramilitarismo”. Por su parte, el exsenador Gustavo Bolívar, quien respalda la precandidatura de Cepeda, también criticó la decisión. “Los fallos de la justicia se respetan, pero en este, se contradicen varias jurisprudencias de la Corte. Quedan dos instancias: la Corte Suprema y la justicia divina… de esta no escapa nadie”, escribió en sus redes sociales.

La última instancia a la que apelarán las víctimas en el proceso judicial puede ser el recurso más demorado en resolver. El expediente volverá a la Corte Suprema, donde comenzó hace 13 años y donde la Sala de Casación Penal puede tomarse hasta cinco años desde la notificación de la segunda instancia hasta un fallo definitivo.