Salvatore Mancuso planea una salida a su laberinto jurídico para volver a la libertad

El exjefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso Gómez, se está jugando todas sus cartas para salir de la cárcel La Picota. Allí permanece recluido desde febrero pasado, cuando llegó a Bogotá después de haber pagado una condena de 15 años en Estados Unidos por narcotráfico. Desde entonces, cada dos o tres semanas, un tribunal dice que puede salir en libertad, y otro que no puede. Mancuso entró en un laberinto jurídico del que es muy difícil salir porque está en una posición excepcional: está en dos jurisdicciones. Primero en Justicia y Paz, que nació de la desmovilización de los paramilitares hace dos décadas, y luego en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que nació de la negociación con las FARC en 2016. EL PAÍS conoció que una de las estrategias legales que el equipo de Mancuso está considerando para salir del laberinto judicial, y garantizar su libertad, es renunciar a uno de los dos sistemas transicionales.

Desde febrero pasado, cuando Mancuso volvió a Colombia, reclamó que tenía derecho a la libertad condicional porque había cumplido sus sentencias de Justicia y Paz mientras estaba recluido en la cárcel de Estados Unidos. Podía continuar colaborando con Justicia y Paz en casos abiertos, y ser gestor de paz: en agosto de 2023 el presidente Gustavo Petro firmó la resolución que lo designaba como tal. Todo parecía funcionar a su favor: el 4 de marzo fue emitida su primera boleta de libertad, luego de que una jueza de ejecución de penas de Justicia y Paz lo ordenara. Sin embargo, su salida se enredó apenas una semana después, cuando la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla advirtió que todavía había procesos pendientes que impedían su salida.

Desde entonces han pasado cuatro meses y el máximo responsable de delitos cometidos por las Autodefensas todavía no ha quedado en libertad. Este diario conoció que, desde el 6 de julio, el Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) ha venido consultando a varios tribunales colombianos para confirmar la excarcelación del máximo responsable del capítulo del paramilitarismo en el conflicto armado. Ninguno se ha atrevido a confirmar su salida.

Por eso, Mancuso interpuso este martes, 9 de julio, una denuncia penal contra tres funcionarios del Inpec por los delitos de prevaricato por omisión y prolongación ilícita de la privación de la libertad. La denuncia explica que en la pasada audiencia, ante el Tribunal Superior de Bogotá y llevada a cabo el 5 de julio, la jueza le dio 36 horas al Inpec para que el exjefe paramilitar quedara en libertad. El tiempo se cumplió el domingo, 7 de julio, a las 2 de la mañana. Es por eso que el exjefe paramilitar, desde ese día, argumentó que su detención era ilegal y hasta invocó a la ONU y la Corte Penal Internacional para que intervinieran.

En el documento que allegó a la Fiscalía, Mancuso alegó que han negado su libertad “al tener una cartilla biográfica y hoja de vida con anotaciones que ni siquiera corresponde a medidas de aseguramiento, órdenes de captura o penas”. Según él, no hay ninguna medida en su contra, pero el Inpec, de acuerdo con la denuncia, lo ha controvertido diciéndole que sí tiene medidas de aseguramiento pendientes y que su salida depende de los tiempos de la Corte Constitucional.

Choque de trenes

El 16 de abril, la JEP —el Tribunal de Paz creado después del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016— emitió un fallo que determinaba que no concederían la libertad a Mancuso porque esa decisión era competencia de Justicia y Paz. Desde ese momento, también se planteó el conflicto de competencias entre ambas justicias y a partir de esa fecha, la Corte Constitucional estudia la decisión.

Aunque Mancuso ha interpuesto tutelas, derechos de petición, habeas data y, recientemente, una denuncia penal para salir de las rejas, tanto la JEP como el sistema de Justicia y Paz han determinado que esperarán la decisión de la Corte Constitucional. El pasado 4 de julio, la JEP volvió a pronunciarse por el caso y reafirmó que no es la autoridad competente para ordenar su salida, en tanto no haya una decisión de la alta corte. Sin embargo, en esta justicia le dieron el “paz y salvo” al confirmar que no tiene pendientes con ellos que requieran que permanezca privado de la libertad.

Dos días después de ese pronunciamiento de la JEP, una jueza de ejecución de penas de Justicia y Paz dio vía libre para darle la libertad. EL PAÍS conoció la relatoría de la audiencia en el que se tomó esta decisión y en la que la jueza reiteró que una de las limitaciones a su libertad condicional sería no visitar los departamentos de Córdoba, Antioquia, Cesar, Sucre, La Guajira, Norte de Santander y Magdalena—zonas de Colombia donde fueron muy fuertes los ejércitos paramilitares.

La magistrada Diana Fajardo, de la Corte Constitucional, tiene la última palabra sobre el futuro de Mancuso: ella decidirá cuál de los dos tribunales debe resolver finalmente su situación. Sin embargo, para el politólogo Juan Carlos Villamizar, asesor del equipo jurídico de Mancuso, el asunto es más trascendental. “Acá no nos estamos jugando el futuro del máximo jefe paramilitar, nos estamos jugando el futuro de los dos sistemas de justicia transicional que tiene Colombia”. Según él, la decisión que tome la Corte marcará un precedente para otros jefes paramilitares que están en Justicia y Paz y quieran también ser parte de la JEP (si este último tribunal los acepta).

Villamizar explica que, en cuanto a la decisión de la Corte Constitucional, hay cuatro escenarios posibles: que el expediente completo se quede en el sistema de Justicia y Paz; que la JEP se quede con todos los procesos de Mancuso; que la Corte Constitucional le ordene a Justicia y Paz terminar los expedientes judiciales contra el exparamilitar en determinado tiempo para que después comience su proceso en la JEP; o que determine que ambas justicias son competentes para investigarlo de forma paralela.

Este diario pudo confirmar que, en caso de que el equipo jurídico de Mancuso considere que no existen “garantías jurídicas” con la decisión de la Corte, estarían evaluando la posibilidad de que él renuncie a contribuir a uno de los dos sistemas. Aunque no ha tomado una decisión, y esperarán al fallo de la Corte, lo más viable en ese caso sería renunciar a la JEP: en Justicia y Paz ha sido ya juzgado, mientras que la JEP es el Tribunal de Paz al que llegó recientemente, y voluntariamente, con la finalidad de aportar verdad sobre los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en alianza con paramilitares. Su libertad, sin embargo, ha puesto en juego su compromiso con uno de los dos tribunales.

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