La Corte Suprema de Justicia cita a indagatoria a los congresistas Iván Name y Andrés Calle por el caso de corrupción de la UNGRD

La Corte Suprema de Justicia ha citado este miércoles a indagatoria a los congresistas Iván Name y Andrés Calle por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), conocido en febrero tras la compra irregular de unos carrotanques que debían llevar agua al departamento de La Guajira en medio de la crisis por la escasez de ese recurso. La Sala de Instrucción del máximo tribunal penal ha citado a los legisladores, que en el momento del escándalo fungían como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente, un día después de que les abriera una investigación formal por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

Según la Corte Suprema, tanto Name como Calle son investigados por el magistrado Francisco Farfán por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la unidad de riesgos, en uno de los casos de corrupción más sonados del Gobierno de Gustavo Petro. El tribunal explica que ambos legisladores supuestamente se comprometieron a impulsar algunas reformas del Ejecutivo que estaban en trámite en el Congreso a cambio pagos en efectivo aparentemente hechos por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD y quien ha acusado a varios políticos ―entre ellos ministros en ejercicio― de haber participado en la trama corrupta. Ese dinero, sigue oficialmente la Corte, supuestamente fue usado por Name y Calle para la financiación de algunas campañas regionales para las elecciones del 29 de octubre de 2023.

Pinilla ya había señalado en mayo pasado tanto a Name como a Calle de haber recibido esos sobornos millonarios, supuestamente para acelerar el trámite de las reformas del Gobierno en el Congreso. En ese momento, el exdirector de la UNGRD afirmó haber dado 3.000 millones de pesos (unos 770.000 dólares) al presidente del Senado, y 1.000 millones de pesos más (cerca de 260.000 dólares) al de la Cámara. Ese dinero, según la denuncia, salió de los sobrecostos en el contrato de la compra de los carrotanques de La Guajira, y fue entregado poco antes de las mencionadas elecciones de octubre de 2023.

De acuerdo con la denuncia de Pinilla, quien ha reconocido su participación en el entramado de corrupción, él mismo entregó dos maletas a Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones hasta mayo pasado y compañera de Name, para que se los entregara al presidente del Legislativo. “Al presidente del Senado se le tenían que entregar 3.000 millones de pesos y ella fue la persona a la cual yo le hago la entrega”, dijo Pinilla a la revista Semana en ese momento. La hija del legislador, María Clara Name, era entonces candidata a un cuarto período como concejal de Bogotá por el Partido Verde.

A Andrés Calle, ha dicho Pinilla, le entregó su dinero correspondiente en persona, en Montería, en fajos de billetes de 50.000 y 100.000 pesos. En ese momento el padre de Calle, Gabriel Calle Demoya, era candidato liberal a la Alcaldía del municipio de Montelíbano (Córdoba), mientras el hermano del congresista, Gabriel Calle Aguas, era aspirante a la Gobernación por una coalición que incluía al gobiernista Pacto Histórico. Los Name, los Calle y Ortiz han rechazado todos esos señalamientos.

El caso de corrupción de la UNGRD no solo ha involucrado a miembros del Congreso, sino también a funcionarios del Gobierno muy cercanos al presidente Petro. Uno de ellos es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien fue acusado ante la Corte Suprema por Olmedo López, exdirector de la unidad de riesgo ―que renunció en febrero a raíz del caso de los carrotanques― de haberle ordenado que ofreciera contratos de la unidad de gestión de riesgos a algunos congresistas a cambio de obtener votos favorables al Ejecutivo en el Congreso. Pinilla también señaló al jefe de esa cartera de participar en el entramado, e incluso mostró unos mensajes que supuestamente comprometían al ministro. Sin embargo, de momento ninguna de esas conductas indebidas de las que acusan al ministro Bonilla ha sido comprobada.