La menstruación en prisión: Colombia garantiza acceso a tampones y toallas higiénicas

En la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, las toallas higiénicas se han convertido en un producto tan valioso como los cigarrillos. Una sola toalla o tampón puede costar hasta 50.000 pesos (12,35 dólares), un precio por el que se consiguen decenas fuera de las rejas. Cada mes, muchas reclusas se ven obligadas a intercambiar comida para conseguir productos que les permitan gestionar su menstruación; otras aprendieron a fabricar tampones artesanales y algunas dependen de lo que les puedan regalar sus familiares al visitarlas. Aunque en 2022 el Congreso aprobó una ley que garantiza el acceso a productos de higiene menstrual en las cárceles, solo en julio el Gobierno firmó su reglamentación, dando así finalmente paso a su aplicación.

El pasado 23 de julio la nueva ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, llegó a El Buen Pastor para materializar la ley 2261 del 19 de julio de 2022. Hasta ese momento, el Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) entregaba apenas 20 toallas sanitarias cada trimestre, seis para cada ciclo menstrual. Marisol Pereira, integrante de Mujeres Libres, la organización que impulsó el proyecto, dice que con el cambio sencillamente se materializan el derecho a la salud y la equidad de género. Se refiere a lo que implica menstruar en la cárcel, algo que conoce por experiencia propia: “Yo llegué a fabricar tampones con los algodones que lograba extraer de las colchonetas donde dormía. Les ponía alguna cuerdita que encontrara y eso usaba para no mancharme”.

En un acto simbólico, funcionarios de los ministerios de Justicia y Salud hicieron entrega de los primeros 800 kits con productos sanitarios a reclusas de Bogotá. La reglamentación, que firmó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, contiene documentación técnica y científica que nunca antes había sido tenida en cuenta en Colombia. Por ejemplo, en su primer capítulo, explica las características del sangrado uterino y sus variaciones. O dedica un apartado para explicar que, en un ciclo menstrual regular, una mujer puede gastar entre tres y cinco toallas higiénicas al día, por lo que suele necesitar al menos 15 cada mes. Y advierte que utilizar menos puede llevar a infecciones graves. “En caso de que esto no suceda podría estar asociado con el síndrome de shock tóxico, una enfermedad rara pero potencialmente mortal”.

La resolución advierte que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), el 93,1 % de las colombianas gestionan su período con toallas sanitarias desechables; el 11,2 % con tampones; y apenas el 2,8 % con copa o disco menstrual. El 1,7 % de las encuestadas -ninguna privada de la libertad- gestiona su menstruación con telas, trapos, ropa vieja, calcetines, papel higiénico, servilletas o, en el peor de los escenarios, sin ningún elemento. En esta categoría, aunque sin ser contadas en la estadística, estarían las más de 6.400 mujeres presas en el país a las que no les alcanzan las toallas que entrega el INPEC.

Claudia Cardona, la directora de Mujeres Libres, reconoce el avance que significa que ahora cada persona menstruante pueda decidir con qué método gestionar su período: usar toallas desechables, de tela o tampones. Sin embargo, hay otros problemas que afectan a las mujeres y el manejo de su menstruación. Uno es la escasez de lavamanos o lavaderos para limpiar la ropa manchada en los días del ciclo. Como explica Jenny Pérez, otra integrante de Mujeres Libres y pospenada, “en la cárcel hay pocetas con llaves de agua que es donde se lavan la losa y los traperos y donde uno se cepilla los dientes”. En esas pocetas, de las que hacen uso entre 100 y 300 mujeres cada día, también se lava la ropa. “Es otro problema, porque si uno lava la ropa manchada con sangre cuando alguna se está cepillando o lavando platos, se agarran del pelo y las tildan de cochinas”.

Y eso cuando se puede lavar. “El tema del agua es muy frustrante porque las cárceles siguen teniendo problemas con el acueducto. En patios con 500 o 600 mujeres, muchas de ellas seguramente con la regla, no hay agua para garantizar su higiene personal”, explica Cardona. Aclara que eso impacta la salud de las mujeres, que con frecuencia deben usar duchas compartidas durante su menstruación. “Muchas se abstenían de bañarse porque era muy incómodo manchar con sangre el espacio”, recuerda Cardona, quien estuvo en prisión y cuenta que bañarse con agua fría en los días del período le incrementaba los cólicos, que son atendidos únicamente con acetaminofén. Sin agua, tampoco podían lavar su ropa interior, pantalones o las sábanas manchadas con sangre. “Cuando había operativos sorpresa de las guardias y veían ropa sucia, nos tildaban de cochinas”.

