Un error en el manual tarifario empeora la relación del Gobierno de Petro con los médicos

La reforma a la salud es una obsesión del presidente Gustavo Petro. Entre su ambicioso paquete de iniciativas, que incluyen también una reforma laboral y otra pensional, sus planes de eliminar el modelo de aseguramiento privado que hoy funciona en el país son los que más han recibido su atención y esfuerzo durante los últimos meses. El empeño que le ha dedicado a la iniciativa es, paradójicamente, proporcional al costo que ha tenido sobre su imagen y aprobación. Aunque no ha logrado materializarse en el Congreso, cientos de profesionales de la salud, así como agrupaciones médicas y de pacientes, salieron a las calles para oponerse a la reforma en las manifestaciones del pasado 21 de abril. Es innegable que la relación entre la Casa de Nariño y el sector de la salud no pasa por su mejor momento. Y antes que mejorar, parece empeorar a raíz de una equivocación cometida en la publicación del borrador de un decreto que pretende crear un nuevo manual de tarifas para servicios y procedimientos médicos.

El Ministerio de Salud dio a conocer el documento, de casi 300 páginas, este martes. No se trataba de un texto definitivo, sino de un proyecto para ser socializado. El objetivo, según advirtió Luis Martínez, viceministro de Protección Social, es actualizar algunas cifras del actual tarifario, que en mayo cumple ocho años de definir cuánto reconoce el sistema por esos servicios (no aplica a las consultas particulares ni a las cubiertas por seguros privados). No obstante, la propuesta causó tal nivel de malestar que el Gobierno decidió retirarlo de sus plataformas digitales y admitir que algunos de los valores que se especifican en el documento eran producto de un yerro. “He pedido por escrito que se mire exactamente qué sucedió. Hubo problemas con algunas tablas. Es un error muy grave. No debió haber sucedido. Estamos mirando en detalle qué fue lo que pasó”, afirmó Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, en conversación con Caracol Radio al ser interpelado sobre la eliminación del borrador de decreto.

El boceto del nuevo manual tarifario se compone de cerca de 9.100 procedimientos, de los cuales 6.000 están siendo incorporados por primera vez, y aplicaría “para la atención médica, quirúrgica y hospitalaria de las víctimas de accidente de tránsito, desastres naturales, atentados terroristas y demás eventos catastróficos”, así como “la atención de urgencias de otra naturaleza”. Los valores por cada consulta o cirugía se componen de los honorarios de los profesionales, los insumos, el uso de equipos y otros elementos requeridos para la práctica clínica. Por ejemplo, el documento fijaba que la consulta de primera vez ante un médico general tenía un costo de 32.812 pesos (alrededor de 8 dólares) y ante un especialista ascendía a 53.414 pesos (un poco más de 13 dólares). En los servicios de salud que no estaban cubiertos, opera el mercado.

Pero todos estos detalles se volvieron anecdóticos después de que el Ministerio de Salud optara por borrar el documento. Fue un control de daños elegido tras la oleada de críticas recibidas. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el gremio sombrilla de los médicos, compartió un comunicado en el que asegura que fue excluida de la elaboración del manual tarifario desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia —contrariando lo dicho por el Gobierno en sus canales oficiales, que la incluía entre las agrupaciones que contribuyeron con su redacción— y cuestionando la fijación de algunos precios. “El manual contempla la posibilidad de que médicos generales realicen procedimientos que son competencia de médicos especialistas en regiones apartadas, pero esta situación puede ir en contravía de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1164 de 2007 [norma que establece los requisitos para el ejercicio de las profesiones y ocupaciones del área de la salud] y eventualmente con lo dispuesto en el Código de Ética Médica”, se lee en la misiva.

En tono de reproche también se pronunció la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que cuenta con más de 354 instituciones afiliadas y representa el 29% de las camas en centros médicos del país. La organización aseveró que, luego de conocerse el borrador, alertó al Ministerio que los valores y tarifas hacen “inviable la prestación del servicio”. En un comunicado a la opinión pública explica que, a pesar de haberse reunido previamente con funcionarios del Gobierno y formular “advertencias frente a la metodología y asuntos que debían ajustarse”, la propuesta publicada causó sorpresa entre sus afiliados.

El documento resultó problemático incluso para dos exministros de Petro que tienen visiones diametralmente opuestas sobre el sistema de salud. Carolina Corcho, la antecesora del ministro Jaramillo y principal impulsora de la reforma a la salud, expresó en X su desconcierto. “He leído partes del documento borrador que ha rotado como manual tarifario, tiene evidentes errores y desfases”, aunque recordó que ya el Ministerio lo había eliminado para corregirlo. Quizá su mayor detractor, Alejandro Gaviria, quien lideró la cartera durante la Administración de Juan Manuel Santos e hizo parte del actual Gobierno como ministro de Educación, señaló en la misma plataforma que la propuesta de manual tarifario, en caso de ser aplicada, “llevaría a muchos hospitales a la quiebra con consecuencias nefastas sobre la atención”. La razón por la que el presidente Petro le pidió a Gaviria su renuncia del gabinete ministerial, en febrero de 2023, fueron sus constantes reparos a los planes que pretende implementar en el sistema de salud.

El Ministerio de Salud reconoció que sus errores —sin especificar cuáles— afectaron el cálculo de tarifas de 48 procedimientos. Es decir, solo el 0,52% de los valores del borrador sufrirían variaciones. Sin embargo, el daño de credibilidad parece consumado, más allá de las correcciones que se lleven a cabo. Las consecuencias adversas para el Gobierno podrían ir más allá de su deseo de actualizar las tarifas, especialmente entre un gremio médico que ha mostrado tal desacuerdo que fue uno de los motores de las multitudinarias marchas del pasado domingo. Además, una buena porción de la población se resiste a la reforma. La encuesta periódica de la firma Invamer y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) sobre el sistema de salud, revelada en marzo, muestra que el 70% de los colombianos está satisfecho con el servicio que actualmente recibe. Ningún escenario parece de total victoria para Petro.

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