Un bus a Colombia, el ‘plan C’ de las mujeres venezolanas que buscan abortar

Cuando María Fernanda, una mujer venezolana de 27 años, decidió que quería abortar el año pasado, sabía que sus opciones eran limitadas. En su país el aborto es ilegal, excepto en el caso de que la vida de la mujer esté en peligro, y puede ser sancionado con prisión de seis meses a dos años. Una amiga que había abortado antes le recomendó hablar con una red feminista, y así María Fernanda llegó a su casa de Maracaibo con un paquete de píldoras. Era junio de 2023.

Según las recomendaciones de la organización, tenía que tomar una pastilla de mifepristona seguida por cuatro de misoprostol. Son medicamentos usados comúnmente para interrumpir un embarazo no deseado. María Fernanda, quien prefiere no usar su apellido, siguió las indicaciones y esperó. Pero, en lugar de notar algún indicio de que ya no estuviera embarazada, volvieron las náuseas. Cuando una ecografía confirmó que seguía embarazada, se desesperó. Pensó que el único camino que le quedaba era tener el bebé.

Pero la organización le ofreció una última opción, el “plan C”. La red le informó que en Colombia el aborto es legal hasta las 24 semanas de embarazo y que, si cruzaba la frontera, en un centro médica le podrían realizar el procedimiento. María Fernanda no dudó y viajó en los siguientes días.

Desde que la Corte Constitucional colombiana despenalizó el aborto en 2022, los expertos han notado un incremento leve en la demanda de mujeres que residen en Venezuela. Viajan para acceder un aborto en las ciudades fronterizas de Colombia, explica Suzany González, directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (Cedesex) en Venezuela. Entre las ciudades colombianas que más reciben estos casos está la fronteriza Cúcuta, donde el centro médico Oriéntame ha registrado más de 30 casos en lo que va el año, alrededor del 10% de todos los procedimientos de aborto que ha realizado.

González explica que la criminalización y la crisis humanitaria han forzado a las mujeres venezolanas a buscar nuevas rutas para abortar. “El acceso a métodos anticonceptivos es complejo, los servicios a los derechos sexuales y reproductivos son deficientes en el sistema público de salud. Esto expone a las mujeres y niñas a embarazos forzados o no deseados”, dice la experta. “Las mujeres empiezan desesperadamente a buscar otras oportunidades de aborto y eso está ocurriendo en la frontera”.

En Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela, María Fernanda y su familia sobreviven con la pensión de su papá, que no pasa de los seis dólares mensuales al cambio oficial, y los ingresos que generan ella y su hermana menor. A pesar de que María Fernanda gana 260 dólares al mes trabajando para una empresa extranjera, muy por encima del salario mínimo de 3,5 dólares, explica que la mayor parte de su ingreso se va cubriendo las necesidades básicas de la casa. Por la situación económica del país, veía con dificultad criar un niño con su novio, quien se encontraba desempleado. “Si apenas tenemos el dinero para sobrevivir el mes, ¿cómo podríamos hacer si tuviéramos un bebé?”, dice la mujer.

Por eso, optó por el plan C. Reunió 260 dólares con sus amigos y salió con su pareja en un viaje de 12 horas por tierra a Cúcuta. Llegaron un sábado por la mañana. Cuando entró a la sala de espera de Oriéntame, ese mismo día, sintió una mezcla de temor y alivio. Narra que su novio la tomó de la mano y le aseguró que, ya estando en Colombia, todo iba a salir bien. Después del procedimiento, María Fernanda salió del consultorio caminando lento y adolorida, pero segura de su decisión. “Más adelante, no vamos a sufrir por tener un bebé y preguntarnos de dónde vamos a sacar para pagar una leche y unos pañales”, explica.

Según Estefany Jaimes, enfermera de salud sexual y reproductiva en la sede de Oriéntame en Cúcuta, casos como el de María Fernanda se han vuelto más comunes en la clínica. Este año, han recibido una paciente que llega de Venezuela casi cada semana. Los casos varían: han recibido víctimas de abuso sexual a quienes se les ha negado el aborto en Venezuela, o mujeres que usaron píldoras abortivas de dudosa procedencia. Las pastillas se consiguen por las redes sociales o en farmacias clandestinas, pero muchas veces no se sabe con certeza qué medicamento es, pues llegan en bolsas plásticas en lugar de los empaques originales. “En la mayoría de casos no les funciona y llegan acá buscando ayuda”, dice Jaimes.

González, la directora de Cedesex, explica que en Venezuela y en otros países donde el aborto es ilegal, existe un mercado negro de medicamentos para el aborto, que cada vez es más inseguro. A pesar de que algunas organizaciones feministas sirven como un puente entre las pacientes y los vendedores de medicamentos, estas redes son cada vez más perseguidas. “La clandestinidad queda en las manos de los grandes delincuentes, que lo ven como un negocio y no necesariamente como una oportunidad para salvar vidas”, concluye González.

La experta asegura que un tratamiento en Venezuela, incluyendo el costo de pastillas y ecografías, está entre los 200 dólares y los 400 dólares. Por los altos costos, viajar hasta Colombia puede ser una opción más económica y segura. La gran mayoría de las pacientes venezolanas que llegan a Oriéntame provienen de estados fronterizos, pero Jaimes dice que han llegado desde Portuguesa, un estado ubicado a unas 12 a 14 horas de Cúcuta por bus. En esa ciudad, Oriéntame ofrece la posibilidad de un aborto quirúrgico y en algunos casos ofrece bonos para los procedimientos. Pero los pacientes también pueden acceder a una evaluación por telemedicina desde su casa, recoger los medicamentos en Cúcuta y realizarse el aborto en casa. En este último caso, pueden consultar un profesional de Oriéntame durante y después del procedimiento. “En muchas ocasiones me dicen: ‘Que maravilla. ¿Por qué en Venezuela no es así?”, dice Jaimes.

El día después del aborto, María Fernanda despertó en el hotel que eligió para recuperarse del procedimiento. Había llorado esa mañana al pensar en todo lo que había pasado para acceder a un derecho. Pero también se asombraba de lo apoyada que se sintió en Colombia. “Cuando salí de la clínica, no temí que alguien me fuera a decir criminal o pecadora. Acá no me sentí juzgada”.