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‘Los Guardianes del Orden’, la propuesta de la Alcaldía de Bogotá que pone en primera fila a exmilitares y expolicías para combatir la inseguridad

La Administración de Carlos Fernando Galán justifica que es necesario para suplir la falta de personal, mientras que la oposición asegura que derivará en todo tipo de abusos

Un operativo policiaco en Ciudad Bolívar, Bogotá, en abril de 2024.
Lucas Reynoso

Los planes para mejorar la seguridad están en el centro del debate en Bogotá. No solo porque fue una de las banderas con las que Carlos Fernando Galán se hizo elegir alcalde, sino porque varias noticias han aumentado la preocupación de los habitantes. El 2024 cerró con la cifra de homicidios más alta en ocho años: 1.204 muertos, un 11% más que el año anterior. Después, en los primeros meses de 2025, explotaron varias granadas en barrios como San Bernardo, en el centro de la ciudad. Para hacerle frente al problema, el mandatario ha optado por hacer suya una propuesta de la derecha: sumar a policías y militares retirados en algunas tareas de orden público y suplir así la falta de personal en la Policía. La oposición, en tanto, asegura que la propuesta puede derivar en todo tipo de abusos.

El nombre escogido para el nuevo grupo es Los Guardianes del Orden. La idea es que sus miembros se ocupen de mediar en conflictos menores, como denuncias sobre ruidos en un barrio o problemas con mascotas. Según Galán, estos son asuntos que “no deberían ser de la Policía en primera instancia”. “Los gestores serán el primer punto de contacto. Se requerirá de la Policía solo cuando el tema eventualmente escale con violencia”, explicó a finales de febrero en Hablemos Bogotá, un programa del canal de televisión del Distrito. Los miembros se limitarán a dialogar con los implicados y a articular medidas con otras entidades: no tendrán armas ni podrán capturar personas. El objetivo es que el grupo comience a funcionar en mayo y llegue a tener unos 2.000 integrantes.

La iniciativa ha tocado una fibra sensible en un país que aún recuerda las violaciones de derechos humanos de las Convivir: unas asociaciones que ganaderos y otros empresarios formaron en los años noventa para defender a sus regiones contra las guerrillas, pero que terminaron legitimando y fortaleciendo a ejércitos paramilitares. El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González, expresó en X que hay “preocupaciones legítimas sobre la similitud con estructuras del pasado” y que estos grupos derivaron en excesos y violaciones a los derechos humanos. El presidente de la República, Gustavo Petro, fue más allá: acusó a Galán de derechizarse y le dijo que los paramilitares habían contribuido al asesinato de padre, Luis Carlos Galán, en 1989.

Carlos Fernando Galán en el Centro de Comando Control Comunicaciones y Cómputo de la Policía de Bogotá, en 2024.

Omar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, cree que “es exagerado” vincular la propuesta a las Convivir. “El paramilitarismo ejerció un poder territorial con armas, en pleno conflicto armado. Aquí no hay armas”, comenta por teléfono. Considera que el problema real es que es una “propuesta improvisada y reactiva” ante la presión política para entregar resultados y la imposibilidad del Distrito de acordar con el Gobierno la incorporación de 2.000 policías adicionales. Cuestiona que aún no haya un documento técnico que dé detalles sobre el perfil de los miembros o a quiénes reemplazan en competencias. Cree que hay muchos riesgos: “¿Cómo va a actuar un civil ante una riña, con personas posiblemente armadas, para no salir afectado?”.

Algo similar opina Donka Atanassova Iakimova, concejala y exdirectora de Seguridad durante la gestión de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá hace una década. Señala que la propuesta “es solo un anuncio publicitario, un intento de quedar bien con la derecha”. Para ella, “no hay ninguna diferencia” frente a los gestores de convivencia que ya existen en el Distrito y que se encargan de todo tipo de tareas, como promover el diálogo en protestas, generar conciencia sobre medidas de higiene en las calles o proveer información en senderos ecológicos. Aunque la Alcaldía dice que los nuevos estarán más especializados en seguridad y convivencia, la concejala comenta que no podrán ir mucho más allá de lo que ya existe en términos de control y autoridad. “No tienen manera de hacerlo. Existe el antecedente de las Convivir y todo está jurídicamente blindado para que no puedan asumir funciones policiales”, comenta.

