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Petro viaja a Panamá para la posesión de Mulino, que insiste en “cerrar” el Darién

El nuevo presidente panameño se propone repatriar a los migrantes irregulares, un giro con implicaciones regionales

Juan Raúl Mulino
El presidente electo de Panamá, Juan Raúl Mulino, visita la estación migratoria de Lajas Blancas, en la provincia del Darién, fronteriza con Colombia, el 28 de junio de 2024.Aris Martinez (Reuters)
Santiago Torrado

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, será parte de la docena de jefes de Estado que acude este lunes a la toma de posesión de José Raul Mulino en Panamá. La química entre los dos mandatarios vecinos estará en gran medida determinada por la manera de abordar la emergencia humanitaria que representa el flujo masivo de migrantes por la inhóspita selva que separa a los dos países. Mulino, un exministro de varias carteras que ha cultivado una imagen de mano dura durante su dilatada carrera pública, insiste en la idea de “cerrar” el Darién y repatriar a los migrantes irregulares a sus lugares de origen. Un cambio significativo con implicaciones regionales.

El nuevo presidente de Panamá reconoce que cuando habla de cerrar la frontera se refiere a un concepto más “filosófico” que material. Es imposible levantar barreras en esa compleja geografía. Por muchos años existió un muro imaginario de facto, pero ya está perforado. La tupida selva en otros tiempos era considerada inaccesible, el inhóspito Tapón del Darién, pero el incontenible flujo migratorio la ha vuelto porosa. Cerca de 200.000 personas han cruzado solo en lo que va del 2024 con rumbo al norte, principalmente a Estados Unidos.

El paso de personas ha roto todos los registros en los últimos años. Más de 130.000 migrantes, principalmente haitianos y cubanos, cruzaron en 2021. La cifra saltó a 250.000 en 2022, con un incremento de venezolanos y ecuatorianos. Y más de medio millón se aventuró por esas peligrosas rutas el año pasado, la gran mayoría venezolanos. Del lado colombiano, el Clan del Golfo, la mayor banda del narcotráfico, domina el tráfico de migrantes, que le proporciona millonarios recursos. Del panameño, los caminantes también enfrentan todo tipo de vejámenes.

El Darién es el horror en la tierra, un terreno empinado y resbaladizo con ríos caudalosos. Es una crisis humanitaria sin freno, como han documentado diversas organizaciones de derechos humanos. Venezolanos, haitianos, ecuatorianos y colombianos, pero también migrantes de otros continentes como Asia y África, arriesgan sus vidas en esas rutas. Expuestos a abusos por parte de grupos criminales, incluyendo violencia sexual, reciben poca protección o ayuda humanitaria, han advertido varios informes de Human Rights Watch (HRW).

Hasta ahora, por encima de un esfuerzo de acogida o integración, las autoridades panameñas han optado por la política de flujo controlado, que favorece el traslado de los migrantes de su frontera sur –una vez que ya han atravesado la selva– hasta su frontera norte, para que sigan su camino.

La relación entre Panamá y Colombia no es fluida. “De hecho, siempre ha sido bastante tensa, la dinámica casi que de paraíso fiscal de Panamá ha causado mucha preocupación en Colombia en diferentes momentos. A esa difícil relación ahora hay que sumar el tema migratorio”, apunta el analista Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Bogotá. Mulino lo que plantea es bloquear el paso por el Darién, explica, asumir una posición de contención migratoria que le rebota el problema a Colombia. Anticipa un ambiente de tensiones y confrontación entre las dos capitales.

El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, acordó recientemente reactivar el mecanismo tripartito entre Colombia, Estados Unidos y Panamá, después de reunirse con Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Mayorkas justamente lidera la misión de su país en la posesión de Mulino, quien ha dicho que aspira firmar con Washington un acuerdo para la repatriación de los migrantes irregulares que llegan al país centroamericano.

Panamá, que hasta ahora dejaba pasar ese flujo, está entrando en la lógica de otros países del área que se han convertido en actores o instrumentos de la política de contención migratoria de Estados Unidos, apunta Rodríguez. “Un cambio en esa política podría ser muy grave en términos humanitarios, porque podría generar nudos importantes de población migratoria del lado colombiano de la frontera y bloqueos que la administración colombiana no ha dimensionado. Ahí hay que tener una diplomacia muy robusta con Panamá para evitar que eso suceda, de lo contrario la situación migratoria se puede salir de control del lado colombiano”, señala.

“Cerrar el Tapón del Darién es virtualmente imposible. E intentarlo puede ser contraproducente: puede lograr que los migrantes usen vías aún más peligrosas, que el crimen organizado se enriquezca aún más y que Colombia y Panamá tengan aún menos control sobre lo que ocurre en su frontera”, advierte por su parte Juan Pappier, subdirector de HRW para las Américas. “Colombia y Panamá necesitan una estrategia conjunta para proteger a los migrantes que cruzan el Darién, investigar los abusos y el crimen organizado en la zona, y promover vías legales y seguras para que los migrantes no tengan que arriesgar su vida buscando protección o un futuro digno”.

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Sobre la firma

Santiago Torrado
Corresponsal de EL PAÍS en Colombia, donde cubre temas de política, posconflicto y la migración venezolana en la región. Periodista de la Universidad Javeriana y becario del Programa Balboa, ha trabajado con AP y AFP. Ha cubierto eventos y elecciones sobre el terreno en México, Brasil, Venezuela, Ecuador y Haití, así como el Mundial de Fútbol 2014.
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