Dos ‘influencers’ reabren el debate sobre el machismo y el clasismo en el espacio público de Medellín
Unos guardias de seguridad privada echaron a José y María Fernanda Vásquez de Provenza, una zona de bares y discotecas en la capital antioqueña. “No puede ingresar a menos que baje la falda”, justificó uno de ellos. “Aquí nada es barato”, dijo otro
Casi toda la escena de discriminación quedó registrada en un video de seis minutos. Se escucha cómo un guardia de seguridad privada le pide a dos hermanos influencers que se retiren de Provenza, una zona de bares y discotecas de Medellín que Karol G catapultó a la fama en su álbum Mañana será bonito. “Es un código de ética [de vestimenta] de acá, de la Alcaldía. Qué pena”, justifica el vigilante. Mientras, los jóvenes muestran cómo están vestidos: él, con un jean celeste y una camiseta tipo esqueleto (sin mangas) que deja el ombligo al descubierto; ella, con una falda corta y una blusa manga larga. Después, el guardia aclara que el problema es la mujer. “Es ella. Ella sabe que estamos hablando de ella”, afirma. El joven muestra su incredulidad y confronta, pregunta quién da la orden y qué deben hacer. El guardia responde que no puede informar eso y reitera: “No se puede ingresar así a menos que baje la falda o cambie la vestimenta”. Horas después, el video se viraliza.
@josevasqueztv Nos sacaron de PROVENZA por nuestra VESTIMENTA 😭 p1
♬ sonido original - Jose Vasquez 🦄
La escena, acontecida el viernes 20 de septiembre, no es nueva. Varios usuarios de redes sociales han comentado en los últimos días que han vivido situaciones similares con guardias que no solo vigilan los bares y discotecas, sino también la vía pública, en la que no aplica el derecho a reservarse la admisión que tienen los establecimientos privados. La diferencia es que esta vez los abusos quedaron registrados y que los afectados fueron influencers con millones de admiradores. José Vásquez tiene 12,5 millones de seguidores en TikTok y su hermana, María Fernanda, suma otros 14,4 millones. No fue difícil que el video corriera como pólvora en los días posteriores al incidente y reabriera el debate sobre el machismo y el clasismo que atraviesan los espacios públicos de Medellín.
La grabación, además, sorprende por su crudeza. Los guardias no se guardaron ningún prejuicio. Primero fue el machismo: el primer vigilante aclaró varias veces que el problema es la vestimenta de ella y no la de él. Según aseguran los hermanos, incluso dijo que María Fernanda solo podía entrar luego de la medianoche, en referencia al trabajo sexual. Después, otros guardias a los que acudieron los jóvenes cometieron otra discriminación. Tras reconocer que María Fernanda no estaba “tan mal vestida”, uno de ellos optó por comentarios clasistas para justificar la exclusión. “¿Cómo les diría yo? Es gentecita de plata [la que viene a Provenza], y aquí nada es barato”, se escucha en el video. José los deja en evidencia: “¿Qué tiene que ver el dinero? ¿Estás diciendo que por estar vestidos así no tenemos con qué pagar el plato acá?”.
En unos audios difundidos a medios de comunicación, José da más detalles sobre el episodio. Cuenta que es cantante y que esa noche se dirigía con su hermana a un restaurante para el lanzamiento del sencillo Parcerito. “Teníamos todo preparado. Ya me había tocado pagar reserva, habíamos hecho el acuerdo del menú y los platos, ya nuestros amigos nos estaban esperando”, relata. También comenta que ella sugirió irse a cambiar de falda, pero que él descartó esta opción. “No, mi bebé, tú no te tienes por qué cambiar. No te vas a cambiar, mor, porque estamos en la calle”, reconstruye sobre el diálogo entre ellos. Enfatiza, además, que no fue un factor que María Fernanda tenga 17 años: reitera que iban a un restaurante y asegura que ella tiene permisos para conciertos en locales nocturnos.
Repercusiones
El video tocó una fibra sensible en Medellín. La segunda ciudad de Colombia experimenta claras tensiones entre su creciente atractivo para los turistas extranjeros y las medidas denunciadas como excluyentes hacia la población local. A principios de 2023, causó revuelo la decisión del exalcalde Daniel Quintero de rodear la icónica Plaza Botero con vallas de la Policía para controlar quién entraba y quién no. La decisión, criticada como discriminatoria con grupos como trabajadoras sexuales y habitantes de calle, incluso produjo una queja pública del famoso pintor que le da nombre al espacio. Meses después, la Alcaldía cerró el Parque Lleras, uno de los atractivos turísticos del pudiente barrio de El Poblado, a pocas cuadras de la vía Provenza. El nuevo alcalde, Federico Gutiérrez, buscó diferenciarse: reabrió la Plaza Botero en enero de 2024 y el Lleras unos meses después.
