La violencia en el partido América de Cali - Nacional atiza el debate sobre la presencia de la Policía en los estadios de Colombia

El Barón Rojo Sur, la barra brava del América de Cali, jamás ocultó sus intenciones de impedir que Atlético Nacional celebrara el título de la Copa Colombia si ganaba en la final en el estadio Pascual Guerrero, donde su equipo funge como local. El cuadro paisa se impuso en la noche del domingo, y la barra cumplió su promesa: invadió el campo de juego, se enfrentó a la Policía y obligó al equipo rival, ya campeón, a salir en una tanqueta antidisturbios. Afuera del estadio se oyeron disparos, hubo saqueos, robos, desmanes y 30 heridos. La pasividad de las autoridades ante una asonada anunciada y la mancha de la violencia en el fútbol colombiano han vuelto a ser muy visibles, justo en medio del debate sobre la presencia de la Policía en los estadios del país.

Faltaban cinco minutos, sin contar la adición, para el final del partido. Nacional había vencido al equipo caleño 3-1 en el partido de ida, y el 0-0 en la capital del Valle del Cauca le aseguraba el título. Fue entonces cuando los barristas saltaron las barandas que marcan los límites de las tribunas, rompieron los asientos, las baterías sanitarias y las vallas de seguridad. Uno de ellos había ingresado un cañón hechizo para disparar voladores de pólvora, con los que atacó a varios policías. Los jugadores de Nacional se refugiaron en los vestuarios. Allí recibieron el anuncio de que el partido se daba por terminado, y recibieron el trofeo en privado. Minutos después, se difundieron videos de esos campeones, ahora apretujados en una tanqueta de la Policía para salir del principal escenario deportivo de Cali.

El comandante de la Policía de la tercera ciudad de Colombia, Germán Manrique, declaró este lunes que ocho uniformados resultados heridos. También anunció una recompensa de 30 millones de pesos para quien entregue información sobre los responsables de los desmanes, y 50 millones de pesos para quien ayude a identificar al hombre que manipuló el artefacto pirotécnico contra la Policía.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Alejandro Éder, se pronunció dos horas después del partido, a través de su cuenta de X. “Lo que ocurrió esta noche en el Estadio Pascual Guerrero es inaceptable. No voy a permitir que la violencia empañe el fútbol ni la convivencia en Cali”. Sin embargo, las autoridades estaban alertadas por otro gesto. Aunque habían sostenido tres reuniones en los días previos al partido para garantizar la seguridad en la cancha. Pero horas antes de comenzar el compromiso, cuando las autoridades puesto de mando unificado —la reunión en la que monitorean eventos de riesgo— nunca llegó el representante de la barra brava del América, como era su compromiso. Eso dejó a las instituciones sin un interlocutor inmediato ante una crisis como la que se vivió.

Los esfuerzos van más allá. Desde 2016 existe un proceso y una institucionalidad organizada para evitar esos problemas. La Alcaldía de Cali tiene programa de resocialización de integrantes de pandillas y barras bravas. Su líder es Rubén Darío Valencia, un policía que tiene permanente comunicación con miembros de las barras de los dos equipos de la ciudad. Antes de los partidos, las cabezas de las barras hacen compromisos, como los que había previo al domingo. Nada de eso funcionó. En los encuentros previos, se había acordado que la hinchada no manipularía elementos de pólvora y que los barristas no podían entrar telas con insignias del equipo, para evitar que en ellas camuflaran drogas, armas y pólvora. Ni la Policía ni la Alcaldía han logrado explicar cómo es que la barra logró saltar todos los anillos de seguridad y terminó armada en plena final.

La noche de disturbios en Cali volvió a poner los focos en el problema cíclico de la violencia en los estadios de Colombia. Pero además coincidió con la reunión de la Dimayor, la entidad que organiza y dirige los torneos de fútbol en Colombia, que el viernes anterior se había reunido con los dirigentes de los equipos de las categorías A y B para discutir sobre la propuesta del Ministerio del Interior de retirar a la Policía la responsabilidad de garantizar la seguridad en los estadios, para pasar a entregarla a los clubes y a entidades privadas.

El director general de la Policía, William René Salamanca, viene señalando que la seguridad en los estadios de Colombia es un asunto de seguridad privada, más que de responsabilidad del Estado. Argumenta que se trata de un espectáculo que manejan unos privados, los clubes y la Dimayor. En una rueda de prensa, en mayo de ese año, cuando se abrió el debate sobre la presencia de uniformados en partidos de fútbol profesional, dijo: “Queremos ir desprendiendo a la Policía de esta responsabilidad y que esté volcada a su esencia, que es la seguridad ciudadana”.

Tras los desmanes del domingo, el Ministerio del Interior reiteró la necesidad de modificar la seguridad en los estadios. Explicó que la reducción de la presencia de la Policía en los escenarios deportivos “no es una decisión unilateral”, sino que se trata de una medida que busca cumplir con la sentencia C-128 de 2018 de la Corte Constitucional, que busca optimizar los recursos públicos de seguridad. El plan, discutido a lo largo de este año entre las autoridades y la Dimayor, contempla que la reducción policiva comenzara este mismo año, con un 45% menos de presencia. Para 2025 se espera que la reducción llegue al 60%, en 2026 al 70% y en 2027 al 80%.