Petro encara su primera gran derrota por nombrar a diplomáticos sin experiencia

Después de varias semanas de dar largas, el Gobierno de Colombia ha retirado a Álvaro Moisés Ninco Daza de su cargo como embajador en México. No se trata de una decisión libre, sino de la ejecución de una sentencia del Consejo de Estado, tomada el pasado mes de agosto, que declaró nulo su nombramiento por encontrar que no cumplía con la experiencia requerida para ese cargo diplomático. El anuncio, hecho por la Cancillería, coincide con el viaje del presidente Gustavo Petro a la Ciudad de México para la posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta. Desde allí, el mandatario defendió al activista del petrismo, al argumentar que “por ser joven lo destituyen”. Es la primera vez que el Gobierno asume una derrota en su pugna judicial por mantener los nombramientos de personas cercanas al jefe de Estado, que han sido señaladas de no cumplir con los requisitos para sus cargos diplomáticos, y que lleva abierta desde el inicio de su mandato.

Aunque el anuncio de la salida de Ninco se hizo este lunes, el día de la llegada de Petro a la capital mexicana, el decreto firmado por el canciller Luis Gilberto Murillo que certifica su retiro es del 13 de septiembre. El documento deja claro que se trata de la ejecución de un mandato judicial y detalla el proceso jurídico que comenzó desde febrero de 2023, cuando fue nombrado por el entonces canciller, Álvaro Leyva. Esa decisión fue demandada por varias personas, incluyendo a la senadora uribista Paloma Valencia. En noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la dio la razón a la política de derecha y a la abogada Adriana Marcela Sánchez y encontró que el político de 30 años no contaba con el título universitario ni la experiencia pertinente, y que, por lo tanto, debía ser cesado de su cargo.

El Gobierno y el entonces embajador apelaron la decisión ante el Consejo de Estado, que ratificó en agosto que Ninco carecía de la trayectoria requerida para ocupar el cargo de embajador: ni tenía un escalafón oficial diplomático, una de las pocas áreas del funcionariado colombiano con una carrera administrativa estructurada, ni cumplía con los requisitos alternativos de tener el título profesional y la experiencia relacionada. Además, señaló que su designación violaba el derecho a la participación ciudadana, pues el Gobierno no había tenido en cuenta las observaciones presentadas por el sindicato de la Cancillería.

Petro ha reaccionado con disgusto y ha dicho que la decisión de retirar a su aliado político “corresponde a la forma de actuar de las extremas derechas, negar la diferencia, eliminar la diferencia, incluso, eliminándola violentamente”, a pesar de que la decisión final la tuvieron magistrados de una alta corte. “No quieren embajadores jóvenes. Quieren aristócratas”, ha recalcado durante una intervención en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por su parte, Valencia ha celebrado la decisión en las redes sociales: “Agradecemos al Consejo de Estado que defiende el interés nacional”.

La designación de Ninco ha sido polémica desde sus inicios y, además, ha afectado a otros antiguos altos funcionarios del Gobierno de Petro. La Procuraduría suspendió en julio por 10 meses al exministro de Ciencia Arturo Luna y al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública César Augusto Manrique, pues encontró que “erraron al momento de examinar la hoja de vida” de Ninco “al pasar por alto” su corta trayectoria. Ambos tenían la tarea de revisar el currículo ante las dudas sobre su trayectoria profesional y lo avalaron como si tuviera la experiencia exigida.

Cónsules sin carrera diplomática

La designación del embajador en México no es la única envuelta en controversias. En marzo, el Consejo de Estado también tumbó el nombramiento de Andrés Hernández como cónsul en la Ciudad de México, al tampoco contar con la experiencia requerida. Hernández, quien había sido el jefe de la oficina de prensa de Petro cuando era senador, fue retirado del cargo. “Los funcionarios que ponemos los sacan al mes y luego dicen que no hay persecución”, criticó entonces el mandatario. El Gobierno lo reincorporó en agosto al respaldarse en una ley del año 2000 que permite designar a personas sin carrera diplomática cuando no hay personal experimentado disponible para hacerse con el cargo, un argumento que para la oposición no llegó a ser probado del todo.

En un caso similar, que muestra el empeño del Gobierno de mantener a funcionarios que los jueces han encontrado que no suman la experiencia necesaria, la Cancillería también nombró en agosto por segunda vez a María Soledad Garzón, hermana del fallecido humorista Jaime Garzón, como cónsul en Cancún, México. Eso, después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anulara en marzo su primera designación, al encontrar que para ese cargo había al menos una persona de la carrera diplomática y consular, que se debe privilegiar bajo ciertos criterios.

No se trata solo de funcionarios en México. El Consejo de Estado revocó en julio el nombramiento de Germán Gómez como cónsul general en Buenos Aires, la capital argentina. Gómez, secretario de prensa de Petro en la Presidencia entre 2022 y 2023, y antes asesor del embajador ante la FAO, Armando Benedetti, cuando era senador, tampoco es parte de la carrera diplomática. Sin embargo, hasta el momento continúa en el cargo, según la web de la Cancillería. Además, el embajador ante Argentina, Camilo Romero, fue sancionado por la Procuraduría por irregularidades en contratos con una empresa comercializadora de licor que firmó cuando era gobernador del departamento de Nariño entre 2016 y 2019.

En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca avanzan más casos sobre nombramientos diplomáticos del Gobierno. Los jueces anularon en julio la designación de Juan Sebastián Jiménez como consejero de la embajada en Bruselas y estudian otras dos demandas en contra de la designación de la abogada y periodista Luz Helena Fonseca como consejera en la Embajada en Quito.