La Corte Suprema de Justicia de Colombia abre otra investigación sobre las cuentas de la campaña presidencial de Gustavo Petro

El expediente sobre las presuntas irregularidades de financiamiento de la campaña presidencial de 2022 de Gustavo Petro y de la Colombia Humana es cada vez más voluminoso. A la ponencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) —que se votará antes de final de año y que concluye que la campaña violó los topes de financiación— se suma una investigación de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Instrucción del tribunal cúspide de la justicia penal destaca que Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, ayudaron a cambiar el concepto de decenas de vuelos contratados con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) por un total de 1.215 millones de pesos (unos 304.000 dólares). Por estos hechos, el alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a Roa y Jaramillo por presunto fraude procesal y falsedad en documento privado.

La maniobra, según documentos de la pesquisa revelados por la Revista Cambio, consistió en modificar las bitácoras de vuelo para que los trayectos realizados por Petro, su familia y su equipo de campaña, aparecieran como gastos de la campaña al Senado del Pacto Histórico, la coalición de izquierda. De los 27 vuelos registrados, solo dos incluyeron a candidatos al Congreso. La conclusión del alto tribunal llega en paralelo a la investigación formal que el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo administrativo y no judicial, abrió el 8 de octubre de 2024 contra la campaña presidencial por presunta violación de topes y financiación con fuentes prohibidas.

Allí, una ponencia firmada por el uribista Álvaro Hernán Prada y el liberal Benjamín Ortiz, propone sanciones económicas por más de 5.923 millones de pesos (1,5 millones de dólares) contra los responsables, que no incluyen a Petro, además de multas a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica por no auditar correctamente los gastos.

En la primera vuelta, la ponencia del CNE calcula omisiones por 3.709 millones de pesos (927.250 dólares), incluyendo aportes del sindicato de maestros oficiales Fecode y del partido de izquierdas Polo Democrático, pagos a testigos electorales y vuelos no reportados. En la segunda vuelta, la cifra omitida sería de 1.646 millones (411.500 dólares), que incluye gastos del evento de cierre de campaña en el Movistar Arena, en Bogotá. Las donaciones de los sindicatos son consideradas financiación prohibida, ya que las personas jurídicas no pueden aportar a campañas presidenciales, según la Ley de Garantías Electorales.

El presidente Petro calificó en su momento la actuación del CNE, conformado por nueve abogados que representan a las bancadas del Congreso, como el inicio de un “golpe de Estado” blando. Pero el Consejo de Estado y expertos en derecho electoral han reiterado que el CNE sí tiene competencia para investigar campañas. Sin embargo, la justicia también ha aclarado que una eventual sanción contra el presidente es facultad exclusiva de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, su juez natural.

Estas investigaciones se suman a otros escándalos que han rodeado a la campaña que llevó a la izquierda al poder en un país que nunca la había elegido. En marzo de 2023, Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro (primogénito del presidente), reveló que recibió más de 1.000 millones de pesos (250.000 dólares) de fuentes cuestionables, como el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra y el empresario Alfonso el Turco Hilsaca, con destino a la campaña. Luego aclaró que ella y su entonces esposo se embolsillaron el dinero. Ya en junio, y esa vez en voz del exembajador Armando Benedetti, quedaron dudas sobre la procedencia de 15.000 millones de pesos (más de 3,7 millones de dólares) que, según él en conversaciones con Laura Sarabia, consiguió para la campaña y no fueron reportados.

La violación de los topes de financiación es un delito penal. El artículo 396B del Código establece penas de cuatro a ocho años de prisión para quien administre los recursos de una campaña excediendo los límites legales. Esa sanción es la que amenaza a Roa, quien fungió como gerente de la campaña. Para el presidente, el camino es distinto. El artículo 109 de la Constitución es claro: la violación de topes, “debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”.