El ministro Ricardo Bonilla y los directores González y Manrique: la Fiscalía señala a altos funcionarios de confianza de Petro en el caso de la UNGRD

Después de cinco meses desde que se conocieran las primeras denuncias de sobrecostos y desvíos de millonarios recursos en contratos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este jueves la Fiscalía le imputó cargos a su exdirector Olmedo de Jesús López, el antiguo subdirector Sneyder Augusto Pinilla y al contratista Luis Eduardo López. Deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Aunque los dos primeros han aceptado informalmente su responsabilidad, ninguno reconoció formalmente haber cometido esos delitos, pues han iniciado negociaciones con la Fiscalía para colaborar con la investigación a cambio de reducir su condena al mínimo.

En la diligencia adelantada ante un juez penal, la fiscal del caso hizo un recuento de los hechos de corrupción. Según la investigación, los funcionarios direccionaron la entrega de por lo menos 21 contratos públicos, con dineros destinados a solventar las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables del país, por un valor superior a los 228.844 millones de pesos (56.575 millones de dólares). Con ello, dejó claro que la corrupción en la compra de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira, al extremo norte de Colombia y en frontera con Venezuela, fue apenas el primer capítulo de una serie de irregularidades que, según ha explicado la fiscal, tuvieron como fin la entrega de coimas a políticos y funcionarios públicos.

Sin embargo, en una exposición que duró poco más de dos horas, la fiscal ratificó su tesis de que parte del dinero robado al Estado terminó entregado en efectivo a los presidentes del Congreso para esa época: Iván Name, del Senado, habría recibido 3.000 millones de pesos, y Andrés Calle, de la Cámara de Representantes, 1.000 millones. Según los resultados parciales de la investigación, la encargada de entregar el dinero fue Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las Regiones y quien salió de su cargo en mayo pasado, luego de ser una de las primeras salpicadas en el escándalo.

Aunque el ente investigador no detalló todas las responsabilidades de los mencionados en el caso de corrupción más grave del Gobierno Petro, reiteró que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, su asesora María Alejandra Benavides, y Sneyder Pinilla participaron en el direccionamiento de contratos para beneficiar a cinco congresistas de la Comisión Tercera, que debate y define los asuntos económicos del país. Y dijo que los beneficiados fueron Wadith Manzur (representante a la Cámara de Córdoba por el Partido Conservador), Karen Manrique (representante por la curul de paz de Arauca), Julián Peinado (representante de Antioquia por el Partido Liberal), Juan Diego Muñoz (representante el Meta por la Alianza Verde), Liliana Bitar (senadora de Córdoba por el Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (senador liberal de Risaralda).

Sobre la operación de la Unidad, la fiscal explicó que el empresario imputado, Luis Eduardo López, era el aliado clave de sus directivos para recibir las adjudicaciones de los contratos a través de 30 empresas que, de acuerdo con la fiscal, él manejaba directa o indirectamente. “Simulaban la escogencia aleatoria de las empresas con base en la cotizaciones que recibían, cuyos propietarios (aliados de Luis Eduardo López) eran previamente alertados sobre los requerimientos que había en cada contrato, incluyendo el porcentaje de la coima a pagar”. De acuerdo con su exposición, esa organización milimétrica sobre los roles que tenía cada uno para simular contrataciones limpias, “le permitieron a la organización criminal asegurar que esas empresas, del contratista previamente elegido, controlara el precio de los contratos”.

Los petristas en el ojo de la Fiscalía

Para la fiscal Andrea Muñoz Arango, la persona que dio la orden de direccionar los contratos y desviar los recursos públicos para beneficiar a congresistas de varios partidos políticos fue Carlos Ramón González, actual director del Departamento Nacional de Inteligencia y quien ocupó el cargo de director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), un cargo e primer orden para cualquier mandatario. Aunque Olmedo López había mencionado a González en sus primeras declaraciones, es la primera vez que la Fiscalía lo señala como parte del entramado de corrupción.

López ha indicado que el esquema se gestó, en una reunión a la que llamó ‘cónclave’, a la que habrían asistido altos funcionarios. Según el confeso corrupto, en esa reunión recibió la orden de usar el dinero para entregar los contratos a empresarios que pagarían coimas destinadas a los presidentes del Congreso. Así, según el imputado político de izquierdas, el Gobierno podría asegurar el paso de sus reformas sociales en el Legislativo.

