La Fiscalía revela sus pruebas en el caso de corrupción más grande del Gobierno de Petro

“Nadie se sienta a negociar para tener una pena de 20 años, ni de 18, ni de 10″, dijo la fiscal general de Colombia ante una veintena de periodistas el pasado lunes. Luz Adriana Camargo se refería a la negociación abierta con Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que ha reconocido su participación en el entramado de corrupción más grande del Gobierno de Gustavo Petro. Cinco meses después de que estallara el escándalo, que consiste en que esa entidad entregó contratos con sobrecostos y buscó desviar recursos, este jueves está citada la imputación de cargos contra López, su subdirector Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López. En esa audiencia se conocerán los primeros resultados en firme de una investigación judicial que es una prueba de fuego para la fiscal Camargo, pues el caso que ha salpicado a funcionarios del primer anillo de confianza del presidente que la ternó para ese cargo.

El impacto político del entramado ha sido tal que el presidente lo ha reconocido. El pasado 20 de julio, en la instalación del Congreso para su tercer año, el presidente pidió perdón al país por haber nombrado a López. “Yo fui el que lo puse ahí”, aceptó. Y dedicó los dos primeros minutos de su discurso, que con el del 7 de agosto es el más simbólico del cronograma usual de un presidente, al caso de corrupción que tuvo su génesis en La Guajira, al extremo norte de Colombia y en la frontera con Venezuela. Esa ubicación geográfica es significativa, pues el presidente prometió priorizar ese departamento en su administración. Incluso, en junio de 2023, trasladó allí a su gabinete para “gobernar con el pueblo”, y prometió llevar agua a toda la región, inaugurar más centros de salud y consolidar una universidad étnica. Un año después, los focos siguen puestos en el empobrecido departamento, pero por el escándalo.

En la diligencia judicial de este jueves, la Fiscalía imputará cargos a Olmedo de Jesús López, el político de izquierdas que Petro designó para liderar la entidad que responde a todas las emergencias del país; a Sneyder Augusto Pinilla, el subdirector de López; y a Luis Eduardo López Rosero, el contratista al que la UNGRD pagó para llevar 40 carrotanques a La Guajira para irrigar las zonas remotas y sin servicios básicos. Fue ese contrato por 46.800 millones de pesos (unos 12 millones de dólares) el que, a finales de febrero de este año, El Tiempo y W Radio revelaron que no estaba siendo ejecutado. Los vehículos que prometían llevar 640.000 litros de agua nunca habían operado, pero la plata sí se había desembolsado.

Esa fue la primera señal del entramado de corrupción que ha salpicado a congresistas, alcaldes, gobernadores y funcionarios del alto Gobierno. López y Pinilla han declarado ante la Fiscalía que no son los únicos responsables de los recursos que se perdieron en la Unidad. En mayo pasado, solicitaron a la Fiscalía negociar un principio de oportunidad, con el que buscan obtener reducciones en la pena a cambio de entregar información valiosa sobre otros implicados en el escándalo. Justamente, la imputación de cargos es parte del tire y afloje que definirá no solo el futuro judicial de ellos dos sino el de otros funcionarios, políticos y contratistas.

Las cartas que se juega la Fiscalía

Este caso es uno de los dos más mediáticos en la Fiscalía relacionados con el presidente Petro. El otro es la investigación contra Nicolás Petro Burgos, promogénito del mandatario, por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña de su padre. Los avances que muestre la entidad en estos dos frentes, además de tener impactos judiciales, podrían definir el clima político de los dos años que quedan de Gobierno y minar -aún más- la credibilidad del presidente.

La fiscal Camargo, que se posesionó en cargo en febrero pasado, ha asumido la vocería de estas dos investigaciones de una forma discreta y reservada. Ante los medios, aseguró que han adelantado 154 actividades de investigación en el caso de corrupción de la UNGRD, como entrevistas a funcionarios y testigos, análisis forenses, recolección de pruebas y análisis de registros financieros. Ahora su reto será probar la veracidad de las acusaciones que han hecho López y Pinilla, o demostrar que los exfuncionarios han mentido para buscar beneficios.

Por eso, la diligencia de este jueves, será un cara a cara entre la versión de los investigados y las hipótesis que logre soportar la Fiscalía. Hasta ahora, las únicas pruebas conocidas son las que reveló Noticias Caracol, con chats y audios aportados por los investigados y que impactaron al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; su asesora María Alejandra Benavides; y a cinco congresistas: Wadith Manzur (representante a la Cámara de Córdoba por el Partido Conservador), Karen Manrique (representante por la curul de paz de Arauca), Julián Peinado (representante de Antioquia por el Partido Liberal), Juan Diego Muñoz (representante el Meta por la Alianza Verde), Liliana Bitar (senadora de Córdoba por el Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (senador liberal de Risaralda).

Para probar que lo que han dicho Olmedo y Sneyder es cierto, la Fiscalía tendrá que demostrar que existió una orden desde el alto Gobierno de direccionar contratos de la UNGRD para desviar miles de millones de pesos a contratistas aliados de esos políticos, con la finalidad de asegurar sus votos en el Congreso para las reformas sociales de Petro, y para la guerrilla del ELN, y así sostener sus negociaciones de paz con el Ejecutivo.

López y Pinilla también han mencionado al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz (a quien el presidente le pidió su renuncia por el escándalo); el secretario de Transparencia de Presidencia, Andrés Idárraga; y el director del Departamento Nacional de Inteligencia (que antes fue director del Departamento Administrativo de Presidencia), Carlos Ramón González.

Aunque, hasta ahora, el país no ha conocido las evidencias que podrían soportar esas afirmaciones, la Fiscalía abrió una indagación preliminar contra Bonilla y González, dos altos funcionarios. Incluso, la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía confiscó seis computadores de funcionarios en la Casa de Nariño para obtener material sobre el caso.

Este diario conoció que, para esclarecer los roles en el escándalo, la Fiscalía dará a conocer este jueves un organigrama con los nombres de los funcionarios y su posible rol en el entramado de corrupción, como punto de partida para determinar las responsabilidades en los contratos irregulares. Pero más allá de eso, mostrará qué tanto cree en las versiones de Pinilla y López, y definirá su futuro más próximo: el tiempo que podrían pasar en la cárcel y el valor de la información que han entregado o señalado que pueden entregar. El adelanto de la fiscal Camargo, con su frase sobre las negociaciones de los principios de oportunidad, parece mostrar que la petición de los investigados de pagar solo cinco años de cárcel, a cambio de colaborar con la justicia, no está del todo descartada.

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