La falta de recursos obstaculiza la reapertura de la Vía al Llano, cerrada hace 18 días

La Vía al Llano, la carretera que conecta a Bogotá y toda la región andina con el oriente de Colombia, enfrenta una vez más un cierre prolongado. Esta vez, la causa es un derrumbe que ocurrió el 6 de septiembre en el kilómetro 18. Con el correr de los días, y mientras los comerciantes de la zona se quejan por pérdidas millonarias, se hace más y más evidente que la crisis no tiene una solución a corto plazo. Una vía alterna, habilitada hace unos días, es apenas un paliativo: abre unas pocas horas por jornada y produce largas congestiones. Proindesa, la compañía a cargo de la concesión de una de las principales vías del país, asegura que el deslizamiento es más grave que el del kilómetro 58, que en 2019 mantuvo la vía cerrada durante tres meses. El Gobierno nacional, en tanto, ha reconocido que no hay recursos para resolver la situación.

El presidente Gustavo Petro se ha referido a la crisis en la mañana de este miércoles. Ha explicado a través de X que el contrato de concesión exime a las empresas a cargo de la vía de llevar a cabo los arreglos necesarios para estabilizar las áreas problemáticas. El sostenimiento de la vía, entonces, es responsabilidad del Estado, constreñido por la crisis fiscal que enfrenta Colombia. Como en otras ocasiones, el mandatario ha culpado a la oposición por haber rechazado su propuesta de reformar los impuestos para elevar el recaudo. “No tenemos el dinero para arreglar la carretera, dado el éxito de la oposición en hundir la ley de financiamiento en el año 2024″, ha subrayado.

Petro ha sugerido que la única manera de sortear la crisis es “un procedimiento de emergencia″, en referencia a una declaratoria que permite canalizar recursos de manera más ágil. La opción, sin embargo, parece inviable. La propia ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, reconoció el lunes que ni siquiera por esa vía habría dinero disponible. “¿Usted para qué declara una emergencia? Para canalizar unos recursos, para poder canalizar una inversión y para poder hacer una ejecución mucho más rápida de lo normal. El tema es que, si no existen esos recursos, nos quedamos con media emergencia″, dijo en una conversación con periodistas.

Pese a ello, el Ministerio ha intentado dar un parte de tranquilidad. El martes, durante una visita al kilómetro 18, Rojas destacó que “han funcionado” las vías alternas que permiten el paso durante cuatro horas al día en el sentido Villavicencio (la principal ciudad de la región oriental de Colombia) - Bogotá y dos horas en el camino inverso. También comentó que espera que “en el corto plazo” se puedan retirar los escombros del lugar del incidente para habilitar un carril en la carretera principal. A largo plazo, para resolver los puntos críticos a todo lo largo de la vía se estudian distintas fuentes financieras, como las llamadas obras por impuestos, pedir nuevos aportes a la concesionaria o conseguir dinero de los fondos que manejan las regalías. “[Esperamos] una conjunción de recursos que nos permita resolver un problema de fondo, que es que no hay recursos programados para esta vía”, subrayó.

La vía alterna, ubicada en una vieja carretera cerca al trazado de la autopista, no da abasto: las filas de vehículos se acumulan todos los días, con usuarios que esperan durante horas para que les den paso. Sectores como el turístico, uno de los principales en la región de la Orinoquía, registran pérdidas millonarias. “Ya reportamos 30.000 millones de pesos [unos 75 millones de dólares] en no percepción de ingresos. La ocupación está por debajo del 25%”, comentó Catalina Niño, directora ejecutiva del gremio hotelero regional Cotelco Meta, en Noticias Caracol.

Proindesa, además, señaló el martes que la crisis es peor que en otras ocasiones. “Sería irresponsable dar una fecha de reapertura”, dijo el presidente de la compañía, Alberto Mariño, en una rueda de prensa. Remover los escombros requiere de obras de gran envergadura que pueden demorar meses. “Lo primero que hay que hacer es sacar el agua [de la tierra]. En la medida que logremos sacarla, la masa de suelo se estabilizará (...). Recién en ese momento tendremos que mirar si somos capaces de meter máquinas en todas las zonas donde hay grietas”, añadió.

Las responsabilidades

En medio de la preocupación por el financiamiento y la reapertura, están las acusaciones cruzadas entre diferentes actores. Proindesa, que es parte del Grupo Aval del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, asegura que hay problemas en el manejo territorial en las inmediaciones de la vía y que esto agrava las dificultades geológicas que caracterizan a la zona. Señala, en particular, a las corporaciones autónomas regionales, a cargo de políticas de gestión ambiental, y a los campesinos de la zona. “Los agricultores rompen los canales que se construyeron para sacar el agua (...). Esto no es responsabilidad de la concesionaria ni de la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo que uno tiene que preguntarse es: ¿Dónde está la Corporación Autónoma Regional de esa zona?”, dijo Mariño, en referencia a la autoridad ambiental local, en la rueda de prensa del miércoles.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, ha expresado este miércoles su enojo ante esta acusación. “Es ridículo. Para la concesión, las 12 viviendas rurales dispersas, ubicadas en el área de influencia de la remoción en masa en la vereda Caraza, serían las culpables. Allí no viven más de 40 campesinos, dedicados al cultivo de aromáticas y hortalizas, muchos de ellos adultos mayores o personas con discapacidad”, comentó en X el mandatario del departamento que rodea Bogotá y por el que pasa la vía. Según él, la causa del deslizamiento es que el concesionario no ha hecho el mantenimiento necesario en infraestructuras que reducen la saturación del agua, causada por “miles de metros cúbicos de agua” que se filtran desde la carretera. “Los canales se fisuraron, los pozos se saturaron y dejaron de conectarse entre sí para evacuar las aguas de manera segura”, denunció.