Horas después de la audiencia, González defendió su inocencia en un comunicado público. “Mi inocencia es irrefutable. Jamás he ordenado a alguien cometer delito alguno”, se lee. El director de Inteligencia ha sido uno de los políticos más cercanos al presidente desde hace décadas. Conocidos desde que militaron en la extinta guerrilla del M-19 y tuvieron posiciones de mando en el departamento de Santander, ha sido un poder a la sombra en el partido Verde, que dirigió a una fusión con el petrismo agrupado en el movimiento Progresistas, en 2013. Una década más tarde, Petro lo llevó a dirigir el Dapre y a ser quien uno de los puentes entre los congresistas y el Ejecutivo, el encargado de recibir a los magistrados y de hablar al oído al presidente. Sus dos despacho colindaban.

En la audiencia, la Fiscalía sorprendió al señalar también a César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, la dependencia encargada de gestionar el sistema de empleo público. La fiscal lo señaló de ser el jefe político de Luis Carlos Barreto, antiguo director de Conocimiento de la UNGRD, y de haber definido con este el cobro de una coima del 7 % por otros contratos. Se trataba del destino de 100.000 millones de pesos que estaban originalmente destinados a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pero pasarían a manos de la Unidad. Ese porcentaje, según la Fiscalía, buscaba en parte cubrir los pagos a otros congresistas.

Tras la audiencia, Felipe Harman, actual director de la ANT, defendió a la entidad. “No ha salido un solo peso de la Agencia para la Unidad de Gestión del Riesgo. Existió un convenio entre ambas entidades que en su momento tuvo dificultades, pero jamás se materializó en obligaciones fiscales y está en trámite de liquidación”, explicó a través de un video. En otras palabras, los 100.000 millones nunca se convirtieron en contratos en la UNGRD. Sin embargo, la Fiscalía detalló que Manrique y Barreto “se interesaron de forma indebida en siete contratos”, todos en el departamento de La Guajira y relacionados con plantas desalinizadoras, mantenimiento de equipos y carrotanques, que suman más de 145.000 millones de pesos.

Manrique también fue miembro del M-19 y es una persona de confianza del presidente, quien como alcalde de Bogotá designó en el cargo local equivalente al de Función Pública y en la dirección del Fondo de Vigilancia y Seguridad, entidad dedicada a fondear el gasto de la capital en asuntos de seguridad. Supuestas irregularidades en la compra de 100 motocicletas eléctricas por el Fondo tienen a Manrique todavía en un proceso penal ante la Corte Suprema. En su cargo actual, la Procuraduría lo sancionó en primera instancia por irregularidades en el nombramiento del embajador de Colombia en México, Andrés Moisés Ninco. El presidente le ha encomendado la tarea de acabar con los contratos de prestación de servicios en el Estado y formalizar la nómina pública, una de sus promesas de campaña que ha buscado anclar al discurso de su reforma laboral.

Un tercer hombre cercano al presidente y mencionado en el escándalo es Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Olmedo López ha dicho a la Fiscalía que Bonilla, a través de su asesora María Alejandra Benavides, logró adicionar recursos para la UNGRD en el Presupuesto General de 2023. Además, en chats filtrados a la prensa, se conocieron conversaciones entre Benavides y el exsubdirector Sneyder Pinilla en las que se refieren a contratos en tres departamentos del país.

Como Manrique, Bonilla fue funcionario de Petro en Bogotá, como secretario de Hacienda durante casi todo el cuatrienio. Integró el comité económico de las campañas presidenciales de Petro en 2018 y 2022, y fuentes cercanas al mandatario lo catalogan como uno de los pocos -junto a González- a los que el mandatario escucha. Sin embargo, su aterrizaje en el Gobierno solo se dio en abril de 2023, cuando en uno de los primeros remezones ministeriales reemplazó a José Antonio Ocampo.

Cuando se revelaron inicialmente las declaraciones de López sobre Bonilla, el presidente salió en su defensa en un evento público. “Es un ministro honesto, no tiene dineros, no es un hombre rico, no hace negocios para los ricos” dijo en Buenaventura el pasado 18 de julio. Pero este jueves, tras la audiencia de imputación, cambió el tono: “No voy a defender a nadie en este proceso, aunque sé que por defender el botín se acusarán inocentes”, escribió en X.

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