La Contraloría multa a Centros Poblados con 87.027 millones de pesos por el incumplimiento del contrato para llevar internet a zonas rurales

La Contraloría General de la Nación ha emitido este martes un fallo de responsabilidad fiscal por 87.027 millones de pesos contra la Unión Temporal Centros Poblados. La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de esa entidad ha tomado la decisión debido a las irregularidades ocurridas en un contrato para llevar internet gratuito a zonas rurales del país, en 2020, que se convirtió en uno de los grandes escándalos del Gobierno de Iván Duque. El convenio había sido pactado entre la unión temporal, con miembros con nula experiencia en el tema y problemas de corrupción en el pasado, y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUNTIC) del Ministerio de las TIC.

Según ha expuesto la Contraloría, la decisión se ha tomado después de demostrarse que hubo una “gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna” en el contrato que incumplió con la entrega de los equipos para terminar el proyecto Centros Poblados, cuyo objetivo era instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país. La meta inicial era llevar conectividad de internet a varias de las zonas más apartadas de Colombia, algo que no se logró.

En términos específicos, las empresas que integran la unión temporal contra la que falló la Contraloría son las empresas Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Building Constructora S.A.S. También ha fallado contra su representante legal, Luis Fernando Duque Torres. Además, al considerar que hubo omisión en la entrega de los equipos por parte de la empresa proveedora, la entidad también ha declarado responsable fiscal a su representante legal, Juan Carlos Cáceres Bayona.

Todos ellos son señalados de no ejecutar el contrato en los términos que habían sido pactados. De hecho, ante ese incumplimiento, el Gobierno Duque terminó el convenio de manera anticipada, lo que implicaba el retorno de los recursos públicos que se habían abonado. Incluso, la unión temporal presentó al Ministerio una garantía bancaria falsa como condición para el desembolso de 70.000 millones de pesos, que se llevó a cabo a pesar de las advertencias emitidas en la prensa por posibles irregularidades con los contratistas. El pago fue lo que desencadenó el que fuera uno de los mayores escándalos de corrupción durante el cuatrienio de Duque.

Por ese caso, la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen, tuvo que enfrentar una moción de censura en el Congreso en septiembre de 2021 ―que fracasó― y fue objeto de una investigación por parte de la Procuraduría ―archivada en septiembre pasado―. Además, la trama motivó su renuncia ese mismo año. “Hoy me retiro adolorida por las circunstancias que el país conoce pero segura de que actué con honradez y transparencia, con la esperanza de que la justicia castigará a quienes defraudaron a los colombianos”, dijo al presentar su dimisión. Abudinen nunca fue vinculada por la Contraloría en este caso.

La entidad ha declarado responsables fiscales a los miembros del consorcio interventor PE2020 C Digitales, por aprobar unas órdenes de pago sin la verificación adecuada de las condiciones para acceder a los equipos necesarios para la culminación del proyecto. El consorcio estaba integrado por las empresas PMO Solycom S.A.S., Eurocontrol SA Sucursal Colombia y Telemediciones S.A.S, representados legalmente por Paola Izquierdo Rivera.

Por otra parte, la Contraloría eximió de responsabilidad a los funcionarios del MinTIC, miembros del FUNTIC, implicados en la operación. Ellos fueron Adriana Meza, representante legal delegada; Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual del ministerio, y Camilo Alberto Jiménez Santofimio, supervisor del contrato. También fueron desvinculadas las aseguradoras relacionadas en el caso.

El fallo, sin embargo, no significa que la multa vaya a ser pagada, al estar por encima de las capacidades financieras de las empresas implicadas que, no obstante, sí pueden terminar embargadas. Al tratarse de una decisión de primera instancia, puede ser apelada ante la misma Contraloría y, como cualquier dictamen de ese órgano, luego puede ser demandada ante la justicia.