La Fiscalía revisa las denuncias por chuzadas de 13 magistrados en busca de Pegasus

Las denuncias por posibles interceptaciones, a través del software de Pegasus en Colombia, ya reposan en varios expedientes de la Fiscalía. En su alocución presidencial del pasado miércoles, Gustavo Petro recordó que “diversos magistrados” han hablado de “interferencias en sus comunicaciones”, y ató esas quejas a la posible compra del programa espía por la Dirección de Inteligencia de la Policía en 2021. EL PAÍS confirmó con la Fiscalía que al menos 13 magistrados de las altas cortes han presentado denuncias penales por posibles interceptaciones desde finales de ese año. Son los casos que ha priorizado la entidad para revisar en detalle si encuentra rastros de uso del poderoso software.

La denuncia más sonada se dio en junio pasado, cuando Jorge Enrique Ibáñez, magistrado de la Corte Constitucional, habló públicamente de esa posibilidad. Una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió entonces una indagación penal para verificar esos hechos. Convocó a varios integrantes del alto Gobierno, como el director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, o el director de tecnología de la Presidencia de la República, René Guarín.

Los dos funcionarios, muy cercanos al presidente, han negado que el Gobierno utilice algún dispositivo para chuzar comunicaciones. Desde ese momento, una de las hipótesis del ente investigador es el posible uso de Pegasus, como ha confirmado este jueves a través de un comunicado público. “La Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”.

Sin embargo, esa es solo una de las alertas. Otra es la de Ana Caterina Heyck, magistrada de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el tribunal transicional que nació del Acuerdo de Paz, quien por las mismas fechas de Ibáñez, en junio pasado, advirtió que su correo electrónico tenía irregularidades a la hora de almacenar, enviar y recibir información. Aunque el uso de Pegasus no estaba entre las hipótesis de la Fiscalía, ha priorizado ese caso en sus verificaciones forenses que identifican -o descartan- la presencia del malware.

Heyck asegura a este diario que, además de los problemas en su correo electrónico, su WhatsApp también ha presentado irregularidades en el último mes. “Algunos días se me cambian los nombres de los chats que tengo con otras personas en esa aplicación, de dos remitentes totalmente inconexos”, explicó. Por ello, la Fiscalía tiene abierta otra indagación preliminar. No es la primera vez que Heyck es víctima de interceptaciones ilegales. En 2019 elevó una denuncia similar cuando en el Tribunal de Paz se discutía sobre la extradición de Seuxis Pausias Hernández, conocido como “Jesús Santrich”, un excomandante de la otrora guerrilla de las FARC. “Lo que me ha sucedido con mi teléfono celular da a entender que posiblemente estoy siendo interceptada, como lo he venido notando de tiempo atrás”, se lee en la denuncia que elevó ante la JEP y la Fiscalía.

Sin embargo, el dato sobre el papel de la Dipol está en disputa. Este diario conoció que, a comienzos de año y tras los interrogantes como consecuencia de la publicación de Haaretz, la Policía negó al Ministerio de Defensa, a través de un oficio, haber comprado Pegasus. Una fuente de esa cartera asegura que han revisado documentación interna y no han encontrado rastro de la transacción. Si está en duda la compra, también está quién habría usado el software y contra quién. “No sé a cuánta gente, no sé los objetivos exactos”, aceptó el presidente en su alocución. Tampoco se conoce el lugar en el que podría estar guardado el dispositivo electrónico físico que alberga el software de inteligencia israelí.

No es la primera vez que en Colombia se habla de chuzadas. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, varios magistrados, periodistas, líderes sociales y activistas fueron víctimas de ellas, incluyendo el hoy presidente Gustavo Petro. En 2013, la misma Dirección de Inteligencia de la Policía, enfrentó graves cuestionamientos por haber adquirido un dispositivo de característica similares a la compañía alemana Hacking Team, con alta tecnología de espionaje y que fue hackeado dos años después, robando 400GB de información de todos los países que habían adquirido el software. Aunque nunca se conoció quiénes pudieron ser víctimas de esas interceptaciones, tras el robo de información, el Gobierno admitió haber hecho la compra legal, según ellos, con la finalidad de combatir el crimen organizado en Colombia.

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