La ‘bancada provida’ avanza en su cruzada legislativa para frenar el aborto en Colombia

A la hora de obstaculizar el acceso al aborto —que es legal en Colombia hasta la semana 24—, los grupos que se oponen a ese derecho utilizan todas las formas de lucha jurídica. Desde que la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en 2022, el tribunal ha recibido 49 solicitudes de nulidad contra el fallo. Ha rechazado 48 porque no cumplían con los requerimientos para ser estudiadas, y la única revisada fue denegada. Además, en las tres legislaturas que cumple el actual Congreso de la República se han radicado 75 proyectos de ley o de reforma constitucional relacionados con el aborto y con otros derechos sexuales y reproductivos. De esos, la mitad son regresivos, de acuerdo con Causa Justa, el movimiento que logró que la Corte legalizara el aborto. La plataforma ha alertado de que muchos proyectos “son impulsados por grupos antiderechos que buscan frenar o dificultar la prestación del servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”. Esta legislatura no ha sido la excepción: la “bancada provida” radicó el mes pasado en la Cámara el proyecto de ley “Escucha su Latido”, que busca obligar a que las mujeres que quieran abortar escuchen el latido del corazón del embrión por medio de una ecografía o un ultrasonido.

El proyecto fue presentado por senadores y representantes de derecha, de bancadas como la del histórico Partido Conservador, el uribista Centro Democrático o la Liga de Gobernantes Anticorrupción (el movimiento del excandidato presidencial Rodolfo Hernández). El articulado dice que el médico que se encamine a hacer un procedimiento “que ponga en riesgo la vida o integridad del ser que está por nacer”, que puede ser un aborto o una cirugía fetal, debe hacer el ultrasonido “y escuchar el latido del corazón si es detectable”. Y que deberá informar a la gestante que se escucha el latido antes de que ella pueda firmar el consentimiento informado del procedimiento que venía buscando. Si no se puede hacer el examen, porque el centro de salud no cuenta con los equipos de ultrasonido u otro motivo, “por la razón que fuera, subsiste la imposibilidad de realizar cualquier procedimiento medico”. Es decir, el proyecto crea un paso adicional y previo al aborto, cuando una de las mayores quejas en el acceso a ese derecho está en las demoras y escollos creados por el sistema de salud. En la exposición de motivos, los congresistas argumentan que se busca “concientizar acerca del valor de la vida de los seres humanos sin importar la etapa de desarrollo biológico en la que se encuentren”.

Ante este frente de batalla legislativo, Causa Justa, que agrupa varias organizaciones feministas y defensoras de la libertad y autonomía reproductiva, ha movilizado a su equipo de abogadas, encargadas de monitorear los proyectos y determinar cómo enfrentarlos. Laura Castro, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, un colectivo feminista y defensor del derecho al aborto con más de 25 años de historia, explica que lo hacen para garantizar “la protección legal y política del fallo”. “Es habitual que en el Congreso haya debates en torno a los derechos sexuales y reproductivos porque son temas que suelen tener réditos electorales. Ha sido una constante que los movimientos antiderechos utilicen alianzas que tienen con congresistas para mover sus agendas políticas”, afirma Castro.

Aura Cuasapud, abogada encargada de la incidencia jurídica y política del movimiento Católicas por el Derecho a Decidir, coincide en que estas iniciativas llevan años en el Congreso, pero señala que ahora se presentan más. La abogada explica que no solo existe una bancada provida desde 2020, sino que, en 2022, con el nuevo Congreso, se creó una comisión accidental en defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa, y que en septiembre pasado el Capitolio vio una convención provida. Son todos espacios para que los congresistas vinculados a ellas tengan una agenda más fuerte y más coordinada. “Ellos saben que estos proyectos no van a ser ley. En la Convención fueron muy enfáticos en decir que su interés era mover lo político e insertar mensajes en los medios, en la transformación sociocultural y en las regiones”, detalla Cuasapud.

