El acuerdo con los camioneros ahonda el pronóstico reservado para el Presupuesto General de la Nación en 2025

Quienes han seguido de cerca la historia reciente de la política económica en Colombia sostienen que el Presupuesto General de la Nación que se vota este miércoles en el Congreso será el más definitorio en una década. El pronóstico es reservado. Más aún, si se quiere, después del pacto de la semana pasada entre el Ejecutivo y los camioneros para subir el precio del galón de diésel en 800 pesos este año. Un logro que destrabó la parálisis generada por los bloqueos, pero aún corto para las pretensiones iniciales del Gobierno. Se trata, en últimas, de un obstáculo para el Ministerio de Hacienda, que contempla la aprobación de 523 billones como techo para el gasto público de 2025 en medio de serios problemas de recaudo y desequilibrios fiscales.

Se trata de un alza del 3,9% con respecto al de este año. El documento básico del Ministerio de Hacienda señala que 12 billones estarían sujetos a la aprobación parlamentaria de la ley de financiamiento que presentó el martes. Un asunto que ha suscitado reservas en amplios sectores del Congreso. Dicho proyecto, que en la práctica constituye una nueva reforma tributaria, busca aumentar el recaudo a través de un incremento en la tributación a la renta de los “superricos”, a la vez que la baja a las empresas.

De la votación parlamentaria, que tiene como fecha límite el 15 de septiembre, dependerá buena parte de la gestión para los dos años que le restan a un Gobierno en proceso de sanar la economía y avanzar con sus propuestas de reforma social consignadas en el programa electoral. La tensión entre las dos realidades es evidente: “¿Por qué no quieren bajarle el impuesto de renta a las empresas de Colombia? Parece que el presupuesto, como dice la Constitución y la ley, saldrá por decreto”, publicó el presidente en la mañana del martes en tono desafiante.

Diversos analistas, exministros, analistas y organismos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), encargado de seguir el cumplimiento de los linderos estipulados en el gasto, han abogado por priorizar la austeridad y la estabilidad presupuestaria. Después de los recientes traspiés del Ejecutivo de izquierdas en la confección de las proyecciones para la partida de este año, debido a la supresión de fuentes de financiación, no son pocas las voces que han subrayado la necesidad de atenuar las promesas del Gobierno.

Diversas publicaciones han analizado con lupa el boceto de la propuesta oficial. El último pronunciamiento publicado por el CARF enfatiza en los inconvenientes que supone aumentar de nuevo las expectativas de recaudo para 2025, después de los ajustes de hasta 20 billones que se han tenido que ejecutar este año, y señala que el vacío puede ser mayor a los 12 billones que reconoce el Gobierno. En cuanto a la destinación de los fondos, se conoce que 10 entidades estatales absorben el 80% de los recursos.

El economista Jorge Iván González, director de Planeación Nacional durante la primera mitad del cuatrienio, precisa que el desbarajuste fiscal se deriva de cuatro vectores que pesan desde la pandemia. A saber: 20 billones de pesos que el Estado tendrá que pagar por los créditos de corto plazo que usó para comprar vacunas y otros insumos sanitarios; otros 20 billones del agujero propinado por el subsidio a la gasolina; 4 billones en deudas con las comercializadoras de energía por los alivios decretados a la factura de los consumidores durante la crisis del Covid; y, finalmente, otros 4 billones a las concesiones viales para cubrir la paralización de las carreteras durante el mismo periodo.

González sopesa el “angustioso desbalance” que tendrá que sortear el país el próximo año para atender un plomizo servicio de deuda y la limitada capacidad de inversión. Dos indicadores que dejan como resultado una brecha vertiginosa: “La paradoja de todo esto es que cuando usted suma el presupuesto de la Nación, las regalías y los recursos de ciudades y departamentos hay casi 222 billones de pesos para inversión en 2024. Entonces, claro que hay un problema fiscal enorme, pero aún hay un monto muy importante que se distribuye mal y se gasta peor”.

Por eso las aprehensiones y los temores reflotan a la hora de darle carta blanca al Gobierno para asignar unos recursos cuya canalización está bastante acotada por ley. Tampoco cabe duda de que la severidad de la ralentización económica y la búsqueda de una bitácora de viaje para su reactivación ya reflejan cierto tono de cansancio en el país. El déficit fiscal, según las proyecciones oficiales, cerraría este año en un 5,6% del PIB, que se aleja por cuarto ejercicio consecutivo del 4,3% fijado como límite por Hacienda en 2023.

El director de la Asociación Colombiana de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, señaló el 3 de septiembre en el Senado que hay preocupación de que vuelvan a repetirse los altos niveles de déficit. “El presupuesto no debería superar los 500 billones de pesos porque nuestras cuentas nos dan un faltante muy importante en materia tributaria para el 2025″, dijo. “Ahí quiero resaltar el valor de la prudencia. El Gobierno ha cumplido con la regla fiscal y ha enviado mensajes de tranquilidad. Pero, desafortunadamente, el país está pagando una planificación generosa en el gasto, que luego tiene que corregir con ajustes al presupuesto”, añadió.

Ahora emerge un imprevisto tras el acuerdo de la semana pasada entre el Ejecutivo y los camioneros para aumentar el precio del galón de diésel en 800 pesos (20 centavos de dólar), dividido en dos alzas de 400. La primera, a partir de este mes y la otra en diciembre. Un hachazo al primer borrador del Gobierno, que contaba con un incremento de 1.904 pesos para empezar a coser la brecha con los precios internacionales y aliviar la carga fiscal de ese segmento del subsidio. El plan inicial dejaba un ahorro de 0,7 billones en lo que resta de año para abonar al presupuesto de 2025.

“Se trata de un acuerdo que no ayuda al déficit que tenemos”, explica el economista de la universidad EAFIT de Medellín, Álvaro Hurtado. En su opinión, el panorama es “oscuro”: “La mejor reforma tributaria para el país es acelerar el crecimiento económico. Esa es la forma de mejorar el nivel de ingresos tributarios del Estado”. Hoy, sin embargo, los más optimistas sitúan el PIB de este año en 1,8% (muy por debajo del 2,9% potencial). Para lidiar con los desequilibrios y pensar en un gasto más holgado, concluye Hurtado, se debería ejecutar un plan para fortalecer la inversión y el crecimiento.

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