De hecho, la falta de agua es una de las razones por las que todavía no hay una fórmula para el uso de copas o discos menstruales en las cárceles, pese a ser más económico y ecológico. La otra razón es que el INPEC alega razones de seguridad para prohibir el ingreso de estos elementos, pese a que la Corte Constitucional, en la sentencia T-1069 del 2005, le prohibió hacer requisas vaginales a las reclusas o a las visitantes. Este diario conoció que la discusión de la mesa de concertación entre el Gobierno y las organizaciones para definir la reglamentación de la ley se estancó justo en el uso de las copas menstruales. Sin embargo, el Minjusticia y Mujeres Libres comenzará este año con un programa “piloto” de 10 mujeres que utilizarán copas menstruales, con previa autorización, para evaluar su eficacia en prisión.

Más allá de ese punto, Claudia es testigo del gran avance que trae la ley. A ella le tocaron otras épocas en la cárcel. Hace diez años, cuando pagaba su condena, el INPEC les daba 10 toallas cada trimestre, y por eso aprendió a usar telas, espumas o esponjas entre la ropa interior. Recuerda que las guardias o dragoneantes eran inflexibles cuando alguna mujer tenía una emergencia. “A veces me manchaba estando en el patio o en alguna actividad, y si no llevaba la toalla era un problema porque está prohibido volver a las celdas. Aunque intentaba hablar con las guardias para que me dejaran sacar una toalla, prácticamente tenía que mostrarles que me había llegado el período para que me creyeran”.

En la ley también quedó estipulado que el INPEC debe atender de manera diferencial a las personas que estén en posparto, en lactancia o que tengan enfermedades uterinas como la endometriosis. Para ello, el Ministerio de Salud ordenó que se garantice el acceso a especialistas para que sean diagnosticadas y reciban tratamiento por esas enfermedades a tiempo. El censo en temas de salud será insumo, además, para que una mujer con alguna anomalía en su ciclo pueda solicitar más toallas higiénicas que el resto y pueda acceder a un tratamiento para su condición. De no hacerlo, el mismo Ministerio advierte que se pueden desarrollar otras patologías como la anemia, una enfermedad asociada a las personas menstruantes con ciclos irregulares o abundantes.

Dos años de demoras

El proyecto de ley para garantizar productos de higiene y salud menstrual en las cárceles comenzó a discutirse en el Congreso en 2021, por iniciativa de las excongresistas Adriana Magali Matiz (Partido Conservador) y Juanita Goebertus (Alianza Verde), y que luego apoyaron otros legisladores. El Congreso lo aprobó en 2022 y el entonces presidente Iván Duque lo firmó el 19 de julio de ese año, pero sus ministerios de Justicia y Salud no alcanzaron a emitir la reglamentación. El Gobierno de Gustavo Petro, que inició ese 7 de agosto, inicialmente no priorizó el tema, entre otras cosas por el desconocimiento de algunos funcionarios sobre la ley. Fue solo en 2023 que Claudia Cardona, de Mujeres Libres se sentó con el viceministerio de Política Criminal para despegar el camino.

En la iniciativa, las mujeres que lo lideraron también llevaron al debate la posibilidad de que las privadas de la libertad también tuvieran acceso a campañas educativas y pedagógicas sobre su cuerpo y su salud menstrual. En la resolución que firmó el Minsalud este año estipuló se deben destinar recursos humanos para “informar y educar sobre los derechos sexuales y reproductivos”, y habla de capacitaciones de cuidado menstrual en los centros penitenciarios.

Uno de los puntos que estuvo en discusión por casi seis meses fue, justamente, el rubro presupuestal que requerirá el INPEC para triplicar la entrega de toallas y tampones, además de destinar apoyos logísticos para que las entregas sean mensuales y no trimestrales. La semana pasada, en una alianza entre Mujeres Libres, Fundación Oriéntame y el Minjusticia, comenzaron capacitaciones en prisiones de Bogotá para desmentir mitos sobre la menstruación. Para Claudia Cardona, la aplicación de la ley comienza en su socialización: “Si logramos sensibilizar a las mujeres de que la sangre de su período es limpia y no es sinónimo de suciedad o enfermedad, abonaremos un camino de solidaridad entre ellas mientras el Gobierno cumple con lo que ordena la ley”.

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