Algunas de estas tensiones resurgieron con el video de los hermanos Vásquez. “¿Como así? Si van los blancos, que van de manera más sencilla, no los sacan”, comentó una usuaria en TikTok. “Es que piensan que no tiene dólares. Ya eso se volvió internacional, todo es demasiado costoso por todos lados”, acotó otro. También hubo quienes conjeturaron que la exclusión se debió a cuestiones de orientación sexual o identidad de género o visiones puritanas vinculadas a la religión. Incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en X: “Esto se llama franquismo. ¿De dónde sacan los franquistas colombianos que defienden la libertad?”. Otros usuarios, sin embargo, cuestionaron a los Vásquez por expresar que eran “super artistas” —José justificó que por eso se vestían así— o defendieron el presunto derecho de Provenza a reservarse la admisión.
La Alcaldía se pronunció varios días después. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, desmintió el lunes que los guardias de seguridad privada cumplieran con disposiciones del Distrito. “El espacio es público y no puede estar restringido ni vetado para nadie, a menos que exista una norma vigente que así lo establezca. No es el caso del que estamos hablando”, dijo. El alcalde Gutiérrez, por su parte, comentó el miércoles que lo ocurrido era “un absurdo” que no podía permitirse. “He hablado con dueños de restaurantes, bares y corporaciones para decirles que una cosa es el derecho a la admisión de cada uno de los establecimientos (...) y otra es el espacio público, donde no pueden sacar a alguien por cómo se vista o por cualquier otra razón”, remarcó. “Es increíble que haya personas que se creen las dueñas del espacio público. Si no cumplen [las disposiciones], ya vendrán sanciones claras”, añadió.
La Corporación Provenza, que agrupa a decenas de comerciantes, niega que los guardias prohibieran el ingreso de los hermanos Vásquez al área de bares y discotecas. “Ellos ya estaban adentro. Entraron por toda Provenza y estaban adentro. Hubo un evento desafortunado con la información del vigilante, pero eso ya se habló con ellos y se dejó claro que ese no es el modo de proceder y ya está. No vamos a pronunciarnos más porque no fue la Corporación la que dio esa información, sino el guarda de seguridad”, señala la directora de la agremiación, Juana Cogollo, a través de un audio de WhatsApp. Ante una repregunta, agrega: “El guarda de seguridad se equivocó al decir que era una orden de la Alcaldía, pero a nadie se le negó el ingreso. Simplemente se le dijo a la chica que se baje la falda. Y después el guarda se vio acosado porque lo empezaron a grabar, lo intimidaron, cuando él pidió que no lo grabaran”. Los incidentes, sin embargo, no se detienen: el martes se viralizó el video de dos mujeres que denunciaban un caso similar a los Vásquez.
Área de Revitalización Económica
En el medio han quedado los debates por los límites entre lo público y lo privado en espacios como Provenza. La zona es un Área de Revitalización Económica, una figura que creó el exalcalde Quintero hace dos años para entregar el espacio a la agremiación de comerciantes que dirige Cogollo. Según explica el exconcejal Daniel Duque, experto en procesos urbanos y ambientales, esto no implica que el espacio deje de ser público. “Pagarle a la Alcaldía para usufructuar la calle [con terrazas] no puede derivar en que los comerciantes crean que tienen el derecho a restringir el acceso a un lugar que sigue siendo de todo el mundo”, remarca en una llamada telefónica. Para él, la Alcaldía debe peatonalizar más calles y firmar más acuerdos, pero vigilar mejor que el usufructo “se haga en condiciones que respeten la dignidad humana”.
Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, tiene una visión aún más crítica. Cree que estos acuerdos de coadministración son “una desvirtuación de lo público” y que siempre abrirán la puerta a perpetuar exclusiones, especialmente en una ciudad aún marcada por la violencia. “¿Cómo lo regulas? ¿Cómo te aseguras de que no digan que alguien tiene cara de puta, otro de pobre y otro de indio?”, se pregunta por teléfono. “Es una forma de privatización que tiene efectos tan indeseados como este. Da un mensaje terrible: garantizo a algunos la seguridad con empresas privadas, mientras prohíbo que otros transiten”, añade. En su visión, la Alcaldía solo se pronunció ante la presión por el escándalo, pero no tiene voluntad de enfrentar el problema. “El accionar de ese grupo de seguridad privada no ocurre al margen de las autoridades”, dice el sociólogo.
Ambos expertos coinciden en definir lo acontecido con los hermanos Vásquez como un acto de discriminación. “Hay un alto componente clasista y racista. Si hubiera sido un rubio de 1,8 metros que hablaba inglés, los vigilantes no lo sacan”, comenta Gil. El exconcejal coincide: “Todos los días pasan muchas mujeres en situación de prostitución con un extranjero y nunca les restringen el paso”. Para Duque, además, hay una paradoja en que Medellín busque abrirse al mundo mientras mantiene valores conservadores y excluyentes contra su propia población. “Cada día ves más estadounidenses, alemanes y australianos regados por todas partes. Eso debería ser una cosa valiosa, que debería servirnos por el contacto constante con múltiples culturas. Pero lo que estamos haciendo es restringir ciertos modos de habitar la ciudad”, subraya.
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