Una posible amenaza de atentado contra el Palacio de Justicia de Bogotá mantiene en alerta a Colombia

En la noche de este jueves, 15 de agosto, información de investigadores de la Policía Nacional llegó hasta el despacho del presidente Gustavo Petro. En ella le alertaban de un supuesto plan para atentar contra el Palacio de Justicia de Bogotá, la sede de las altas cortes en Colombia. Los detalles los conoció el mandatario en medio de un Consejo de Seguridad extraordinario al que también asistió el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y que contenía reportes de dos allanamientos que adelantaron las autoridades al sur de Bogotá. En dos viviendas encontraron maletas con explosivos y maquetas del Palacio.

La tensión es alta entre la cúpula del Estado colombiano. Todas las entidades de justicia y el Legislativo se han pronunciado en la mañana de este viernes. Han pedido reforzar la seguridad en los alrededores de la Plaza de Bolívar, el centro histórico de Bogotá, que es rodeada no solo por el Palacio de Justicia sino por el Capitolio, donde sesiona el Congreso de la República, el Palacio de Liévano —desde donde funciona la Alcaldía de Bogotá—, y la Catedral Primada. Dos cuadras más al sur está la Casa de Nariño, el palacio presidencial al que también se extendieron las alertas.

En una rueda de prensa de urgencia, el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho que las Altas Cortes esperan que se adelanten las investigaciones y ha pedido que se refuerce la seguridad para garantizar el trabajo de los magistrados. Por ahora, operarán con normalidad. Detrás de la alarma está un fantasma próximo a cumplir 40 años. En 1985, un comando de la otrora guerrilla del M-19 se tomó el edificio anterior de ese mismo Palacio, con decenas de magistrados adentro. El Gobierno de Belisario Betancur se negó a dialogar, y una retoma militar a sangre y fuego se saldó con 94 muertes, 12 desapariciones, la cúpula judicial desmantelada y un edificio derruido.

Hasta el mediodía del viernes, la Fiscalía General de la Nación ha anunciado que su dirección especializada contra las organizaciones criminales ha abierto una indagación para determinar quién podría estar detrás del supuesto plan de atentar contra el Palacio. En un país que enfrenta fuertes conflictos armados, y en el que varios grupos armados ilegales tienen presencia en las ciudades y capacidad de fuego —desde la guerrilla del ELN hasta el grupo narcotraficante que se denomina Ejército Gaitanista de Colombia, pasando por parte de los grupos disidentes de las extintas FARC— las hipótesis son variadas. El atentado más fuerte de los años recientes consistió en un carrobomba que el ELN hizo detonar en la escuela de oficiales de la Policía en enero de 2019, que dio al traste con el diálogo que tenía entablado con el Ejecutivo de entonces. La negociación actual con esa guerrilla, de hecho, está en crisis.

Minutos después de la declaración del presidente de la Corte, la Presidencia de la República ha emitido un comunicado en el que anuncia el reforzamiento de la seguridad en el Palacio de Justicia. “Entre las acciones emprendidas se incluyen la instalación de sistemas avanzados de vigilancia, la disposición de equipos antiexplosivos, la utilización de drones para monitoreo continuo, y la intervención de unidades especializadas en seguridad”, explica el texto. El documento también confirma que el comandante general de la Policía Nacional, general William Salamanca, evalúa medidas adicionales a partir de la información de inteligencia que llevó a los allanamientos.

Para Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura (el órgano autónomo de administración de la Rama Judicial), la amenaza podría atentar contra “la autonomía de la labor que desempeña la justicia en Colombia”, además de la integridad de los funcionarios judiciales. En un comunicado que leyó a las afueras del Palacio de Justicia, donde también tiene sede ese Consejo, ha dicho que se trata de un asunto de seguridad nacional de máxima importancia.

Por su parte, desde el Congreso de la República también se han emitido alertas y se han expresado preocupaciones. El secretario general del Senado, Gregorio Eljach, ha enviado una carta al jefe de protección del Congreso en la que solicita que adopte medidas urgentes “para prevalecer la seguridad de los congresistas, funcionarios y ciudadanía en general”. En la Plaza de Bolívar, en pleno corazón de Bogotá, ya comienzan a llegar militares y unidades especiales de la Policía a custodiar el Palacio.

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