La idoneidad para mediar

El debate central, más allá de la comparación con las Convivir, está en si policías y militares retirados deberían sumarse a los grupos ya existentes de gestores de convivencia. González, el director de Indepaz, considera que sería contraproducente. “Los exmilitares, sobre todo, tienen una mentalidad de conflicto armado y enemigo interno. No tienen capacidades para discernir y diferenciar. En el momento que vean algo sospechoso, van a resolver cómo si estuvieran en el conflicto, con abusos”, afirma por teléfono. Andrés Nieto, exsubsecretario de Seguridad, coincide: “Los militares fueron preparados para la guerra. Si un superior les da una orden, deben cumplirla al pie de la letra, sin cuestionarla o analizar el contexto”.

Existe un matiz respecto a los policías. Nieto considera que ellos sí pueden ser más adecuados para ser gestores de convivencia porque son más autónomos y han sido formados de forma más reflexiva, para cuestionar órdenes en caso de que sea necesario. “Si un superior les dice que hay que mandar 10 policías a unos bares, ellos pueden decir que en su barrio es mejor que vayan a los parques porque ahí hay más problemas”, ejemplifica por teléfono. Sin embargo, enfatiza que solo unos pocos deberían sumarse a los grupos de convivencia ya existentes. “Es un programa exitoso que necesita más personal, pero no todos los gestores pueden ser expolicías. Se requiere interdisciplinidad: hay psicólogos, enfermeros, abogados. Algunos, por ejemplo, fueron habitantes de calle y son maravillosos para convencer a los habitantes de calle de que se sumen a los servicios que ofrece el Distrito”.

Un operativo con el Gaula del Ejército Nacional de Colombia y la Policía Metropolitana de Bogotá, en diciembre de 2024.

Del otro lado está el secretario de Seguridad, César Restrepo. Comenta que el nuevo grupo especializado no solo sumará a expolicías y exmilitares, sino a cualquier ciudadano que tenga las condiciones psicológicas. Cree, en todo caso, que plantear preguntas específicas sobre la idoneidad de exmiembros de la fuerza pública es estigmatizante. “¿A qué hora los exmilitares o expolicías son carentes de derechos? ¿Qué ley o individuo se abroga la responsabilidad de volverlos ciudadanos de segunda categoría que no pueden optar por cualquier trabajo tras retirarse del servicio?”, cuestiona. Asegura que la iniciativa es necesaria ante un déficit de 12.000 policías en Bogotá y que no es un guiño al electorado de la derecha. “Esta no es una discusión de ideologías, es de seguridad. No voy a permitir que se lleve al campo ideológico”.

Más enfático en defender los atributos de los exmiembros de la fuerza pública es el concejal de derechas Julián Uscátegui, que propone desde hace un año que los grupos existentes de gestores los incorporen. “Ahora la Alcaldía dice que la iniciativa no es solo para expolicías y exmilitares por las reacciones que hubo de la izquierda. Pero la idea original es enfocarse en ellos”, apunta. Para él, la gracia de la propuesta es aumentar sustancialmente el número de gestores y que esto sea con las personas “más idóneas” para una estrategia enfocada en seguridad. “Los exmiembros de la fuerza pública han estado expuestos a situaciones de conflicto, estrés. Y han sido investigadores, pertenecieron a la inteligencia. Tienen capacidad de identificar comportamientos sospechosos, saben en qué momento avisar a las autoridades”, comenta. Pide, eso sí, una convocatoria rigurosa para elegir “a los mejores de los mejores”.

La concejala Atanassova, en tanto, refuta la idea de que la izquierda estigmatiza a exmiembros de la fuerza pública. “Yo valoro mucho a la población veterana, y seguro muchos necesitan empleo, pero este no es ni su rol ni su lugar. La labor de ellos estaba en control y seguridad, no en convivencia y mediación de conflictos. Hay que pensar en otros programas para incluirlos”, afirma. Insiste en que Guardianes del Orden es una maniobra para captar apoyos de estos grupos. “Quieren meterlos en algo, pero no saben cómo. Entonces los meten en cualquier lugar. Ni es pertinente, ni es coherente, ni se necesita de la manera en la que lo están estructurando. Yo no voy a contratar un panadero para que lave los platos”.

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Sobre la firma

Lucas Reynoso
Es periodista de EL PAÍS en la redacción de Bogotá.
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