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Newsletter de Colombia
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

La vorágine de Bonilla

El ministro de Hacienda no solo está en el vórtice del escándalo de la UNGRD, sino que acaba de denunciar al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa y al hijastro de Petro, Nicolás Alcocer, por presunta injerencia en contratación en la hidroeléctrica Urrá

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, durante una conferencia de prensa
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, durante una conferencia de prensa, el pasado 5 de mayo, en Bogotá (Colombia).Nathalia Angarita (Bloomberg)
Catalina Oquendo

El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla comienza diciembre en la cima del peor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro, el de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), y con todos los pendientes juntos. No solo debe sacar adelante la reforma tributaria o ley de financiamiento en la que se ha empeñado el presidente para evitar una cesación de pagos, tiene por delante la negociación del salario mínimo junto a su colega de Trabajo, sino que debe resolver también los problemas de financiamiento del Icetex que tienen en vilo a 200.000 estudiantes, así como la evidente crisis financiera de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS). Quizá por eso, a pesar de que su situación jurídica se complica, el mandatario lo ha defendido a capa y espada.

Y ahora, como si no faltara nada, Bonilla ha denunciado en la Fiscalía al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa y al hijastro de Petro, Nicolás Alcocer, por presunta injerencia en contratación en la hidroeléctrica Urrá.

‌Hay que comenzar por el escándalo original: Bonilla había sido mencionado por el exdirector de la UNGRD, el confeso Olmedo López y su segundo, Sneyder Pinilla, como uno de los altos miembros del Gobierno que habría liderado una contratación para comprar los votos de seis congresistas en la Cámara de Representantes. Ahora, después de revelaciones de Caracol Noticias, se supo que su exasesora, María Alejandra Benavides, hizo un acuerdo con la Fiscalía que hunde aún más al ministro. La exfuncionaria afirmó que Bonilla estuvo al tanto de toda la operación para dirigir tres contratos por 92.000 millones de pesos hacia contratistas amigos de congresistas que el Gobierno necesitaba para avalar crédito público. Dádivas a cambio de votos, afirmó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que investiga a varios de los señalados.

‌Esto, sin embargo, no ha inmutado al presidente Petro que sostiene a Bonilla. En su cuenta de X, el mandatario ha vuelto a defender a su ministro. “Conozco al profesor Ricardo Bonilla, y lo respeto muchísimo, por su profundidad intelectual como economista de verdad, comprometido con las necesidades de su pueblo. Sé que la acusación a Bonilla es injusta”, escribió en un mensaje que retuiteaba una información de la estatal RTVC que ponía en duda el pasado político de la exasesora Benavides.

‌El mismo jefe de la cartera de Hacienda ha insistido en un particular mensaje que aspira, con instrumentos legales, a “convencer a la justicia de mi país que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos”. Bonilla aseguró que respeta el trabajo de la Fiscalía que está avanzando con las investigaciones y admitió que tiene un camino jurídico complejo. Sus abogados van a argumentar que el ministro “actuó dentro del deber objetivo de cuidado exigido por el principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público, y no como parte de un intercambio de favores”.

‌Complejo es también el panorama fiscal que tiene en sus espaldas mientras varios sectores políticos piden su renuncia. El Gobierno enfrenta un bajo recaudo tributario, ha recortado sus gastos en 5,6 % y busca obtener créditos internacionales por 5.000 millones de pesos. Petro ha llegado a hablar de una cesación de pagos, algo sin precedentes en Colombia. Para avanzar en conseguir los préstamos es clave la comisión parlamentaria de crédito público, encargada de avalar el endeudamiento estatal, pero su reunión de este lunes fracasó precisamente por falta de cuórum y porque algunos de sus integrantes están investigados en el caso de la UNGRD. Una vez más, todo vuelve ahí.

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Artea Pérez y su hijo caminan con sus productos bajo el sol por la playa seca por la sequía de regreso a su comunidad en Perú, el 16 de octubre de 2024.Chelo Camacho

Esta semana les recomendamos las siguientes historias en EL PAÍS América Colombia:

‌La entrevista a Iris Marín, la defensora del Pueblo que marca distancia con Petro en su vigoroso arranque.

Comunidades aisladas, escasez de agua potable y dificultades para pescar. Sobre cómo la Amazonía colombiana vivió su sequía más dura y cómo los indígenas tuvieron que caminar durante horas para hidratarse, conseguir comida y vender sus productos.

‌La columna de Juan Gabriel Vásquez, Breves apuntes sobre la decencia, el dolor ajeno, las redes sociales y los nuevos congresistas. El escritor habla sobre el show “barato y frívolo, en el que Miguel Polo Polo desmontó un homenaje a las víctimas de falsos positivos.

También en Opinión, la columna de Yolanda Ruiz, Un fin de año de mucho lío para el Gobierno.

‌El reportaje sobre la oculta personalidad de José Eustasio Rivera, el autor de La Vorágine.

Y la crónica política, Petro, Sarabia y Benedetti: alto voltaje en el tercer piso de la Casa de Nariño.




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Sobre la firma

Catalina Oquendo
Corresponsal de EL PAÍS en Colombia. Periodista y librohólica hasta los tuétanos. Comunicadora de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magister en Relaciones Internacionales de Flacso. Ha recibido el Premio Gabo 2018, con el trabajo colectivo Venezuela a la fuga, y otros reconocimientos. Coautora del Periodismo para cambiar el Chip de la guerra.
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