Cruce de versiones en el Gobierno sobre los 66 soldados del Guaviare: dos ministros lo califican de secuestro; un jefe negociador lo llama retención

Cerca de un centenar de soldados colombianos realizaba un operativo en las inmediaciones de San José del Guaviare, al sur del país, cuando fueron retenidos por hombres que se identificaron como miembros de la guardia campesina. Los hechos se presentaron el viernes 9 de agosto, mientras la atención nacional se concentraba en las medallas obtenidas en los Juegos Olímpicos de París por los pesistas Yeison López y Mari Leivis Sánchez. Más de 60 de ellos siguieron retenidos hasta la tarde de este lunes. Aunque el Ejército ha confirmado su liberación, el episodio reflotó críticas y lecturas encontradas entre altos funcionarios del Gobierno.

La Coordinadora del Suroriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas), un conglomerado de organizaciones indígenas y campesinas del Caquetá, Meta y Guaviare, reivindicó la acción. En un comunicado de prensa, la justificó asegurando que el despliegue de los militares “pone en inminente riesgo la tranquilidad, la paz y armonía” y podría desencadenar enfrentamientos. El Ejército contestó que los soldados acudieron en respuesta a las amenazas a los comerciantes de la región, realizadas en julio por el bloque Jorge Suárez Briceño, un grupo disidente de las extintas FARC que forma parte de la sombrilla conocida como Estado Mayor Central (EMC) y que lleva el nombre del excomandante conocido como ‘Mono Jojoy’.

En la mañana del sábado, 40 de los soldados fueron puestos en libertad, según confirmó el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares. “Ese pelotón, que ya salió del sector, sigue su misión de llegar hasta donde la comunidad quiere que llegue, porque queremos protegerlos y garantizarles su libertad y sus derechos”, afirmó durante un evento en Cartagena.

Iván Velásquez, el ministro de Defensa, se pronunció el domingo a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. El abogado y exmagistrado, uno de los pocos jefes de cartera nombrados tras la posesión de Gustavo Petro que aún se mantiene en su cargo, señaló que “la continuidad del secuestro” de los soldados obliga a replantear el cese al fuego bilateral que actualmente mantiene el Gobierno con la estructura disidente, sugiriendo que son los verdaderos responsables. “La prórroga por tres meses [del cese bilateral], vigente hasta el 15 de octubre, se debe suspender si no existe real compromiso de parte de ese grupo ilegal”.

Sus palabras fueron respaldadas horas después, en la mañana de este lunes, en la misma red social por su compañero de gabinete, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior. “El secuestro de los soldados en San José del Guaviare es una violación al cese bilateral del fuego por parte del bloque Jorge Suárez Briceño. Si no se liberan y se frena la extorsión generalizada de esa estructura armada ilegal a la población de Meta, Caquetá y Guaviare hay que revisar la conveniencia de mantener un cese que no beneficia a los habitantes de la región”.

Sin embargo, no existe un consenso sobre la lectura de la situación. El ingeniero Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno con el EMC, contrarió las publicaciones de los ministros y respaldó la información difundida por la Coscopaas. “La información que tenemos está dada por Naciones Unidas, el alcalde y la Defensoría del Pueblo. Este grupo de campesinos está reclamando que la Fuerza Pública se retire, pero no podemos decir que sea una operación militar de un bloque disidente”, explicó en entrevista con Blu Radio.

Entre ambas versiones está lo dicho por Yeison Rojas, gobernador del Guaviare, que no desvirtúa ninguna posibilidad. “Lo que se está presentando en el departamento es una protesta por parte de los líderes de las comunidades campesinas; muchos de ellos pueden estar orientados por las [disidencias de las] FARC para hacer presión para que la fuerza pública retorne a otros sectores”, aseveró ante Noticias Caracol. Finalmente, el comandante Raúl Vargas comentó minutos antes de la liberación que “una gran cantidad de pobladores” impidió la movilidad de sus subordinados. “Las comunidades deben entender que los grupos armados son organizaciones al margen de la ley que no respetarán sus derechos. Sacar la fuerza pública de los territorios es quedar a merced de los delincuentes que los pueden asesinar en cualquier momento de una manera impune e inmisericorde”, remarcó.

No es la primera vez que ocurre una retención de soldados o policías en manos de grupos campesinos o indígenas. En marzo de 2023, por ejemplo, la guardia indígena retuvo a 16 militares en Toribío, Cauca; y, en hechos sin relación, 79 policías y seis trabajadores de la petrolera Emerald Energy estuvieron retenidos durante más de 24 horas en San Vicente del Caguán, Caquetá. En ese segundo caso, la protagonista también fue Coscopaas, organizadora de un sonado evento en los cercanos llanos del Yarí en abril de 2023, en la que se presentó en sociedad al EMC como la reunión de grupos disidentes que tenían intención de dialogar con el Gobierno.

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