En algunos proyectos el mensaje es abiertamente antiaborto; en otros el lenguaje es más cauteloso. Además de “Escucha su Latido”, en 2022 la bancada radicó “Mamá, cuentas conmigo”, que buscaba que las entidades promotoras de salud (EPS) entregaran un kit a las mujeres embarazadas con pañales, zapatos, tejidas, un juguete de peluche y una tarjeta con “mensajes alusivos a los beneficios de la maternidad”; la exposición de motivos señalaba el trasfondo. Los autores, el senador Mauricio Giraldo y el representante Luis Miguel López, dos parlamentarios antioqueños novatos que fueron elegidos con el impulso de movimientos católicos y el aval conservador, insistían en la “pérdida de una vida indefensa”, la “triste decisión de abortar” y las razones económicas y personales que llevaban a las gestantes a buscar una IVE. Reconocían que si bien el kit no era “la solución estructural al problema [del aborto]”, sí podía “ayudar a ver el embarazo desde otra perspectiva”. El proyecto fue aprobado por el Congreso, aunque con un texto que difiere bastante del original, pues el kit solo se entregaría a mujeres en condiciones de vulnerabilidad y pobreza y con el texto de la tarjeta aludiendo no a los beneficios de la maternidad, sino con información sobre la gestación y la lactancia. Al final, el presidente Gustavo Petro objetó el proyecto por inconstitucional, argumentando que al decir “mujeres gestantes” en lugar de “personas gestantes” viola el derecho a la igualdad. El proyecto ha regresado al Senado para debatir si hay ajustes o no.

Las voceras de La Mesa Por La Vida y Católicas por el Derecho a Decidir han identificado otros proyectos, como el que busca garantizar la objeción de conciencia al personal de salud, radicado esta semana; o el que pretendía permitir la adopción desde el vientre, presentado en 2021 y archivado. Además, miembros de la bancada provida presentaron dos proyectos de acto legislativo, que buscaban que la Constitución dijera que existe vida “desde el momento de la concepción”, lo que llevaría a prohibir el aborto. Aunque se hundieron, los presentaron de nuevo en agosto. La coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres explica que se orientan “a que se reconozca un estatus de persona al feto o a interponer barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Esas iniciativas suelen estar inspiradas en lo que se ha hecho en otros países, como parte de un movimiento transnacional. “Escucha su latido”, por ejemplo, se inspira en el Texas Heartbeat Act, un proyecto de los políticos conservadores de ese estado que tras 10 años de debates fue aprobada en 2021, y prohíbe a los médicos inducir un aborto si se ha detectado el latido del corazón del feto, con las excepciones de las emergencias médicas. Esa misma legislación se ha expandido por otros estados de Estados Unidos como Georgia, Alabama o Idaho. La exposición de motivos del proyecto de ley colombiano también menciona experiencias de Hungría e Italia, países donde gobierna la ultraderecha. Y en España, en la comunidad autónoma de Castilla y León el partido ultra Vox amenazó con implantarlo.

En Colombia, la Mesa por La Vida no le ve futuro a la iniciativa. “De entrada, es inconstitucional porque coarta el acceso a los servicios médicos de urgencia, que son esenciales”, asegura Castro, y agrega que el costo sería otro obstáculo. “Es inconveniente porque atenta de manera directa contra la autonomía de las mujeres y no logra sustentar cuál es la necesidad médica para tener esta ecografía obligatoria. Se ve cómo se quiere coaccionar emocionalmente a las mujeres y a las personas LGBT para que tomen una determinada decisión frente a la continuación de ese embarazo”, afirma.

Sin embargo, la Mesa asegura que vendrán otros proyectos similares, más ahora que empieza el periodo preelectoral. Y Católicas por el Derecho a Decidir señala que, más allá del recorrido legislativo de los proyectos, inciden en algunos sectores sociales. “Deslegitiman los alcances legales y normativos del fallo de la Corte. Por eso, nuestro foco de trabajo ahora es que no haya retrocesos en la garantía del derecho y en la despenalización social y cultural del aborto”, asegura Cuasapud.

Castro, coordinadora de la Mesa, afirma que pese a que el aborto está blindado con resoluciones y circulares del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y de la Fiscalía, aún se pueden hacer esfuerzos adicionales para protegerlo. “Es importante que el ministerio actualice los protocolos relacionados con la IVE y que actualice el Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS) para tener cifras confiables de cuántas mujeres abortan por el sistema de salud”, explica Castro. Hoy, pese al fallo, no se sabe cuántas mujeres abortan de forma legal en Colombia ni cuáles son sus características. Si no se cuenta con cifras confiables de acceso al aborto, advierte Causa Justa en un reciente comunicado, no se puede monitorear su implementación, dónde se puede reforzar el servicio y, por tanto, no se puede garantizar su acceso igualitario.