La Fiscalía llama a juicio al precandidato Daniel Quintero por corrupción como alcalde de Medellín

La Fiscalía no da su brazo a torcer. El ente acusador ha anunciado este martes que ha radicado una acusación formal contra el precandidato presidencial Daniel Quintero y otras nueve personas que trabajaron con él como alcalde de Medellín (2021-2024). Les acusa a ellos y a tres particulares de los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, por supuestamente haber beneficiado, ilegalmente, a los dueños de un lote llamado Aguas Vivas, que el Distrito buscaba adquirir. El señalamiento es que inflaron irregularmente el precio del terreno de 147.000 metros cuadrados, que habría saltado de 2.700 millones de pesos a 48.000 millones de pesos (de unos 680.000 dólares a casi 12 millones).

“Será nuestro turno para demostrar, con pruebas, cómo le metieron la mano a la justicia para sacarnos del camino de la Presidencia”, respondió Quintero. El antioqueño aspira a convertirse en el candidato único de la coalición de izquierdas que lidera Gustavo Petro, mediante una consulta planeada para fines de octubre. Desde hace meses el político alega que detrás del proceso judicial está Federico Gutierrez, político de derechas que fue alcalde antes y después de Quintero, y quien elevó el caso a la Fiscalía. “Fico contrató a la fiscal que llevaba el caso y terminaron persiguiéndome a mí en lugar de a él”, afirmó Quintero hace dos semanas.

La fiscal del caso, Yiri Milena Amado, había imputado en marzo al exalcalde, y en los meses que han pasado recolectó más pruebas. La noticia llega en el peor momento para Quintero, quien está en una activa campaña por ganar la consulta, con actos propagandísticos muy vistosos: ha enarbolado la bandera de Palestina en eventos empresariales o la de Colombia en la Isla Santa Rosa del Amazonas creando un conflicto con Perú. Además, ha ido tejiendo alianzas con políticos locales en varias regiones. En la más reciente encuesta sobre esa consulta, del pasado mes de agosto, es uno de los punteros entre una decena de precandidatos. Pese a que el exalcalde produce rechazo en parte de las bases de la izquierda, pues es un militante reciente en ella, el presidente Gustavo Petro ha pedido que se le incluya en el abanico.

La Fiscalía alega que Quintero y varios miembros de su gabinete modificaron irregularmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el esquema que determina el uso de los predios de la ciudad, en la zona donde está el lote de Aguas Vivas. Se trata de una zona ambientalmente protegida que cerca a la vía Las Palmas, que conecta el centro urbano de la segunda ciudad de Colombia con su aeropuerto principal. Más puntualmente, señala que los acusados modificaron la categorización del lote para que en él se pudiera construir, como parte de un área que, por decreto, Quintero denominó “Valle del software”. Tanto ese proyecto como el cambio en la destinación del predio aumentaron considerablemente el avalúo del lote. La anterior Alcaldía, de Gutiérrez, lo había negociado con los dueños a un precio menor: estos se lo debían ceder a la ciudad, a cambio de un saldo para pagar otras deudas al Distrito por valor de 2.711 millones de pesos.

El cambio de guardia en la Alcaldía frenó ese acuerdo, y Quintero inició su proyecto. Sin embargo, más adelante un tribunal congeló la compra que iba a hacer la Alcaldía de Quintero por 40.500 millones de pesos. Desde entonces los dos exalcaldes se señalaron mutuamente por corrupción, y la Fiscalía miró hacia Quintero.

El llamamiento a juicio es apenas el primer paso de una decisión que puede tardar meses y que, de resultar en contra de Quintero, lo sacaría inmediatamente del ruedo. Mientras tanto, el exalcalde puede seguir en campaña. La pregunta es si le hará más difícil enarbolar una bandera anticorrupción o si impulsará un discurso de víctima del sistema.